Por Jimena de la Torre*
La Universidad de Bolonia -símbolo histórico de la cultura jurídica occidental- será escenario el 11 de febrero de 2026 de un seminario que interpela de lleno a quienes ejercemos el derecho público en América Latina: “Democracia, Derechos Humanos y Justicia Constitucional en América Latina: Tendencias y Perspectivas”, organizado por la Escuela de Especialización para Profesionales Legales Enrico Redenti de su Departamento de Ciencias Jurídicas, junto con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el marco de la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos.
La elección del tema es tan evidente como ineludible. No se trata de un encuentro académico más. El título condensa el núcleo del problema institucional latinoamericano: cómo se sostiene una democracia constitucional cuando crecen las tensiones sobre la división de poderes, la legitimidad del control judicial, la eficacia real de los derechos y el lugar que ocupan los estándares internacionales -en particular, los del Sistema Interamericano de Derechos Humanos– en la decisión de los casos concretos. En ese contexto, la justicia constitucional aparece no como un actor secundario, sino como una pieza estructural del Estado constitucional de derecho.
En nuestras democracias, el Estado de Derecho no se preserva por inercia. Se preserva cuando la Constitución rige de verdad, cuando los derechos no quedan sujetos a mayorías circunstanciales, y cuando la justicia puede ejercer su función sin presiones indebidas. La región viene mostrando, con ritmos y matices distintos, un fenómeno que conocemos bien: el incremento de la conflictividad institucional y la tendencia a “resolver” con atajos lo que exige reglas, límites y control.
La justicia constitucional cumple allí un papel estructural: vuelve operativos los límites al poder y garantiza la tutela efectiva de los derechos. Pero ese rol solo es legítimo si se sostiene sobre tres pilares: fundamentación robusta, debido proceso y una independencia judicial real, respaldada por instituciones transparentes.
El encuentro -con dos sesiones, a las 9 y 15 hs, y transmisión abierta por streaming1– refleja esa densidad y convoca a referentes académicos y a autoridades judiciales de distintos países de la región.
La Sesión I abre con palabras de bienvenida de Federico Casolari, Director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, y de Anna Mastromarino, Presidenta de la Sección Italiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. La mesa será presidida por Arianna Vedaschi (Universidad Bocconi, Milán), con introducción de Giuseppe de Vergottini (Profesor Emérito de Bolonia). Entre las ponencias se destacan voces argentinas como Jorge Alejandro Amaya y Leandro Vergara (Universidad de Buenos Aires), junto a aportes de perfiles judiciales y regionales: Claudia Sbdar (Corte Suprema de Justicia de Tucumán), Eduardo Ferrer MacGregor (ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Jorge Enrique Ibáñez Najar (Presidente de la Corte Constitucional de Colombia), Luiz Guilherme Arcaro Conci (Universidad Pontificia de São Paulo) y Hamid Aboulas (Universidad de Tánger). Esta diversidad no es decorativa: adelanta un enfoque comparado que combina doctrina, jurisprudencia y práctica institucional.
La Sesión II, presidida por Giovanni Moschella (Universidad de Messina), pone el acento en perspectivas institucionales y supranacionales con ponentes como Carlos Ayala Corao (Universidad de Caracas), Diego Moreno Alcalá (juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), Eugenio Jiménez Rolón (Corte Suprema del Paraguay), Luz Imelda Pacheco Zerga (Presidenta de la Corte Constitucional del Perú), Jorge Luis Cáceres Arce (Rector de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa), Marcelo Figueiredo (Universidad de São Paulo), Diego Valades (UNAM, México) y Alberto Alfonso Borea Odría (juez de la Corte IDH). Las conclusiones estarán a cargo de Luca Mezzetti (Universidad de Bolonia). El solo mapa de participantes muestra un punto clave: la discusión ya no se agota en la frontera estatal; hoy la justicia constitucional se piensa en diálogo con estándares internacionales, especialmente los del Sistema Interamericano.
¿Por qué este seminario es particularmente relevante para magistrados y abogados argentinos? Porque la justicia constitucional enfrenta un desafío doble: ser contramayoritaria cuando corresponde (proteger derechos y minorías frente a mayorías circunstanciales) y, al mismo tiempo, preservar su legitimidad democrática a través de fundamentación, coherencia y respeto por el debido proceso. Este equilibrio delicado se vuelve crítico en épocas de polarización, donde la justicia suele ser arrastrada al centro del conflicto político. En ese marco, el intercambio comparado permite identificar tendencias -y también errores- que distintos países ya atravesaron.
Este seminario en Bolonia pone de relieve una verdad sencilla: cada vez que discutimos justicia constitucional, discutimos la salud de la democracia. Discutimos si hay límites al poder, si los derechos se protegen efectivamente, y si la ciudadanía puede confiar en que el Estado actúa dentro de la Constitución.
Por eso, para magistrados y abogados argentinos, seguir este encuentro -sea presencial o por vía de streaming- es una oportunidad concreta de actualización y reflexión institucional. La conversación regional, cuando es seria y comparada, permite anticipar riesgos, identificar buenas prácticas y reforzar lo que no puede negociarse: la primacía constitucional, la tutela de los derechos y la independencia judicial como condición de libertad.
1 La conexión es abierta desde el link consignado en el flyer que acompaña este artículo.
* Consejera de la Magistratura
