El gremio judicial reclamó postergar la entrada en vigencia del sistema acusatorio y advirtió que las jurisdicciones no están en condiciones operativas para afrontar el cambio previsto para 2026.
A pocos meses de la fecha prevista para su implementación, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en dos jurisdicciones clave volvió a despertar polémica. Es que la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) pidió formalmente la suspensión de su puesta en marcha en las Cámaras Federales de Posadas y La Plata, al entender que no existen las condiciones mínimas para el funcionamiento del sistema.
El planteo fue elevado al Ministerio de Justicia mediante una nota fechada el 26 de diciembre en la que el gremio advierte sobre “serias carencias” en ambas jurisdicciones. Según señalan, esas deficiencias obligan a postergar la entrada en vigencia del nuevo esquema procesal, tal como ya había ocurrido en oportunidades anteriores con la implementación del Código Procesal Penal Federal en la Justicia Federal porteña.
Desde la organización sindical que conduce Julio Piumato aclararon que la objeción no apunta al modelo en sí, sino a las condiciones materiales en las que se pretende aplicarlo. “El sistema no es un problema en sí mismo. Sí lo es la falta de recursos humanos, tecnológicos y edilicios para su entrada en vigencia en esas jurisdicciones”, plantea el escrito.
De acuerdo con el cronograma oficial establecido por la Resolución 530/2025 del Ministerio de Justicia, el nuevo Código debería comenzar a regir el 16 de marzo de 2026 en Posadas y el 18 de mayo del mismo año en La Plata. Sin embargo, la UEJN alertó que esos plazos no contemplan las limitaciones actuales de los edificios judiciales ni la capacidad operativa de los equipos de trabajo.
En ese sentido, el gremio enumeró la escasez de recursos materiales y humanos para afrontar “el caudal y la complejidad de la tarea”, además de la “deficiente conectividad en los edificios judiciales” y el “escaso personal técnico destinado a peritajes y análisis de información”. Frente a ese escenario, reclamaron una verdadera “dotación de personal, recursos e infraestructura” y cuestionaron la “improvisación que impacta directamente en las condiciones laborales” de los trabajadores judiciales.
