Al revisar una prisión preventiva, el tribunal ordenó la inmediata liberación de un jubilado de 69 años que fue imputado por tenencia ilegal de armas y dispuso que se analice el accionar de los funcionarios judiciales que avalaron su detención pese a conocer su grave estado de salud.
La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario intervino en un caso que derivó en una decisión de fuerte impacto institucional. Al revisar una prisión preventiva, el tribunal no solo ordenó la inmediata excarcelación de un jubilado con cáncer terminal que llevaba un mes detenido, sino que también dispuso que se investigue el accionar de la fiscal y del juez de primera instancia que habían sostenido la medida.
La resolución fue adoptada por el camarista Javier Beltramone durante una audiencia de apelación en la que se analizó la situación de Carlos P., un jubilado de 69 años domiciliado en Granadero Baigorria, imputado por tenencia ilegal de armas. El tribunal ordenó que recupere la libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Además, la Cámara resolvió remitir copias del expediente y los registros de audio y video de la audiencia al fiscal auditor y al fiscal regional para que se evalúe la posible comisión de faltas en el accionar de la fiscal Ana Julia Milicic. En paralelo, dispuso enviar actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que analice el desempeño del juez Fernando Sosa, quien había dictado la prisión preventiva.
Carlos P. permaneció detenido durante un mes en la Unidad Penitenciaria N° 3 de Rosario, a pesar de atravesar un cáncer de pulmón en estado avanzado, con metástasis. Ese cuadro clínico, según se expuso en la audiencia, era conocido desde el inicio de la causa tanto por el Ministerio Público de la Acusación como por el magistrado que avaló la detención por un plazo de 90 días.
La causa se inició a partir de un conflicto familiar ocurrido el 27 de diciembre pasado en la vivienda del imputado. Tras un llamado al 911, personal policial acudió al lugar y secuestró varias armas de fuego. A raíz de ese procedimiento, el jubilado fue imputado y, pocos días después, se dispuso su prisión preventiva efectiva.
En la audiencia de revisión, la defensa cuestionó la razonabilidad de la medida restrictiva de la libertad y planteó la existencia de alternativas menos gravosas, teniendo en cuenta el delicado estado de salud del acusado. Incluso la fiscal que intervino ante la Cámara, Viviana O’Connell, manifestó que no se oponía a una morigeración de la detención.
Al resolver, el camarista Beltramone ordenó la inmediata liberación del imputado y, al mismo tiempo, dispuso que se incorpore formalmente al expediente el informe médico presentado en la audiencia, que da cuenta del diagnóstico oncológico avanzado. Además, cuestionó las decisiones previas adoptadas en el proceso y dio intervención a los órganos de control para que evalúen el accionar de los funcionarios judiciales involucrados.
