La inflación del encierro, un récord inédito
Por Gabriel Iezzi
Argentina atraviesa la mayor expansión del encarcelamiento de toda su historia democrática, un fenómeno que los especialistas definen como “inflación carcelaria”. Al cierre del último ciclo estadístico de 2024, según un informe elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el país alcanzó un hito sombrío ya que la población en establecimientos penitenciarios escaló a 121.443 personas. Esta cifra no solo representa un aumento del 7,1% respecto al año anterior, sino que consolida una tendencia de crecimiento que sextuplica el ritmo del aumento demográfico nacional, siendo la tasa más alta desde que existen registros sistemáticos.
Hoy, la tasa de encarcelamiento se sitúa en 258 personas por cada 100.000 habitantes. Para entender la magnitud de este dato, basta observar que en los últimos 25 años el encierro no ha dejado de crecer, con la única y breve excepción del paréntesis que impuso la pandemia en 2020. Este endurecimiento de la política criminal ha llevado al sistema a un estado de sobrepoblación nacional del 130,2%. En términos llanos, hay 130 personas donde el Estado solo tiene capacidad técnica para alojar a 100.
La cantidad de plazas de alojamiento de personas privadas de la libertad, no equivale a cupos penitenciarios. Un cupo penitenciario excede la mera medición por metros cuadrados de alojamiento personal, debiendo allí contemplarse la necesidad del lugar para las camas, la educación, el trabajo, la recreación, las instalaciones sanitarias y médicas necesarias, dato que expone en parte, la falta de acompañamiento en infraestructura Penitenciaria, producto de décadas de desinversión en la materia.
En términos estrictos de plazas de alojamiento, la totalidad disponible a nivel país en el sistema Penitenciario Nacional es de 98.199 lugares. La cantidad de personas privadas de la libertad, alojadas en las 338 unidades disponibles, al 31 de diciembre del año 2024 ascendía a 120.700 internos. La sobrepoblación carcelaria marcaba un 22,9%.
En el ámbito Federal, a la fecha de corte tomada por el informe (31 de diciembre de 2024), el porcentaje excedente de internos sobre la infraestructura de alojamiento era de 7,2 %.
Recordemos que en el S.P.F., desde el año 2019 rige la emergencia en materia penitenciaria, oportunidad en la que en dicha jurisdicción se registrara el récord de alojamiento de personas privadas de su libertad, ascendiendo el número a diciembre de 2019, a 13.773 internos, en tanto que su capacidad operativa era de 12.235 plazas de alojamiento. Por consiguiente, los guarismos indicaban una tasa de sobrepoblación superior al 12%.
Reforzando lo expuesto, el informe del CNPT destaca que el 17% de las personas condenadas cumple penas de hasta tres años en prisión, delitos que podrían resolverse mediante medidas alternativas como probation, trabajo comunitario o monitoreo electrónico; sin embargo, el uso de las morigeraciones se mantiene estable desde hace años, sin crecimiento significativo. Esto contribuye a la saturación del sistema y refuerza la dependencia de la cárcel como herramienta central de la política penal. La cuestión de cómo se efectúan las prácticas de control sobre los que cumplen penas alternativas a la prisión, merece un desarrollo que excede ampliamente el espacio de esta nota y habrá de ser tratado en una columna dedicada.
La sobrepoblación penitenciaria ha desplazado miles de personas hacia comisarías y alcaidías policiales, espacios diseñados para detenciones breves, lugares de tránsito en la lógica de la ejecución penal. En varias provincias, el número de personas alojadas en dependencias policiales supera al de las cárceles; las consecuencias son graves, siendo las más recurrentes en consideración de las múltiples denunciadas efectuadas ya sea por internos a través de sus defensas o de los múltiples organismos que controlan la ejecución penal, la falta de acceso a servicios básicos, el elevado riesgo de incendios cuyas consecuencias suelen derivar en resultados fatales, violencia institucional, ausencia o limitaciones en la aplicación de programas educativos o laborales, permanencia prolongada de los internos en condiciones inadecuadas, y un amplio listado de etc. El CNPT considera este fenómeno como una de las expresiones más críticas de la crisis penitenciaria.
Geografía del Castigo: Las Provincias en el Foco
El mapa del encierro es profundamente desigual. Córdoba lidera el ranking nacional con una tasa de 377 personas presas cada 100.000 habitantes, seguida muy de cerca por Mendoza (308) y la Provincia de Buenos Aires (305,2). Esta última jurisdicción es el verdadero epicentro de la crisis, concentrando casi la mitad de los internos de todo el país con más de 55.000 detenidos.
El contraste lo ofrecen provincias como Neuquén, con una tasa de apenas 76,9 %, o Chubut (71,9%). Sin embargo, el esfuerzo constructivo reciente muestra una carrera desesperada por ganar plazas frente al ingreso masivo de procesados. Jujuy duplicó su capacidad con la puesta en funciones del nuevo Complejo Penitenciario N°8 de Chalicán, inaugurado formalmente a fines de 2023 (+107%), mientras que Tucumán y Santa Fe han inaugurado nuevas unidades para intentar mitigar el hacinamiento en comisarías.
Uno de los factores que explica el crecimiento del encarcelamiento es el uso extendido de la prisión preventiva. En 2024, 45.305 personas estaban detenidas sin condena firme, lo que representa una proporción significativa del total, exponiendo una variación territorial notable; mientras que, en Córdoba y Formosa, cerca de la mitad de la población penitenciaria está procesada, en Neuquén, casi el 100% está condenada.
Estas diferencias reflejan criterios judiciales dispares, ausencia de estándares homogéneos y una tendencia general a utilizar la prisión preventiva como respuesta automática.
