Tras detectarse un plan narco para asesinar al juez de Paraná y al fiscal del Tribunal Oral, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti tomó intervención directa y mantiene contacto con fuerzas federales para garantizar la protección de los funcionarios judiciales.
La Justicia Federal de Gualeguaychú desbarató un plan ideado por un jefe narco de la ciudad de Diamante para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal ante el Tribunal Oral de la misma jurisdicción, José Ignacio Candioti. La maniobra, que habría incluido la contratación de un sicario en el exterior, encendió las alarmas institucionales y activó la inmediata intervención del Consejo de la Magistratura.
Según fuentes judiciales, la investigación se inició a partir del testimonio de un interno vinculado al narcotráfico, quien aportó datos sobre un supuesto encargo para ejecutar a los magistrados durante unas hipotéticas vacaciones en Uruguay. De acuerdo con ese relato, el presunto organizador del plan sería el narcotraficante Leonardo Airaldi, quien habría ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los asesinatos. Sin embargo, ni el juez Ríos ni el fiscal Candioti estuvieron en el país vecino ni tenían previsto viajar allí.
La hipótesis que manejan los investigadores indica que Airaldi buscaba vengarse por la causa que enfrenta en Paraná y que lo llevará a juicio en los próximos días. Siempre según el testimonio incorporado al expediente, el acusado sostenía que el juez Ríos le había “inventado una causa” y que el fiscal Candioti “tiene todo arreglado para que le den 15 años de condena en un juicio que empieza el martes”.
La causa contra Airaldi se tramita desde hace varios años y no sólo compromete su situación ante la justicia de Entre Ríos, sino también ante la justicia federal de Rosario, donde afronta otro expediente de mayor gravedad.
Intervención institucional y refuerzo de seguridad
El desbaratamiento del plan generó una rápida reacción en el plano institucional. El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, sigue el caso de cerca. Rosatti ya se comunicó personalmente con el juez Ríos y con el fiscal Candioti y mantiene contacto permanente con las fuerzas federales para garantizar su seguridad.
Desde el Consejo se monitorea la situación y se coordinan medidas para proteger no sólo a los magistrados involucrados sino también el normal funcionamiento del juzgado federal de Paraná.
Pronunciamiento de la Asociación de Magistrados
En paralelo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su “profunda preocupación” por los hechos recientemente expuestos a partir de las diligencias llevadas adelante por la justicia federal de Gualeguaychú.
En un comunicado, la entidad calificó los hechos como de “extrema gravedad”, al advertir que no sólo afectan la seguridad personal de los involucrados, sino que atacan “directamente los pilares del Estado de Derecho, la independencia judicial y el normal funcionamiento del sistema democrático”.
La Asociación manifestó su solidaridad y “férreo apoyo institucional” a los jueces Leandro Ríos y José Ignacio Candioti, así como al fiscal federal Pedro Rebollo y al juez federal Hernán Viri -quienes intervienen en la investigación- y a sus equipos de trabajo. Asimismo, solicitó a las autoridades competentes la urgente implementación de medidas de seguridad para garantizar la integridad personal de los nombrados y el pronto esclarecimiento del grave suceso.
El episodio vuelve a poner en foco el riesgo que enfrentan magistrados y fiscales que intervienen en causas vinculadas al narcotráfico, especialmente en jurisdicciones donde las organizaciones criminales mantienen estructuras activas y capacidad operativa. La investigación continúa bajo estricta reserva.
