El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña reabre la discusión sobre autonomía, competencias y Ley 24.588, en medio de un fuerte respaldo empresarial y una reacción corporativa que anticipa batalla institucional.
El convenio firmado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para avanzar en la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo volvió a encender un conflicto de alto voltaje institucional. Mientras el sector empresario celebró la iniciativa como un paso hacia una justicia “más ágil y previsible”, desde la magistratura nacional convocaron a una reunión urgente y denunciaron un intento de “disolución” del fuero.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) valoró públicamente el avance del acuerdo y sostuvo que la ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de juicios laborales del país, pero es la única jurisdicción que no administra plenamente la justicia laboral en su territorio. Según la entidad, esta situación genera demoras prolongadas que afectan tanto a trabajadores como a empresas.
“Se trata de un pedido que IDEA viene planteando de manera sostenida en los últimos años y que da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional”, señalaron. Además, expresaron su expectativa de que el convenio sea aprobado tanto por el Congreso de la Nación como por la Legislatura porteña, con el objetivo de contar con “una justicia más ágil”, capaz de resolver conflictos en plazos razonables y con mayor previsibilidad.
Del otro lado, la reacción judicial no se hizo esperar.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) convocó de manera urgente a los integrantes del fuero laboral a una reunión para este 11 de febrero a las 17 hs en su sede institucional. En la convocatoria, el presidente de la entidad Andrés Basso advirtió que las nuevas disposiciones de público conocimiento “afectan directamente al fuero nacional del trabajo”.
En ese sentido, afirmaron: “Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta máxima y nos convoca a ratificar la histórica posición que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional viene manteniendo desde hace más de 25 años
frente a los recurrentes proyectos pergeñados en busca del pretendido traspaso. Sepan nuestros asociados y asociadas que nos encontramos en pleno estudio de las acciones a implementar con la urgencia que el caso amerita contra este nuevo intento de avasallamiento de la justicia nacional”.
A lo que agregaron: “Rechazamos enérgicamente toda medida que, por medios directos u oblicuos, pretenda avanzar hacia la disolución
del fuero laboral nacional, porque su concreción implica un grave, intolerante e inadmisible perjuicio para magistrados, funcionarios y empleados de la Justicia Nacional, a la vez que redunda en la vulneración de los derechos de los justiciables y de la ciudadanía en su conjunto, y en la aniquilación de los principios básicos de la independencia judicial, esenciales en un Estado de Derecho”.
En paralelo, la Lista Celeste difundió un comunicado titulado “Repudio y rechazo enfático al intento de disolución de la Justicia Nacional del Trabajo”, en el que calificó la iniciativa como “un avasallamiento inédito contra un Poder del Estado” y reiteró su histórica posición contraria a cualquier intento de traspaso.
Según el documento, el proyecto comprometería la independencia del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, vulneraría derechos adquiridos y no respondería a una necesidad real del sistema judicial ni de la ciudadanía. Además, sostuvieron que cualquier modificación estructural debe enmarcarse en un debate federal amplio y respetar la Ley 24.588, que ratifica la permanencia de la Justicia Nacional Ordinaria bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.
Por su parte, Compromiso Judicial expresó: “Reiteramos nuestra histórica posición en defensa de la Justicia Nacional como resorte necesario del adecuado funcionamiento del servicio de justicia del país. Asimismo, sin soslayar la división de los distintos poderes del Estado, consideramos inexorable promover reuniones interjurisdiccionales a fin de integrar los debates necesarios de reforma legislativa que se plantean”.
En tanto, el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia señaló: “La transferencia de las competencias laborales a la Ciudad es un paso clave para mejorar cómo se resuelven los conflictos entre trabajadores y empleadores. Con tribunales locales y procedimientos modernos, vamos a acortar significativamente los tiempos, dar mayor previsibilidad y garantizar reglas claras para ambas partes. Seguimos avanzando hacia una Justicia más cercana, eficiente y a la altura de la autonomía de la Ciudad”.
La tensión expone, una vez más, el delicado equilibrio entre la reorganización institucional del sistema judicial y las resistencias corporativas frente a cambios estructurales. Para el oficialismo y el sector empresario, el traspaso apunta a dotar de mayor eficiencia y cercanía territorial al servicio de justicia. Para buena parte de la magistratura nacional, en cambio, se trata de una maniobra que afecta la estabilidad y el diseño constitucional del Poder Judicial.
Con el acuerdo firmado pero aún pendiente de aprobación legislativa, el debate recién comienza y promete convertirse en uno de los ejes más sensibles de la agenda judicial de 2026.