El Fantasma de los motines: De Sierra Chica a Coronda
La historia de las cárceles Argentinas pareciera escribirse a partir del déficit de recursos, problema estructural que muchas veces confluye en la formación de escenarios teñidos de sangre. “El hacinamiento actual es el caldo de cultivo para tragedias que el SPN (Sistema Penitenciario Nacional) ya ha vivido.” Es imposible analizar la seguridad penitenciaria sin recordar el motín de Sierra Chica en 1996, donde el grupo conocido como “Los 12 Apóstoles” protagonizó la revuelta más sangrienta de la historia nacional. Durante ocho días de horror, las disputas de bandas terminaron en descuartizamientos e incluso versiones de canibalismo en los hornos de la panadería de la cárcel.
El Motín de la Vendimia, registrado en marzo de 2000 en la Penitenciaría Provincial de Mendoza (Boulogne Sur Mer), fue otro de los hechos traumáticos experimentados en el ámbito penitenciario. “Un grupo de internos tomó el control de pabellones y retuvo a guardias y civiles como rehenes.” La revuelta se extendió por unas 40 horas, incluyó incendios, disparos y negociaciones intensas, pero no hubo víctimas fatales. El conflicto expuso graves falencias estructurales del sistema penitenciario Mendocino —hacinamiento, deficiente control y mala gestión— derivando en el traslado de referentes y líderes negativos, reformas de seguridad y posteriores reclamos judiciales de rehenes por los daños sufridos.
En el año 2005, se registraron múltiples conflictos, siendo los más relevantes los sucedidos en la Provincia de Santa Fe; el motín de la cárcel de Coronda ocurrió el 11 de abril de 2005 en la Unidad N.º 1 de Santa Fe. Un grupo de internos tomó rehenes y desató una violencia extrema entre presos, que dejó 13 internos muertos. El episodio expuso graves fallas de control, hacinamiento y segmentación interna del penal, sin que se tratara de un reclamo colectivo ni de un intento de fuga; en tanto, en el penal de San Martín en Córdoba, se vivió un estallido provocado precisamente por el hacinamiento; 1.600 presos convivían en un lugar para 800.
Estos hechos demuestran que, cuando la capacidad ociosa es nula —como ocurre hoy en provincias con sobrepoblación crítica como Salta o San Juan—, la autoridad del Estado se diluye y los pabellones se vuelven territorios gobernados por la violencia interna y la estrategia criminal.
El Desafío del Alto Riesgo: Narcotráfico y Gestión Penitenciaria
En el último año, el SPF ha implementado pabellones específicos para internos de alto riesgo. Esta es una respuesta directa a la consolidación del narcotráfico, donde los jefes de organizaciones delictivas seguían operando y ordenando sicariatos desde sus celdas. Estos sistemas de alojamiento, que aplican protocolos de evaluación de riesgo mucho más estrictos, buscan romper la conectividad externa del crimen organizado.
Las estructuras criminales siguen operando aún detenidas; los límites físicos de los espacios de encierro no son suficientes para que este tipo de internos dejen de cometer delitos. Pretender que voluntariamente las mismas dejen de hacerlo, habla de una normativa que fue pensada para un escenario global en el que la sociedad, sin dudas, era otra; por eso la gestión del potencial riesgo evaluado, en líderes e integrantes de estructuras delictivas complejas, viene a retomar el orden por parte del estado en los establecimientos Penitenciarios, y se celebra. Los resultados han mejorado las estadísticas y como ya sabemos, en seguridad pública el descenso de los delitos graves significa más gente viva (lo que es igual a menos personas muertas por el accionar de estas bandas).
Sin embargo, el informe del CNPT revela una realidad compleja: el 17% de la población condenada cumple penas de menos de tres años de prisión por delitos de escasa violencia. El sistema, en consecuencia, agrupa tras sus muros a pequeños ofensores con perfiles de alta conflictividad, generando en ocasiones una peligrosa “mezcla” criminológica que dificulta el control y potencia el proselitismo criminal de las bandas dentro de la cárcel, lo que eleva precisamente el nivel de potencial riesgo, pero en este caso “operativo”, obligando a una secuencia de acciones de alto profesionalismo por parte del personal penitenciario. La escasez de recursos juega visiblemente en contra de este objetivo central.
Resocialización, ¿mandato de imposible cumplimiento?
La seguridad ciudadana no se garantiza solo con más rejas, sino con la capacidad del sistema para evitar que la cárcel sea un espacio en el que la actividad criminal encuentre continuidad. Hoy, con récords de población y una infraestructura al límite, ese objetivo aparece como bastante lejano.
La construcción de plazas es solo una parte de la solución. Aunque la capacidad de alojamiento creció un 17,5% recientemente, la ocupación sigue superando los límites internacionales en casi todo el territorio nacional.
Mientras el 37% de los presos a nivel país siga siendo procesado sin condena firme, y el uso de la prisión preventiva continúe siendo la norma más que la excepción, Argentina seguirá atrapada en el laberinto de sus propios muros; esto por supuesto sin desconocer la imperiosa necesidad de seguir profundizando medidas de encierro, adecuadas a los niveles de riesgo de los integrantes de organizaciones narco criminales o terroristas que en la última década han marcado agenda.
En tanto se discuta seguridad, pero se evite discutir de cárceles, en tanto se discuta delito, pero no de política criminal, o sobre penas mas no de ejecución penal, la evidencia seguirá marcando de forma contundente a la cárcel como un espejo al que no queremos mirar; un espejo incómodo que refleja desigualdad, violencia, abandono y sobre todo cifras que ubican la resocialización como un principio de carácter utópico y en estas condiciones, de dudoso cumplimiento.
