La decisión fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56, que descartó la presentación de la Asociación Civil que preside Diana Cohen Agrest.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 56 rechazó el pedido para intervenir como amicus curiae presentado por la Asociación Civil Usina de Justicia en la causa que investiga la muerte de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984 y hallado décadas después enterrado en una casa del barrio porteño de Coghlan.
El fallo, firmado el 18 de diciembre de 2025, sostiene que la figura del amicus curiae “ha sido únicamente regulada para causas que tramiten ante el Máximo Tribunal” y que no se verificaban en el caso los requisitos previstos por la Acordada Nº 7/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, remarcó que ese instituto “no ha sido concebido por el Código Procesal Penal de la Nación” y que la causa no encuadra en los supuestos de representación de intereses colectivos previstos para delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.
En ese marco, el juzgado resolvió no hacer lugar al pedido formulado por la presidenta de la asociación, Diana Cohen Agrest, y rechazó en consecuencia todos los planteos incluidos en la presentación.
La decisión se dictó mientras la investigación judicial se encuentra reabierta, luego de que se declarara la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf, imputado por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento. A partir de ese pronunciamiento, la Sala IV de la Cámara Federal consideró que recién entonces “podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido”, con el objetivo de asignar responsabilidades penales a quienes hayan intervenido directa o indirectamente en los hechos.
Los camaristas también señalaron “la evidente necesidad de una investigación” orientada a conocer la verdad, proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la determinación de la calificación legal del caso, aun cuando esta pueda modificarse en el transcurso del proceso y tenga impacto en distintos institutos procesales.
El caso
Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día había regresado del colegio, almorzado con su madre y pedido dinero para viajar en colectivo. Su desaparición dio inicio a una causa que permaneció rodeada de interrogantes durante décadas.
Más de 41 años después, sus restos óseos y pertenencias personales fueron hallados enterrados en el patio de un chalet que había sido alquilado por Gustavo Cerati entre 2001 y 2003, un descubrimiento que reactivó la investigación y volvió a poner el caso bajo la lupa judicial.
