En una decisión orientada a delimitar competencias, la Corte Suprema estableció que la denuncia contra “Pitty, la numeróloga” no configura, prima facie, un supuesto de interés federal y dispuso que la investigación continúe su curso ante la justicia penal ordinaria.
La farándula, la política y el mundo del esoterismo confluyen en un expediente judicial que tiene como protagonista a Verónica Asad, conocida públicamente como “Pitty, la numeróloga”, una de las consultoras espirituales más convocadas por figuras del espectáculo y del poder.
Lo que comenzó como una polémica por un contrato con el Banco Nación derivó en una causa penal por presunta manipulación psicológica y aprovechamiento de personas en situación de vulnerabilidad. El conflicto de competencia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que el caso debe tramitar ante la justicia penal ordinaria.
La denuncia por manipulación y despojo de bienes
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Pablo Salum, fundador de la organización “Red LibreMentes”, dedicada a cuestionar prácticas que considera “pseudociencias coercitivas”.
Salum acusó a Asad de captar personas en estado de vulnerabilidad emocional para ejercer sobre ellas una presunta manipulación psicológica, con el objetivo de obtener dinero y bienes materiales. Según la presentación, se habría configurado un esquema de aprovechamiento económico bajo la cobertura de asesoramientos esotéricos.
En el marco de esa denuncia, la Justicia de instrucción dictó una medida de prohibición de acercamiento y contacto (perimetral) a favor de Salum, lo que elevó aún más la tensión del conflicto.
El escándalo del Banco Nación
En paralelo, el nombre de Pitty tomó relevancia pública cuando trascendió que había sido contratada por el Banco Nación durante la gestión de Silvina Batakis como presidenta de la entidad, junto a su gerenta general, María del Carmen Barros, para brindar un “curso de coach”.
La contratación generó cuestionamientos políticos y mediáticos, en especial por tratarse de fondos públicos. En su denuncia, Salum también sostuvo que Asad habría ejercido una influencia indebida sobre Barros, en un contexto que incluía -según trascendidos- una presunta relación personal entre las ex funcionarias.
La combinación de esoterismo, poder político y dinero estatal convirtió el caso en un foco de controversia pública.
El sobreseimiento en la causa federal
En el plano administrativo y penal vinculado a los fondos públicos, la causa tramitó en el fuero federal de Comodoro Py. El año pasado, la Justicia dictó el sobreseimiento de Batakis, Barros y Asad.
La decisión se apoyó en una auditoría interna del banco que concluyó que no pudo acreditarse un perjuicio patrimonial para la entidad a raíz de la contratación directa de la numeróloga.
Ese fallo cerró, al menos por ahora, el capítulo federal vinculado al uso de recursos estatales.
La intervención de la Corte Suprema
Sin embargo, la denuncia por manipulación psicológica y eventual estafa continuó su curso en otro carril. Ante un conflicto sobre qué fuero debía intervenir, el Procurador General y los ministros de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— resolvieron que los hechos atribuidos a Asad, en tanto vinculados a su actividad privada, no corresponden a la justicia federal.
En consecuencia, el expediente fue remitido al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31, que será el encargado de investigar si existió o no un aprovechamiento ilícito de sus clientes.
Un expediente abierto
Con el capítulo federal cerrado y la causa por presunta manipulación en plena etapa de investigación, el futuro judicial de “Pitty, la numeróloga” permanece abierto.
La justicia ordinaria deberá determinar si las prácticas denunciadas constituyen un delito o si se trata de un conflicto derivado de relaciones privadas en el ámbito de asesoramientos espirituales. Mientras tanto, el caso continúa sumando capítulos en un cruce poco frecuente entre creencias, poder y tribunales.
