Un informe del INECIP advierte que los principales organismos judiciales del país funcionan con vacantes, interinatos eternizados y marcos legales irregulares, en un escenario que debilita los controles republicanos y la seguridad jurídica.
Argentina comienza el año judicial 2026 inmersa en una gravedad institucional extrema. Así lo advierte un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que describe un escenario inédito: el sistema de justicia federal se encuentra prácticamente privado de autoridades titulares, con acefalías, interinatos eternizados y un alto nivel de vacantes en todos los niveles.
El diagnóstico es contundente. Tras el vencimiento del mandato de la Defensora General de la Nación, ninguno de los organismos centrales del sistema judicial cuenta hoy con conducción plena y regular, una situación que erosiona el equilibrio republicano y debilita los controles institucionales.
Cabezas vacantes, interinos perpetuos y un sistema sin timón
El deterioro no es nuevo, pero alcanzó en 2026 un punto crítico. Según el relevamiento del INECIP, las principales estructuras del sistema de justicia federal presentan irregularidades graves:
- Defensoría del Pueblo de la Nación: vacante desde 2009. Más de quince años sin designación constitucional.
- Procuración General de la Nación: conducida por un interinato desde 2018, con ocho años sin un procurador designado conforme a la Constitución.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación: funciona con solo tres de sus cinco integrantes, tras las salidas de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024.
- Consejo de la Magistratura: opera bajo una normativa derogada hace más de veinte años y en un verdadero limbo legal, luego de que se superaran ampliamente -por más de 1.800 días- los plazos fijados por la propia Corte para dictar una nueva ley.
- Procuración Penitenciaria de la Nación: su titular falleció en 2023; ejercía el cargo de manera transitoria desde el año 2000.
El cuadro general llevó al organismo a hablar de una “acefalía estructural”, incompatible con un sistema judicial moderno y funcional.
Vacantes estructurales y un desorden ético que agrava la crisis
La crisis no se limita a las cúpulas. En los tribunales inferiores, uno de cada tres cargos de jueces, fiscales y defensores federales está vacante.
El informe señala que:
- En el Poder Judicial de la Nación, las vacantes rondan el 33%.
- En el Ministerio Público Fiscal, superan el 40%.
A este déficit se suma un desorden ético interno: magistrados con juzgados colapsados que aceptan subrogancias para percibir incentivos salariales, o que desarrollan actividades incompatibles con su función judicial. Para el INECIP, esta dinámica erosiona la confianza pública y profundiza la ineficiencia del sistema.
Una responsabilidad política transversal
El documento evita personalizar culpas. La parálisis actual no responde a un solo gobierno ni a una fuerza política determinada, sino a un proceso de más de una década que atravesó al menos cuatro administraciones.
Entre las causas principales, el organismo identifica:
- La persistente intención de la dirigencia política de imponer “candidatos propios”, muchas veces de baja calidad técnica, en lugar de construir consensos amplios.
- La transformación del sistema judicial en un campo de disputa de poder, atravesado por intereses partidarios, corporativos y, en algunos casos, criminales.
Impacto directo: menos control, más impunidad y pérdida de credibilidad
Las consecuencias, advierte el informe, son inmediatas y profundas:
- Debilitamiento de los controles al poder político, que facilita el uso intensivo de Decretos de Necesidad y Urgencia sin contrapeso judicial efectivo.
- Mayor margen de acción para el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, ante la falta de conducción estratégica en el Ministerio Público Fiscal.
- Desprotección de derechos fundamentales, que afecta tanto a víctimas como a imputados y a colectivos especialmente vulnerables.
- Aislamiento económico y financiero, por el deterioro de la seguridad jurídica y las dificultades para cumplir estándares internacionales, como los exigidos por el GAFI.
¿Hay salida?
Para el INECIP, la solución no pasa por atajos ni designaciones por decreto. El camino exige romper con la lógica de la rosca política y asumir un compromiso institucional de fondo.
Las claves:
- Candidaturas intachables, con idoneidad técnica, integridad personal y compromiso democrático.
- Procesos de selección transparentes y participativos, que devuelvan legitimidad a las autoridades judiciales y fortalezcan la confianza ciudadana.
Mientras tanto, el “bingo de la acefalia judicial” sigue sumando casilleros marcados. Y la pregunta que sobrevuela el inicio del año judicial es inevitable: ¿cuánto más puede resistir el sistema sin autoridades plenas?
