El Gobierno porteño detalló cómo funciona el circuito de desalojos, desde la intimación y la orden judicial hasta las inspecciones por riesgo edilicio. El rol clave de las denuncias vecinales para avanzar en la recuperación de inmuebles.
Denuncias por violencia de género, presunta venta de drogas y ruidos constantes terminaron por activar el desalojo de una propiedad de la calle Solís al 800, en el barrio de Constitución, ocupada de manera irregular por unas 25 personas. El operativo -realizado en diciembre pasado- forma parte de una política que permitió a la Ciudad de Buenos Aires recuperar hasta el momento 565 inmuebles usurpados.
Según explicaron desde el Gobierno porteño, el proceso de desalojo judicial puede iniciarse por distintas causas, entre ellas el vencimiento de contratos de alquiler, el incumplimiento de normas o situaciones de usurpación. En todos los casos, el primer paso es una carta de intimación mediante la cual el propietario exige al ocupante la restitución del inmueble. Si esa intimación no es cumplida, se abre la vía judicial.
De acuerdo a los voceros consultados por Quorum, la instancia judicial culmina con una orden del magistrado que habilita el desalojo del inmueble con auxilio de la fuerza pública. En la Ciudad, este tipo de procesos presenta una particularidad institucional: al no contar con autonomía en el fuero civil, los desalojos que no tienen una denuncia penal asociada son trabajados en su mayoría en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, lo que implica una coordinación específica para la asignación de recursos.
En paralelo al circuito judicial, la administración porteña realiza inspecciones en propiedades usurpadas que presentan riesgos estructurales derivados del deterioro edilicio. En esos casos, y mediante la intervención del órgano de gobierno competente, como la Guardia de Auxilio, se dispone la clausura y evacuación de los inmuebles, lo que deriva en el desalojo por razones de seguridad.
Desde el Gobierno de Jorge Macri señalaron que “estas acciones forman parte de una política de ordenamiento del espacio público, con un abordaje progresivo y dinámico”. Cada situación es evaluada de manera particular, pero bajo una misma premisa: el respeto por la legalidad y la recuperación de propiedades ocupadas de forma irregular.
Uno de los ejes de la política implementada en la Ciudad es la participación de los vecinos. A través de distintos canales digitales y reuniones barriales, los ciudadanos denuncian la existencia de propiedades usurpadas. Esa información permite activar inspecciones, iniciar actuaciones administrativas o judiciales y avanzar en los procesos de recuperación.
Según destacaron desde el gobierno porteña, la articulación entre denuncias vecinales, intervención estatal y decisiones judiciales permitió avanzar en la restitución de inmuebles y dar respuesta a reclamos históricos vinculados al uso del espacio y la propiedad privada.
