La institución presidida por Ricardo Gil Lavedra envió una carta al Ministro de Relaciones Exteriores solicitando intensificar las gestiones diplomáticas con Venezuela. El pedido se suma a las declaraciones de enero, donde la entidad ya había alertado sobre la falta de debido proceso en la detención de Germán Darío Giuliani.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) elevó un pedido formal al Gobierno nacional para exigir la «inmediata liberación» de Germán Darío Giuliani, el abogado argentino que permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025.
A través de una nota enviada el 5 de febrero de 2026 al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, expresó la «profunda preocupación institucional» por la situación del matriculado. En la misiva, el Colegio denuncia que Giuliani se encuentra privado de su libertad de manera «injusta y arbitraria», sin que se hayan garantizado condiciones mínimas de debido proceso ni el acceso a una defensa efectiva, violando así los estándares del derecho internacional.
Pedido de intensificación diplomática
El texto presentado ante Cancillería destaca y valora las recientes gestiones del Gobierno nacional que lograron la liberación de otros ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela en los últimos días. Sin embargo, basándose en estos antecedentes exitosos, Gil Lavedra solicitó respetuosamente que «se continúen e intensifiquen las gestiones diplomáticas y consulares actualmente en curso» para asegurar el retorno seguro de Giuliani a la República Argentina.
La institución advirtió que la detención vulnera derechos fundamentales y que la falta de un control judicial adecuado sobre las imputaciones, sumada a la imposibilidad del abogado de mantener contacto regular con su familia, agravan su situación personal y afectan la «dignidad de la profesión».
Antecedentes y reclamos previos
Esta presentación formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores representa una escalada en los reclamos que la institución viene realizando. A finales de enero, el Colegio ya había emitido un comunicado público manifestando su preocupación por el letrado, detenido desde el 21 de mayo de 2025.
En declaraciones previas, la entidad había advertido sobre la gravedad institucional del caso, señalando que la situación se prolongaba desde hacía meses «sin que se hayan esclarecido cargos formales ni se haya permitido un control judicial independiente». En aquella oportunidad, el Colegio Público remarcó que, al tratarse de un profesional del derecho detenido en el extranjero sin garantías judiciales mínimas, se estaban comprometiendo principios elementales de la protección consular.
Con esta nueva nota oficial ingresada en la mesa de entradas de Cancillería, la abogacía organizada busca garantizar que la defensa de los derechos humanos y el respeto irrestricto al debido proceso sean principios protegidos por el Estado argentino en todas sus gestiones internacionales.
