Mientras el 75% de las causas por drogas se concentra en tenencia para consumo personal, el lavado de activos y el crimen organizado ganan terreno. El abogado con orientación en Derecho Penal, director del Centro de Estudios en Política Criminal y director de Posgrado UBA-Derecho, Ariel Larroude, analiza los déficits estructurales y la necesidad de profesionalizar la gestión penal.
Con una propuesta académica que pone el foco en la política criminal, el narcotráfico y la inteligencia criminal, la Universidad de Buenos Aires lanzó tres nuevos posgrados orientados a repensar la persecución penal en la Argentina. Ariel Larroude -abogado penalista, exdirector de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación y actual director de los programas- analiza los déficits estructurales del sistema y el aporte que busca realizar la universidad pública en uno de los debates más urgentes de la agenda institucional.
Durante años, la Universidad de Buenos Aires fue referencia indiscutida en el análisis dogmático y procesal del derecho penal. Sin embargo, según Ariel Larroude, esa tradición dejó un vacío difícil de ignorar: la falta de una mirada integral sobre cómo se diseñan, gestionan y articulan las políticas criminales frente a fenómenos complejos como el narcotráfico y el crimen organizado.
“Advertimos una deuda pendiente de la UBA con el abordaje concreto de los fenómenos delictivos que atraviesan a la Argentina y a América Latina”, explica. “Durante mucho tiempo predominó una mirada teórica que dejó de lado cómo organizar y dirigir, de manera eficiente, a las agencias que integran el sistema penal”.
Los nuevos posgrados en Política Criminal, Narcotráfico e Inteligencia Criminal buscan precisamente saldar esa deuda. El eje está puesto en mejorar la articulación entre lo que investiga la policía y lo que finalmente resuelve la Justicia, uno de los grandes déficits del sistema actual.
Fragmentación, falta de doctrina y reformas inconclusas
Para Larroude, uno de los principales problemas es la fragmentación con la que hoy dialogan -o dejan de dialogar- las áreas clave del sistema penal. “Hoy funcionan de manera compartimentada, sin doctrina ni reglas claras”, advierte. Como ejemplo, menciona que la inteligencia criminal atraviesa su tercera reforma orgánica en menos de tres años, mientras que la persecución del narcotráfico se encuentra dividida entre múltiples fueros y jurisdicciones, incluso dentro de una misma ciudad.
Ese esquema, lejos de fortalecer la respuesta estatal, conspira contra la elaboración de políticas de seguridad sostenibles. “Con pautas de trabajo distintas a una cuadra de distancia, es imposible reunir información consistente para diseñar planes a largo plazo”, señala.
El foco equivocado de la persecución penal
Uno de los datos más contundentes que aporta Larroude revela una distorsión estructural: entre 2019 y 2025, el 75% de las infracciones a la ley de drogas correspondieron a tenencia simple o para consumo personal. “Son delitos que no afectan en absoluto a las estructuras mafiosas que operan en el país”, subraya.
Mientras tanto, avanza silenciosamente el lavado de activos vinculado a organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua o el Primer Comando de la Capital. “Argentina hoy ocupa un lugar específico en la división internacional del crimen organizado. Tal vez no genere altos niveles de violencia, pero es un escenario extremadamente delicado”, advierte.
Formación con anclaje territorial y mirada estratégica
Los programas combinan teoría y práctica, con fuerte énfasis en el territorio y en la gestión de recursos estatales para la investigación y represión del delito complejo. Están dirigidos a profesionales con formación universitaria vinculada a la cuestión criminal, no solo abogados, sino también sociólogos, politólogos y antropólogos.
“El valor agregado es claro: el mejor equipo docente del país”, afirma Larroude. “No creo que exista hoy una oferta penal superior a la que brinda la UBA, que además es mi casa”.
Tecnología, datos e inteligencia criminal
La tecnología ocupa un lugar central en la currícula. Análisis criminal, inteligencia estratégica y cibercrimen forman parte de los contenidos obligatorios. “Hoy no se puede desconocer el rol de la tecnología y de la inteligencia artificial para estudiar dinámicas delictivas e incluso anticipar comportamientos criminales”, sostiene.
Reducir la brecha entre academia y gestión es otro de los objetivos explícitos. Para ello, los programas incorporan guías prácticas y propuestas concretas, sumando territorio y gestión al análisis jurídico tradicional.
Una apuesta a políticas públicas más racionales
El impacto esperado, en el mediano plazo, es claro: mejorar la calidad de la información sobre el delito y optimizar el uso de recursos preventivos, represivos y punitivos. “Nuestros estudiantes advierten rápidamente cuánto mejora el trabajo inventarial del delito y cómo eso permite pensar estrategias más eficientes”, explica.
El mensaje final de Larroude apunta al corazón de la universidad pública: “Los esperamos para aprender y enseñarnos mutuamente en la mejor casa de estudios de América Latina. El sello de la UBA es una plataforma sólida para construir los proyectos que definirán las estrategias de persecución penal del país”.
