Con obras a medio terminar, vacantes críticas y causas que comprometen al poder político de las últimas décadas, Comodoro Py ingresa al 2026 bajo máxima tensión. La puesta en marcha del sistema acusatorio y el avance de expedientes como Cuadernos, Vialidad, ANDIS y el juicio AMIA en ausencia definirán un año que vuelve a colocar al fuero federal en el centro del escenario institucional argentino.
Comodoro Py llegará al 2026 en un punto de inflexión. Mientras avanza -entre demoras- el varias veces anunciado sistema acusatorio marcado por refacciones edilicias y fricciones internas, el fuero federal enfrentará un calendario cargado de causas emblemáticas que volverán a ponerlo en el centro de la escena política y judicial argentina. Si no surge un nuevo retraso, abril del próximo año marcará el inicio operativo del nuevo modelo de enjuiciamiento penal en los tribunales federales porteños, con oralidad plena y fiscales a cargo de la investigación.
Pero mientras tanto, hay en marcha -o con inicio esperado o ya previsto- juicios orales históricos como el caso Cuadernos y tras la feria judicial de enero se avanzará en definiciones en temas de relevancia política e institucional, como el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA y denuncias por corrupción.
Crisis por vacantes, un edificio en obra y un reloj institucional que corre
A noviembre de 2025, el estado del edificio exhibía avances, pero también señales de alarma de cara al sistema acusatorio. Según el informe elevado en la última reunión de superintendencia de la Cámara Federal de Casación, hacia finales de noviembre se había concretado el 50 por ciento de la renovación eléctrica exterior.
También se remodeló el Salón Auditorium, la sala de audiencias que se puso a nueva a principios del 2000 para el histórico primer juicio por el atentado a la AMIA, en épocas en las cuales nadie podía imaginar la llevada de la virtualidad a la escena judicial. Esta sala con capacidad para casi 200 personas y bandeja superior para público y prensa será clave en 2026: se la imagina como la sede de juicios complejos -Cuadernos por ejemplo- de larga duración y necesidad de inmediatez, algo que el sistema telemático y las sesiones de Zoom ponen en riesgo, según coinciden muchos funcionarios judiciales que no ven con buenos ojos esta nueva costumbre posterior a la pandemia del 2020 de juzgar a distancia debates orales enteros.
“Hay que volver a la presencialidad”, repiten y este es uno de los objetivos para 2026, encontrar un sano equilibrio entre las ventajas tecnológicas y el cara a cara entre acusados y jueces, la visión total de la escena que sólo da la presencialidad.
La mira también estará puesta en la crisis de las vacantes en tribunales: se abrieron concursos para dos fiscalías del fuero federal porteño vacías desde hace años. En la Cámara Federal porteña, tribunal intermedio de apelaciones que define el futuro de muchas causas penales, uno de sus históricos integrantes, el juez Martín Irurzun, cumple 75 años a mediados de 2026 y la expectativa es si el Senado le dará el aval para continuar en el cargo o se generará una nueva vacante. El magistrado que integra la Sala segunda ya inició los trámites formales para permanecer en su cargo.
El fuero penal económico -primo hermano del federal- y con quien comparte algunas instalaciones y subrogancias entre jueces también sigue con crisis de vacantes. Esta incluído en el anuncio del sistema acusatorio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico tiene en este momento cuatro vacantes.
Lo que se viene
Pero hasta que se concrete la tres veces anunciada puesta en marcha del acusatorio -esta vez para abril de 2026- en los tribunales la agenda estará marcada por juicios de relevancia social y política y causas judiciales en plena investigación que alcanzarán definiciones en los primeros meses del año próximo. Se trata de muchos de los expedientes más sensibles de las últimas décadas.
El 2025 se va con Cristina Kirchner detenida bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la causa Vialidad: cumple pena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Con la ex Presidenta y Lázaro Báez como principales condenados, la causa avanza en el largo y complejo camino de ejecución del decomiso de bienes, inédito en el país por su magnitud. Un proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2 y los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola.
En una primera etapa los jueces ya ordenaron decomisar bienes de la familia Kirchner, incluso los cedidos en herencia anticipada a Máximo y Florencia -no condenados en el caso- pero se abre un largo camino de apelaciones y recursos de manera previa a que esto se vea concretado.
En cuanto a la investigación por el direccionamiento de la obra pública nacional a favor de empresas de Lázaro Báez, la causa Vialidad que llevó a prisión a la ex Presidenta se anticipa que habrá una segunda tanda de acusados sometidos a proceso: son 14 ex funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial tienen acusaciones confirmadas por supuesta administración fraudulenta agravada. No controlaron nada de lo que pasaba en su provincia en esa época y permitieron direccionar recursos públicos hacia esas firmas, según la acusación.
