La fiscal federal Laura Mazzaferri, una de las impulsoras del proyecto Bien Restituido, analiza los vacíos legales en la administración de bienes decomisados, la inspiración del modelo italiano y la necesidad de transformar estos recursos en herramientas de reparación social y fortalecimiento institucional.
La recuperación de bienes provenientes del crimen organizado y de la corrupción es hoy uno de los grandes desafíos del sistema judicial argentino. Sin embargo, más allá del decomiso, el problema central sigue siendo qué sucede con esos bienes y cómo se administran.
Para Laura Mazzaferri, el punto de partida es claro: “No existe un sistema legal integral que prevea una administración racional ni un destino social para los bienes incautados”. La fiscal explica que la normativa vigente, basada en una ley de 1974, responde a un modelo estrictamente represivo, sin una mirada estratégica dentro de las políticas públicas.
“Los bienes terminan siendo un problema dentro del proceso penal. Se subastan, se deterioran o se pierden, sin generar ningún impacto positivo en la sociedad”, advierte.
Un proyecto de base comunitaria
Frente a ese vacío, surgió el proyecto Bien Restituido, presentado en 2024, con una fuerte impronta participativa. Según Mazzaferri, se trata de una iniciativa construida a partir del diálogo entre operadores judiciales, organizaciones civiles y organismos internacionales.
“El proyecto tuvo apoyo de la Unión Europea, fue impulsado por la organización italiana Libera y se nutrió de múltiples encuentros con fiscales, jueces, académicos y especialistas”, señala. Incluso, recuerda, se realizaron actividades en universidades y un encuentro internacional en el Vaticano.
El eje central es replicar la experiencia italiana, considerada una de las más exitosas en la lucha contra las mafias. Allí, los bienes decomisados se reutilizan para fines públicos y sociales, transformándose en símbolos de legalidad.
Del decomiso a la reparación
Mazzaferri remarca que la persecución patrimonial no puede limitarse a castigar económicamente a las organizaciones criminales. “Hoy está demostrado que el modelo puramente represivo no alcanza. Es necesario un abordaje integral, que incluya reparación y reconstrucción social”, afirma.
En los delitos complejos, como la corrupción o el narcotráfico, las víctimas no siempre son identificables. “Son víctimas difusas: ciudadanos que pierden servicios, derechos, oportunidades. Por eso, la reparación debe ser colectiva”, explica.
Desde esta perspectiva, los bienes recuperados pueden destinarse a refugios para víctimas de trata, centros de atención de adicciones, espacios educativos o proyectos comunitarios. “Es devolverle a la sociedad lo que le fue sustraído”, resume.
Una agencia especializada
Uno de los pilares del proyecto es la creación de una agencia autónoma y especializada en la administración de bienes. Esta estaría integrada por representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría y organizaciones sociales.
“No pueden ser los jueces o fiscales quienes administren estos bienes. No es su función ni su especialidad”, sostiene Mazzaferri. La agencia se encargaría de inventariar, evaluar, conservar y proyectar el uso de cada activo.
Además, contaría con equipos técnicos formados por abogados, contadores y administradores, capaces de preservar empresas, inmuebles y emprendimientos productivos.
“Muchas veces se cierran empresas incautadas y se pierden puestos de trabajo. La idea es ponerlas en valor, no destruirlas”, enfatiza.
Transparencia y control
La fiscal subraya que uno de los mayores aportes del sistema es la transparencia activa. “La sociedad necesita ver qué hace la Justicia con los bienes que recupera. No alcanza con un registro: tiene que haber información accesible y control real”, afirma.
El proyecto prevé mecanismos de supervisión parlamentaria, auditorías periódicas y la posibilidad de revocar asignaciones si se detectan irregularidades. “No se trata solo de entregar un bien, sino de controlar su uso”, aclara.
La dimensión simbólica
Mazzaferri destaca también el valor simbólico de la reutilización social. “Transformar un inmueble mafioso en una escuela, un centro cultural o un refugio es reconstruir legalidad. Es resignificar el poder que representaba ese bien”, explica.
En Italia, relata, muchas fincas recuperadas se convirtieron en cooperativas productivas. “Incluso producen vinos con los nombres de víctimas de la mafia. Es una forma de memoria y reparación”, ejemplifica.
Una oportunidad histórica
Consultada sobre la viabilidad del proyecto, la fiscal es optimista: “Argentina está en condiciones de convertir esto en una política de Estado. Hay consenso político, necesidad institucional y una demanda social clara”.
Desde su experiencia, sostiene que la falta de reglas claras genera un sistema “poroso”, donde los bienes se deterioran, se pierden o quedan sujetos a decisiones individuales. “No puede depender de la buena voluntad de un funcionario”, advierte.
Por eso insiste en la importancia de una ley formal, debatida en el Congreso, que otorgue seguridad jurídica y legitimidad democrática.
Un compromiso personal
El interés de Mazzaferri por este tema tiene raíces profundas. “Desde que era empleada judicial veía imputados con grandes patrimonios y condenas bajas. Y me preguntaba: ¿y los bienes?”, recuerda.
También menciona la falta de infraestructura para asistir a víctimas: “No hay suficientes refugios, centros de rehabilitación, espacios de contención. Los bienes recuperados podrían cubrir esas carencias”.
Por eso, cuando fue convocada a participar en la redacción del proyecto, no dudó. “Fueron horas de trabajo, discusiones, revisiones. Fue muy exigente, pero valió la pena”, asegura.
Hacia una justicia con impacto social
Para la fiscal, el desafío es construir una alianza real entre Estado y sociedad civil. “Sin participación comunitaria no hay solución sustentable. Si la gente no confía en las instituciones, el crimen vuelve a ocupar esos espacios”, concluye.
En ese camino, el proyecto Bien Restituido aparece como una herramienta clave para fortalecer el Estado de Derecho, reparar daños colectivos y devolver sentido social a la lucha contra el crimen organizado.
“Recuperar bienes no es sólo una cuestión económica. Es una forma de restituir legalidad, dignidad y futuro”, sintetiza.
