La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la pareja dictado por el juez Sebastián Casanello y ratificó el embargo sobre los bienes de ambos por 998 millones de pesos.
Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron la decisión del juez de primera instancia, quien había estimado que Julio De Vido, quien cumple prisión en el penal de Ezeiza por su responsabilidad en la Tragedia de Once, y su esposa, Alessandra Minicelli, incrementaron ilegítimamente su patrimonio en una cifra estimada de 687.000 dólares.
Los hechos habrían sucedido mientras De Vido fue Ministro de Planificación Federal y diputado nacional, en tanto que su mujer se desempeñaba en la SIGEN. El juez Sebastián Casanello se detuvo en la compra de un departamento sobre la Avenida del Libertador, cuya titularidad se encargaron de ocultar poniéndola a nombre de una sociedad sin la capitalización suficiente como para afrontar la compra. Además, fingieron ser inquilinos de la propiedad, que ocuparon entre 2018 y 2023.
Lo que dice la Cámara
Llorens, Bruglia y Bertuzzi sostuvieron que “ha quedado demostrado, con el grado de provisoriedad que requiere la etapa que se transita, que Julio Miguel De Vido aumentó de manera apreciable e injustificada su patrimonio en el período comprendido entre mayo de 2003 y octubre de 2017, esto es, mientras se desempeñó en la función pública, y durante los dos años siguientes, para lo cual contó con la colaboración de su esposa y de terceras personas”.
Pese a que las defensas procuraron despegar a la esposa de De Vido del presunto enriquecimiento e incluso mencionaron sus propios recursos como la justificación de algunos bienes, la Cámara entendió que “Alessandra Minnicelli habría realizadooperaciones que incrementaron el patrimonio del ex funcionario, utilizando fondos que no tendrían origen en los haberes del cargo o en otros ingresos legítimos. Dicho accionar puede ser catalogado como una conducta de colaboración hacia el presunto autor del delito, en tanto le habría permitido acrecentar su patrimonio, sin tener que realizar las operaciones a su nombre”.
También fueron acusados por la posesión de alrededor de 90 mil dólares estadounidenses. Los camaristas observaron que “la investigación permitió corroborar que entre el 21 de agosto de 2008 y el 9 de diciembre de 2008, Minicelli habría reservado en la caja de seguridad N° 01-17 de la Sucursal Río Gallegos del Banco Patagonia (de titularidad de la nombrada y de su marido), la suma antes referida, en efectivo, la cual no se hallaría justificada en los ingresos de los nombrados ni en su desarrollo patrimonial”.
De este modo, los camaristas avalaron el fallo de primera instancia, según el cual el ex ministro es el autor del enriquecimiento y su esposa, partícipe necesaria. Las penas para este delito van de dos a seis años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargos públicos y multas de entre el 50 y el 100% del valor del enriquecimiento.
De Vido está siendo sometido a juicio ante el TOCF 7 en el marco de la causa Cuadernos como presunto integrante de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos a cambio de beneficiar a las empresas en las licitaciones de construcción y energía.
Los jueces ratificaron el procesamiento como partícipes secundarios de dos supuestos testaferros: Susy Bello Knoll y Juan Manuel Sebastián Pérez.
