El protocolo establece cómo deben intervenir de manera coordinada jueces, fiscales, policías y equipos de salud en casos de muerte traumática con potencial de donación, con pautas para articular la investigación judicial con el proceso sanitario, evitar demoras, preservar la evidencia y garantizar una actuación eficiente en cada etapa.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense avanzó en la formalización de un esquema de actuación que busca ordenar uno de los momentos más sensibles del sistema judicial y sanitario. Se trata de la firma de un convenio interinstitucional para aplicar un protocolo específico en casos de muerte traumática que puedan derivar en procesos de donación de órganos.
El acuerdo fue rubricado por el presidente del máximo tribunal provincial, Sergio Gabriel Torres; el procurador general Julio Conte-Grand; los ministros de Seguridad y Salud, Javier Alonso y Nicolás Kreplak; y el titular del Cucaiba, Francisco Leone. El objetivo es establecer criterios comunes entre la Justicia, las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario ante situaciones críticas que requieren intervenciones simultáneas.
El protocolo, elaborado en conjunto por la Suprema Corte y la Procuración General, fija lineamientos para la actuación judicial, policial y médica en escenarios donde una muerte violenta o traumática pueda habilitar la posibilidad de ablación de órganos o tejidos con fines de trasplante. La iniciativa apunta a evitar demoras, superposiciones o conflictos de competencia en instancias donde el tiempo resulta determinante.
Durante el acto, Torres remarcó que el instrumento expresa “un compromiso profundo con una política pública de la más alta sensibilidad” y sostuvo que la meta es garantizar una intervención “coordinada, eficiente y humana allí donde existe la posibilidad de salvar o mejorar una vida”. En la misma línea, consideró que la donación de órganos constituye una práctica solidaria que puede transformar una pérdida irreparable en una oportunidad para terceros.
El presidente del máximo tribunal provincial también destacó el carácter institucional del acuerdo al señalar que implica la convergencia de distintos organismos del Estado en torno a un objetivo común, en un terreno donde las decisiones requieren articulación inmediata y precisión operativa.
La firma se realizó en la Sala de Acuerdos de Verano de la SCBA, con la presencia del vicepresidente Daniel Fernando Soria, funcionarios judiciales y representantes de las áreas involucradas, además de magistrados y miembros de la sociedad civil.
