La ampliación del máximo tribunal provincial derivó en un enfrentamiento interno sin precedentes. Hay resoluciones cruzadas, nuevos jueces impedidos de ejercer y un recurso pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz atraviesa una crisis institucional sin precedentes en la provincia. La ampliación del cuerpo de cinco a nueve miembros, aprobada por la Legislatura en 2024, derivó en un conflicto interno que hoy mantiene al máximo tribunal con dos presidencias en disputa, magistrados impedidos de ejercer y decisiones contrapuestas que aguardan definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La situación se originó tras la jura de cuatro nuevos vocales designados luego de la reforma legal impulsada por el gobernador Claudio Vidal. El acto fue encabezado por Daniel Mariani, entonces presidente del TSJ, quien tomó juramento a Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Contreras Agüero y Juan Lucio De la Vega.
Poco después, una medida cautelar presentada por el gremio judicial derivó en una resolución adoptada por los jueces Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau, Renée Fernández y Paula Ludueña Campos, los otros cuatro integrantes históricos del TSJ, que suspendieron a los nuevos miembros, les impidieron percibir haberes, les negaron despachos y restringieron su ingreso al edificio. En ese mismo acto, desplazaron a Mariani de la presidencia y designaron en su lugar a Fernández.
Días más tarde, los cuatro nuevos vocales restituyeron a Mariani en la presidencia del tribunal hasta finales de 2026, lo que dejó formalmente a la Corte provincial con dos autoridades que se atribuyen la conducción del organismo.
Frente a ese escenario, la Fiscalía de Estado de Santa Cruz presentó un recurso que fue rechazado en el ámbito provincial, motivo por el cual acudió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo invoca la gravedad institucional del caso y solicita que el máximo tribunal nacional intervenga para resolver el conflicto de poderes. La definición se espera para después de la feria judicial, prevista para febrero o, a más tardar, marzo.
En paralelo, los jueces que se oponen a la ampliación del tribunal dictaron una resolución en diciembre en la que declararon inconstitucional la ley que elevó de cinco a nueve el número de integrantes del TSJ. Esa decisión será respondida por los nuevos vocales una vez finalizada la feria.
Mientras el conflicto permanece abierto, se dictaron disposiciones administrativas que profundizaron la tensión interna. Entre ellas, se estableció que los nuevos jueces solo pueden ingresar al edificio del tribunal si se encuentra presente Mariani, y se aprobaron aumentos salariales escalonados para el Poder Judicial provincial de entre el 38% y el 42% hasta octubre de 2026, con remuneraciones que, en los casos de mayor antigüedad, podrían alcanzar los 24 millones de pesos.
El conflicto también expuso diferencias políticas profundas dentro del Poder Judicial santacruceño. El gobernador Vidal denunció públicamente una afectación a la división de poderes y señaló a magistrados del TSJ como operadores del kirchnerismo, en un contexto marcado por el cambio de signo político en la provincia tras más de tres décadas de hegemonía de ese espacio.