De manera paralela, seguirán las audiencias del caso Cuadernos con Cristina Kirchner como acusada principal en el rol de supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho: febrero se descuenta llegará en plena etapa de declaraciones indagatorias de los 86 acusados. Y como ya anunció el Tribunal, serán en formato mixto.
También se esperan definiciones en los dos futuros juicios orales a la ex Presidenta que se prepararon durante 2025 y a los que resta fijar fecha de inicio: Memorándum con Irán y Los Sauces-Hotesur.
El caso de los alquileres de hoteles y propiedades de la familia Kirchner vuelve al centro de la escena. Aunque hubo un sobreseimiento en 2021, Casación lo revocó en 2023 y la Corte Suprema dejó firme la orden de realizar el juicio oral. En 2025 se retomaron peritajes económicos y contables clave.
El debate oral si se concreta durante 2026 será uno de los puntos de mayor exposición pública del año, porque además de Cristina Kirchner estará sentado por primera vez en el banquillo su hijo Máximo. Florencia Kirchner fue sobreseída.
El mismo tribunal del caso Cuadernos anunció que para inicios de 2026 tiene previsto sentar al banquillo a Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Se trata de un juicio que se hará todos los viernes por las maniobras multimillonarias de lavado de dinero que Muñoz, en vida, realizó con dinero que se presume era parte de los cobros ilegales que recibía a nombre de su jefe.
La mujer está confesa y es arrepentida, pero igual será juzgada por integrar la estructura que habría movido al exterior más de US$70 millones vinculados a operaciones de lavado provenientes de retornos de la obra pública.
El expediente, derivado de sucesivas investigaciones sobre bienes no declarados, incluye maniobras de compra de propiedades en el exterior, sociedades pantalla y testaferros. El debate oral coexistirá con el del caso Cuadernos y será clave para cerrar el capítulo Muñoz, una pieza central dentro del entramado de corrupción kirchnerista.
Y el 2026 encontrará en marcha al menos dos juicios derivados de los hechos de corrupción en la megacausa Odebrecht, separados en varios tramos diferentes.
Lo que sigue
Varias causas sensibles para el sistema político y judicial avanzarán con definiciones clave. El expediente por el escándalo de los seguros, que ya tiene al ex presidente Alberto Fernández procesado por negociaciones incompatibles, transitará etapas decisivas: su defensa insiste en que “no hubo perjuicio al Estado”, mientras la fiscalía sostiene que existió “un esquema sistemático de direccionamiento de contratos”.
Alberto Fernández también enfrentará definiciones en la causa por violencia de género contra la ex Primera Dama Fabiola Yáñez, en la que está procesado.
Con procesamientos confirmados en la Cámara Federal porteña, el caso iniciará el camino al juicio oral.
El caso ANDIS vinculado a supuestos pedidos de sobornos a droguerías y direccionamiento en la compra de medicamentos para discapacidad ingresó a fines de 2025 en etapa de declaraciones indagatorias con el ex titular del organismo en el gobierno de Javier Milei, Diego Spagnuolo, como acusado. Tras la feria judicial de enero con seguridad habrá una etapa de definiciones judiciales.
También se esperan definiciones en la investigación al ex candidato a diputado por La Libertad Avanza José Luis Espert a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por el financiamiento de su campaña electoral a la Presidencia para 2017 y los vínculos con el acusado por lavado de dinero del narcotráfico Fred Machado, ya extraditado a Estados Unidos.
En paralelo, el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA a los imputados iraníes y libaneses entrará en etapa de instrucción en el fuero federal porteño si la Cámara Federal de Casación lo avala.
La decisión de implementarlo tomada por el juez federal Daniel Rafecas a pedido de la fiscalía y querella fue apelada por la defensa oficial de los acusados en ausencia y el tema llegó al máximo tribunal penal federal del país.
También podrá ser enviada a sorteo de Tribunal Oral la investigación por supuesta incitación a la discriminación en la que está procesada la ex legisladora nacional Vanina Biasi, dirigente del Partido Obrero por la publicación de posteos en la red social X en alusión a la comunidad judía.
La nutrida agenda agregará nuevas causas y denuncias que se abran en los próximos meses y se enfrentarán al desafío de coexistir desde abril con las demandas de oralidad e inmediatez del nuevo sistema acusatorio, si es que esta vez llega a implementarse.
