Estará a cargo de un triunvirato integrado por Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, jueza de Documentos y Locaciones de la IX Nominación del Centro Judicial Capital; María Beatriz Bisdorf, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala VI; y Raúl Ángel Robín Márquez, juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción. Tendrá sede legal en San Miguel de Tucumán.
La ciudad de San Miguel de Tucumán fue testigo de la constitución formal de la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina, una nueva asociación civil de alcance nacional integrada por magistrados, fiscales y defensores oficiales, que se propone actuar como espacio de referencia académica e institucional dentro del sistema judicial argentino.
Según su estatuto, la Red tiene como objetivos centrales promover la reflexión y el estudio sobre el funcionamiento del servicio de justicia, defender la independencia judicial y fomentar la formación continua de sus integrantes. También prevé el desarrollo de actividades académicas, publicaciones especializadas, congresos y la articulación con universidades e instituciones afines, tanto del país como del exterior.
La constitución de la entidad y la elección de sus primeras autoridades se concretaron el 11 de diciembre de 2025, durante una reunión de socios fundadores realizada en la capital tucumana, donde se aprobó la estructura de conducción inicial.
El órgano de conducción estará a cargo de un triunvirato integrado por Alicia Valentina Ruiz de los Llanos, jueza de Documentos y Locaciones de la IX Nominación del Centro Judicial Capital; María Beatriz Bisdorf, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala VI; y Raúl Ángel Robín Márquez, juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Concepción, quien presidirá el cuerpo.
Como secretario fue designado César Gabriel Exler, juez del Trabajo de la X Nominación del Centro Judicial Capital, y como prosecretario Paul Alfredo Hoffer, juez del Tribunal de Impugnación del Centro Judicial Concepción. La tesorería quedó a cargo de Darío Rubén Aquino, juez del Trabajo de la IV Nominación del Centro Judicial Capital, y la protesorería en manos de María Elina Nazar, vocal de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala VI.
En el acta constitutiva, los impulsores señalaron la necesidad de generar ámbitos plurales de intercambio, promover buenas prácticas y contribuir al fortalecimiento institucional del sistema de justicia, con una perspectiva federal y de compromiso con una justicia más accesible.
