El máximo tribunal penal federal frenó una decisión que trasladaba la ejecución de la pena a la Justicia santafesina y ordenó que se unifiquen y controlen las condenas desde Rosario, por tratarse de un caso de narcotráfico de impacto nacional.
La Cámara Federal de Casación Penal volvió a marcar un límite en una causa contra Los Monos, la histórica narcobanda de Rosario. Es que la Sala III, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, hizo lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal y dejó sin efecto la resolución que había derivado al fuero provincial la ejecución de la pena de un integrante de la organización criminal. Con ese fallo, ordenó que la Justicia federal conserve el control integral del caso.
La decisión alcanzó a la situación de Pablo Nicolás Camino, condenado en distintas causas y actualmente detenido bajo el Régimen de Alto Riesgo del Servicio Penitenciario Federal. Según los camaristas, será el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario el encargado de unificar todas las sentencias, conforme al artículo 58 del Código Penal, y de supervisar la ejecución de la pena única.
En los fundamentos, el máximo tribunal penal federal puso el foco en la naturaleza de los delitos investigados y juzgados. Se trata de hechos vinculados al narcotráfico y a estructuras criminales complejas que exceden el ámbito local y comprometen intereses de alcance nacional. Bajo ese criterio, el tribunal consideró que la ejecución de la condena no puede fragmentarse entre distintos fueros sin afectar la coherencia del proceso penal.
Uno de los puntos claves del fallo fue la situación carcelaria del condenado. Al encontrarse alojado en una unidad federal y sometido a un régimen especial por su perfil de riesgo, los jueces entendieron que resultaría improcedente y disfuncional que el control de la pena quedara en manos de la Justicia provincial. Un esquema de ese tipo, advirtieron, implicaría un desdoblamiento incompatible con un abordaje integral de la criminalidad organizada.
Camino cumple actualmente una condena a 40 años de prisión, una pena unificada entre varias causas juzgadas. Entre ellas un doble femicidio, cinco homicidios y balaceras.
