La jubilación de Stella Maris Martínez abre una transición en el Ministerio Público de la Defensa, que quedará bajo una conducción interina en medio de una crisis de acefalías institucionales.
El próximo 2 de febrero de 2026 quedará oficialmente acéfala la titularidad de la Defensoría General de la Nación: la actual Defensora General, Stella Maris Martínez, dejará el cargo al cumplir 75 años, la edad límite de permanencia establecida por la normativa, y el Gobierno nacional decidió no enviar al Senado los pliegos para su renovación.
Martínez había manifestado oficialmente su deseo de continuar como Defensora General. Es más, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “firme respaldo” a la continuidad y pidió en noviembre al Gobierno, en una nota al secretario de Justicia Sebastián Amerio, que solicite al Senado el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años. “Su trayectoria refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público”, sostuvieron.
Durante su gestión, la Defensora enfrentó pocos cuestionamientos públicos. Quizás el más resonante fueron las críticas formuladas por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En ese contexto, Martínez recibió el respaldo institucional del Ministerio Público de la Defensa y de distintos sectores del ámbito jurídico, que defendieron su actuación y remarcaron la autonomía del organismo y la vigencia del derecho de defensa como pilar del sistema judicial.
Ante ese escenario, la conducción del organismo autónomo encargado de garantizar la defensa pública en el país pasará a manos del defensor Público Oficial ante la Corte Suprema de Justicia, Dr. Julián Horacio Langevin, quien actuará como la máxima autoridad interina de la Defensoría General a partir de la vacancia.
Langevin, de 64 años, ocupa actualmente uno de los puestos más relevantes dentro del Ministerio Público de la Defensa, como representante ante el máximo tribunal del país. En su trayectoria profesional se destaca su recorrido en la carrera de defensa pública y su participación activa en causas de trascendencia institucional, como audiencias públicas convocadas en el marco de litigios de alto impacto.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en un contexto de crisis por la alta cantidad de vacantes en el Poder Judicial, que afecta tanto a jueces como a fiscales y defensores. La Defensoría General, órgano constitucionalmente autónomo encargado de garantizar la asistencia legal y defensa técnica de personas en situación de vulnerabilidad, queda así bajo el liderazgo transitorio de Langevin, mientras el Gobierno evalúa el envío de nuevos pliegos para su cobertura definitiva.
Cabe mencionar que no será el único organismo sin un responsable oficial. Tanto la Procuración General como la Defensoría del Pueblo carecen de una conducción ratificada por el Senado. Lo mismo ocurre con la Corte Suprema de Justicia, que funciona con tres de sus cinco miembros dada la falta de consenso legislativo para ocupar las vacantes.
Quién es Julián Langevin
Julián Horacio Langevin se desempeña como Defensor Público Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo desde el que representa a personas sin recursos económicos ante el máximo tribunal. Con amplia trayectoria en la defensa pública federal, Langevin también ha sido Defensor General Adjunto y ha tomado juramento a otros funcionarios dentro del organismo.
Su rol en la Defensoría General Adjunta lo convierte en el funcionario natural para asumir la conducción transitoria de la institución, conforme a la línea de sucesión interna.
