A más de una década de la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA, el caso Nisman continúa abierto, atravesado por disputas judiciales, responsabilidades pendientes y una demanda social que no se extingue.
Este 18 de enero se cumplen once años de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, un hecho que conmocionó a la sociedad argentina, reconfiguró disputas políticas y dejó una profunda herida en la memoria colectiva. Más de una década después, la búsqueda de verdad y justicia sigue abierta, entre avances judiciales, debates públicos y nuevas acciones de reclamo por parte de organizaciones sociales y de memoria.
Un caso que marcó una era
Nisman -titular de la Unidad Fiscal AMIA- fue encontrado sin vida en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, en la noche del 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para informar sobre su denuncia de encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA de 1994.
Desde entonces, la causa ha transitado por múltiples hipótesis: inicialmente se evaluó la posibilidad de un suicidio, mientras que peritajes posteriores -incluidos informes de Gendarmería y de la Cámara Federal porteña- sostienen la hipótesis de homicidio, aún sin responsable material o intelectual plenamente identificado y sometido a juicio.
La investigación judicial: entre idas y vueltas
La causa que investiga su muerte, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y bajo competencia del fuero federal, continúa abierta. En años recientes, declaraciones, peritajes e imputaciones por alteración de la escena del crimen han marcado el avance del expediente, aunque no se ha arribado a un juicio oral definitivo sobre las responsabilidades centrales.
En octubre de 2017, la Cámara Federal porteña dictaminó que la evidencia apuntaba a un asesinato y no a un suicidio, aunque la causa aún debate la compleja trama de hechos, agentes e intereses detrás de ese veredicto jurídico.
Ahora bien, en diciembre se conoció un desarrollo clave: la ex fiscal que intervino en el operativo de la escena del hallazgo, Viviana Fein, solicitó postergar su declaración indagatoria -previamente fijada para el 15 de diciembre- ante el juez federal Julián Ercolini. La audiencia fue reprogramada para mediados de febrero de 2026, tras un pedido de la defensa para poder acceder a la totalidad del expediente y estudiar las evidencias antes de responder.
Fein, quien ya está jubilada, había sido citada por el fiscal Taiano en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la preservación de la escena del crimen. La acusación detallada en el dictamen sostiene que su actuación en las primeras horas del procedimiento -desde la tardanza en llegar al departamento de Le Parc hasta la deficiente delimitación del lugar y la falta de control sobre quiénes ingresaron- favoreció la pérdida, alteración o contaminación de pruebas clave que podrían haber clarificado aspectos fundamentales de lo ocurrido aquella madrugada.
Este tramo del proceso -la imputación a Fein y la reprogramación de su indagatoria para 2026- representa uno de los últimos hitos procesales de la extensa causa que sigue abierta sobre la muerte del fiscal que investigaba el atentado a la AMIA. Refuerza, además, el enfoque de la Justicia en depurar responsabilidades sobre cómo se investigó y preservó la escena original, más allá de las hipótesis sobre quién ordenó o ejecutó el disparo fatal.
Relevancia pública y actos de memoria
Lejos de quedar en el silencio, el caso sigue siendo motor de reclamos sociales y debates políticos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones y figuras públicas convocan cada aniversario a actividades en recuerdo de Nisman y en reclamo de justicia, como la charla “Con Justicia, con Verdad, la impunidad no prescribe”, que este año reúne expositores como Waldo Wolff, Daniel Santoro y Cecilia Goyeneche.
Simultáneamente, sectores de la comunidad judía en Argentina y en el extranjero han renovado llamados para que el esclarecimiento de la causa avance con mayor determinación, visibilizando la dimensión ética y política que el caso mantiene en la agenda pública.
El legado de una investigación emblemática
Más allá de la figura de Nisman como fiscal, su muerte puso en el centro del diálogo público cuestiones sobre la independencia judicial, la transparencia de los servicios de inteligencia y el rol del Estado frente a actos de terror como el atentado de la AMIA de 1994. El caso, con todos sus matices e interpretaciones, se convirtió en un símbolo de los desafíos de la justicia argentina para reconstruir hechos complejos en contextos de alta conflictividad política e institucional.
Once años después, la causa sigue siendo un enigma judicial y una exigencia cívica: las preguntas sobre quién ordenó y ejecutó la muerte de Nisman, y por qué, permanecen abiertas, como un desafío al sistema de justicia y a la memoria democrática.
