Daniel Erbetta analizó el alcance de la reforma constitucional provincial. Entiende que abre el camino a cambios estructurales en el funcionamiento de los tribunales, con mayor participación ciudadana, juicios por jurados y un modelo judicial más transparente.
La reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, realizada en septiembre del año pasado, podría provocar uno de los cambios más profundos en el funcionamiento del sistema judicial en décadas. Así lo planteó el ministro de la Corte Suprema provincial Daniel Erbetta, quien sostuvo que las modificaciones incorporadas en el nuevo texto constitucional habilitan una transformación estructural en la organización y el funcionamiento de la Justicia.
En un artículo titulado “La reforma constitucional santafesina y el sistema de justicia”, el magistrado asegura que el cambio “es necesario e involucra no sólo una cuestión normativa sino esencialmente una dimensión política, organizacional y cultural”.
El análisis señala que el objetivo principal es fortalecer la independencia judicial y mejorar la legitimidad del sistema frente a la sociedad. Según plantea, la reforma habilita una reconfiguración institucional que puede modificar tanto la estructura de los tribunales como la forma en que se desarrollan los procesos judiciales.
En ese sentido, pondera la consolidación del juicio por jurados populares y la expansión de la oralidad en los procedimientos judiciales. Para Erbetta, “la implementación del juicio por jurados populares no sólo es exigencia de la manda constitucional sino un mecanismo de democratización de la justicia”.
El magistrado sostiene que estos mecanismos permiten que los conflictos se resuelvan en audiencias públicas y no exclusivamente a través de expedientes escritos, lo que facilita el control ciudadano sobre las decisiones judiciales y fortalece la transparencia institucional.
Sistema acusatorio y adversarial
El modelo impulsado también reafirma el sistema acusatorio y adversarial, en el que las partes presentan sus argumentos en audiencias orales y el juez actúa como árbitro del proceso. En ese contexto, el autor advierte que la reforma implica una modificación profunda de las prácticas judiciales y de los modos de litigación.
Otro de los cambios relevantes se vincula con la organización del Poder Judicial. El nuevo texto constitucional habilita la posibilidad de reorganizar el sistema mediante colegios de jueces y reemplazar el esquema tradicional de cámaras de apelaciones por jueces de revisión, lo que podría modificar la gestión de los tribunales.
Para el magistrado, estas modificaciones buscan abandonar estructuras consideradas rígidas dentro del sistema judicial y avanzar hacia modelos más flexibles de organización y trabajo.
En su análisis, Erbetta también advierte sobre problemas estructurales que afectan a la Justicia desde hace décadas, como la duración excesiva de los procesos y los modelos de trabajo basados en trámites escritos que dificultan una resolución más rápida de los conflictos.
Frente a ese diagnóstico, el juez sostiene que la reforma constitucional habilita un cambio institucional de gran alcance y que “favorece la publicidad, la transparencia y la eficiencia en las respuestas a los conflictos judicializados”.
Según el magistrado, el desafío ahora será traducir las previsiones constitucionales en reformas concretas que transformen el funcionamiento cotidiano de los tribunales y permitan fortalecer la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.
