La violenta irrupción de un grupo armado con cuchillos en el Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín encendió todas las alarmas en el sistema judicial bonaerense y reavivó un reclamo histórico: sin condiciones mínimas de seguridad, la independencia judicial queda seriamente comprometida.
El episodio, ocurrido en pleno horario de atención al público, incluyó amenazas de muerte contra el juez Nicolás Schiavo, destrozos en el edificio y momentos de extrema tensión para funcionarios, empleados judiciales y personas que se encontraban realizando trámites. La situación fue interpretada no como un hecho aislado, sino como un acto de intimidación directa al Poder Judicial.
Schiavo describió: “Eran personas que entraron de manera violenta, esgrimiendo frases violentas”. Al tiempo que explicó que los empleados estaban más concentrados en resguardarse que en identificar a los atacantes: “No es una función nuestra identificarlos”.
Asimismo confirmó que, según la información que manejan, varios de los agresores estaban armados. “Tengo entendido que algunos tenían armas blancas”, sostuvo, y remarcó que la situación podría haber ocurrido en cualquier otra dependencia judicial: “Me pasó a mí, pero podría haber pasado en otro juzgado”.
El magistrado insistió en que lo sucedido no fue una manifestación: “Lo de ayer no fue una protesta y mi preocupación era el personal del juzgado”. En su testimonio, Schiavo buscó evitar que el hecho se interpretara como un ataque personal.
“No vinieron por mí, no hay que personalizarlo”, afirmó. Para el juez, se trata de un problema institucional que involucra a todo el Poder Judicial bonaerense: “Es un problema global, que requiere abordaje global”.
También se refirió al avance de la violencia en causas penales: “Los casos que la justicia penal enfrenta tienen un contenido de violencia, que probablemente otros casos no”.
El juez reveló que el edificio contaba con una custodia mínima al momento del ataque aunque evitó realizar quejas directas, reconoció que existen carencias: “Siempre faltan cosas, de todo tipo, hay carencias, recursos, pero no me corresponde quejarme por eso”.
Por último, el magistrado confirmó que no hubo personas agredidas porque lograron contener el avance del grupo hacia las oficinas. Incluso, mencionó que una mujer embarazada estaba trabajando dentro del edificio al momento del episodio.
Respuesta institucional y reclamo de seguridad
Luego de conocerse el incidente, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado de enérgico repudio, calificando la agresión como un episodio de extrema gravedad que pone en riesgo la integridad de trabajadores judiciales y del público que diariamente acude a los tribunales.
En el pronunciamiento, la entidad también advirtió sobre la insuficiente protección de los edificios judiciales, la falta de sistemas de videovigilancia y la carencia de recursos para garantizar condiciones seguras de trabajo. Reclaman una urgente intervención de los tres poderes del Estado para fortalecer la custodia y las medidas preventivas.
Un ataque al corazón del Estado de Derecho
Desde la Lista Celeste de magistrados y funcionarios judiciales se difundió un contundente pronunciamiento bajo una consigna elocuente: “Sin seguridad no hay justicia independiente”. En el comunicado expresaron su enérgico repudio y solidaridad frente a los hechos de violencia ocurridos, advirtiendo que pusieron en riesgo no solo la integridad del magistrado, sino también la de todo el personal judicial.
“Estos episodios constituyen una grave amenaza al normal funcionamiento del Poder Judicial y un ataque directo al principio de independencia judicial, pilar esencial del Estado de Derecho”, señalaron. También remarcaron que la violencia, la intimidación y cualquier forma de presión sobre quienes ejercen la función jurisdiccional no pueden ser toleradas ni naturalizadas.
El respaldo de la magistratura a nivel nacional
En la misma línea se pronunció la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que manifestó su preocupación institucional ante lo que calificó como hechos de “extrema gravedad”.
La FAM advirtió que este tipo de ataques no solo afectan a un juez en particular, sino que buscan condicionar el funcionamiento del sistema de justicia y favorecer la impunidad de organizaciones criminales, especialmente aquellas vinculadas a la narcocriminalidad. En su comunicado subrayó que jueces, fiscales y defensores de todo el país enfrentan amenazas que incluso se extienden a sus familias, como consecuencia directa del ejercicio de sus funciones.
“La independencia judicial no es un privilegio de juezas y jueces, sino una garantía de la sociedad”, sostuvo la entidad, y recordó que allí donde se intimida o ataca a la justicia, se debilita el Estado de Derecho y se ponen en riesgo los derechos y libertades fundamentales.
Seguridad judicial: una deuda estructural
Tanto la Lista Celeste como la FAM coincidieron en un punto central: garantizar condiciones adecuadas de seguridad no es un privilegio corporativo, sino una responsabilidad indelegable del Estado. La protección de quienes imparten justicia -y de quienes trabajan en los tribunales- resulta indispensable para asegurar un servicio judicial efectivo y libre de presiones.
En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín emitió un comunicado donde plantea: “Ante los hechos de extrema gravedad y violencia ocurridos en la sede del Juzgado de Garantías N° 5 Departamental, que han puesto en riesgo la seguridad e integridad tanto de los agentes judiciales como del público en general, desde la AMFSM repudiamos todo acto de violencia contra quienes desempeñan funciones en el ámbito judicial y expresamos nuestra solidaridad con el personal afectado. Asimismo, exhortamos a garantizar, con carácter urgente, las condiciones de seguridad indispensables en todas las dependencias de la Suprema Corte y del Ministerio Público Departamentales, a fin de resguardar a los trabajadores y usuarios del servicio de justicia y asegurar el normal y adecuado funcionamiento de las tareas judiciales”.
Un mensaje que trasciende el hecho puntual
La irrupción armada en un tribunal no sólo dejó daños materiales y amenazas concretas. Dejó, sobre todo, un mensaje inquietante: cuando la violencia logra ingresar a los edificios judiciales, la democracia entra en zona de riesgo. El respaldo institucional fue inmediato, pero el desafío de fondo sigue abierto: cómo garantizar que jueces y funcionarios puedan decidir sin miedo.
Porque, como recordó uno de los comunicados, sin seguridad, no hay justicia independiente. Y sin justicia independiente, no hay Estado de Derecho.
