El ex director del Hospital Posadas, Alejandro Maceira; el ex jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Marcelo Guille -secretario de Ginés González García-; y el ex subsecretario Alejandro Costa enfrentarán el proceso oral por su presunta participación en el esquema de vacunación irregular durante la pandemia. Las imputaciones incluyen abuso de autoridad y peculado, con penas que podrían alcanzar hasta diez años de prisión.
En este tramo del expediente, el fiscal Eduardo Taiano investigó tres hechos que supusieron el desvío de 51 dosis de vacunas contra el COVID-19, por ese entonces escasas, por proximidad política o compromisos ideológicos, sin respetar la prevalencia de población especialmente vulnerable, como el personal de salud y los adultos mayores.
El requerimiento de elevación a juicio asegura que “quedó verificado que fue Ginés González García quien comprometió dosis por fuera del esquema previsto a ciertas personas cercanas a él y puso a disposición las oficinas del segundo piso del Ministerio de Salud de la Nación para que se pudiera llevar a cabo la inoculación irregular”.
El juicio, que aún no tiene fecha de inicio, lo llevará adelante el Tribunal Oral Criminal Federal 6, integrado por Enrique Méndez Signori, Diego García Berro y Adriana Palliotti, todos ellos subrogantes.
Los detalles del Vacunatorio Vip
De acuerdo con la acusación, el 18 de febrero de 2021, 10 de las 51 dosis objetadas, que correspondían al Hospital Posadas, fueron destinadas por Marcelo Guille y Alejandro Maceira a personas que estaban fuera de la población de riesgo, obedeciendo órdenes de González García.
El segundo hecho fue el uso de cinco dosis para que fueran inoculados “a domicilio” el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González, sus hijas Juliana y María Eva, y al secretario privado del ex Jefe de Estado, Carlos Alberto Mao. La familia fue vacunada por Alejandro Costa, quien “personalmente aplicó dosis sustraídas de la esfera del Ministerio de Salud de la Nación, teniendo pleno conocimiento de que los beneficiarios no formaban parte de las categorías autorizadas por la norma”.
El tercero de los casos es la vacunación entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 de “veintitrés personas elegidas discrecionalmente por afinidades y/o compromisos personales, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos”.
La acusación sostiene que “en el caso bajo examen, cada orden emitida y ejecutada a los efectos de inocular a una persona al margen de la secuencia establecida implicó una violación a lo dispuesto por el Plan Estratégico de Vacunación”. Por eso es que a los tres ex funcionarios que llegan a juicio se les imputa el delito de “abuso de autoridad”, reprimido con penas que van de un mes a dos años de prisión.
Pero también afrontarán cargos por “peculado”, que prevé reclusión o prisión de dos a diez años al “funcionario público que sustrajere bienes públicos para provecho propio o de un tercero”. De acuerdo con la elevación a juicio, los ex funcionarios utilizaron dosis de vacunas contra el COVID-19 “que se encontraban asignadas a la esfera del Hospital Posadas (organismo descentralizado) o al Ministerio de Salud de la Nación, en cumplimiento de una orden ilegítima emitida por el funcionario que las administraba, y su posterior utilización para vacunar a personas no autorizadas”.
La jueza federal 5, María Eugenia Capuchetti, quien instruyó la causa, aún tienen en sus manos otra parte de la investigación: la actuación de quienes se beneficiaron de la vacunación irregular. En una primera etapa, la magistrada había rechazado la existencia de delito, pero la Cámara Federal le ordenó profundizar la pesquisa sobre ese punto.
