Las publicaciones antisemitas atribuidas a un profesional de la salud derivaron en una denuncia penal ante Comodoro Py y en su apartamiento preventivo del hospital. La causa reaviva el debate judicial sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad ética de los funcionarios públicos.
La justicia federal y las autoridades sanitarias bonaerenses avanzan en una causa de gran repercusión pública y judicial tras la difusión de publicaciones con contenido de extrema violencia y discriminación religiosa atribuibles a un médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata. El profesional fue suspendido preventivamente de sus funciones y su accionar ya está bajo investigación penal y administrativa.
La causa judicial fue iniciada tras una denuncia penal presentada por el abogado Jorge Monastersky ante el Juzgado Federal Nº 6 de Comodoro Py, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En la presentación, Monastersky solicitó que se investigue al médico no sólo por posibles delitos relacionados con discriminación y apología del crimen, sino también que se evalúe su inhabilitación profesional inmediata por el “peligro” que representan sus conductas para pacientes y la comunidad en general.
De publicaciones en redes a un expediente federal
El caso tomó estado público después de que el analista internacional Daniel Lerer -en un video y publicaciones en la red social X- difundiera capturas de los mensajes atribuidos al doctor, que luego fueron eliminados de la plataforma. Según la denuncia y las capturas aportadas al expediente, uno de los posteos más cuestionados sugería actos de violencia extrema contra personas de la comunidad judía, lo que fue interpretado por los querellantes como una incitación explícita al homicidio motivada por antisemitismo.
La difusión de estas publicaciones por parte de Lerer fue clave para que la causa trascendiera y llegara a la Justicia federal, al punto de que esas capturas ahora forman parte de las principales pruebas documentales que la fiscalía y el Juzgado deberán verificar -incluyendo autenticidad, autoría y vínculo con el profesional denunciado- en una etapa preliminar del proceso.
Suspensión preventiva y proceso administrativo
En paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión preventiva del médico residente de sus funciones en el hospital. El ministro Nicolás Kreplak confirmó que el profesional fue separado del servicio y que se inició un proceso de investigación interna, que contempla la intervención de un comité ético, técnico y profesional que evaluará si corresponde o no que pueda retomar su formación médica.
Kreplak enfatizó que la práctica médica y el respeto por la vida humana son valores esenciales y que “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria”, palabras que reflejan el posicionamiento oficial ante hechos de discriminación y discursos de odio.
Marco jurídico y posible imputación
Desde el ámbito judicial, fuentes vinculadas al expediente explican que para avanzar con una investigación formal será necesario:
- Determinar la autoría concreta de las publicaciones y su vinculación indubitable con el médico denunciado.
- Evaluar si las expresiones pueden encuadrarse en delitos como instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y discriminación religiosa -tipos penales previstos en el Código Penal y en la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
- Analizar si la conducta denunciada configura un delito de peligro concreto o si debe orientarse a una figura más leve o incluso archivarse.
En casos de discurso de odio, la Jurisprudencia argentina ha subrayado que la libertad de expresión tiene límites claros cuando se ve afectada la dignidad humana o se incita a la violencia contra colectivos protegidos por la ley. Estos precedentes serán probablemente parte del debate jurídico en torno a la causa.
Repercusiones sociales y judiciales
El caso generó un amplio rechazo social, especialmente desde organizaciones de defensa de derechos humanos y representantes de la comunidad judía, que han solicitado una respuesta firme de la justicia y de las autoridades sanitarias. Para muchos, la combinación de expresiones de odio y el rol profesional del acusado como médico agrava el impacto simbólico y ético del hecho.
La investigación penal y la evaluación interna en el hospital continúan, mientras la causa -que ya se encuentra formalmente radicada- avanza hacia una instancia en la que se deberán fijar medidas probatorias más profundas, como peritajes digitales y citaciones a testigos o especialistas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos.
