La Corte provincial suspendió preventivamente a dos trabajadores judiciales acusados de retirar cuatro aires acondicionados del obrador del Poder Judicial utilizando un vehículo oficial. Investigan si hubo más involucrados.
Una camioneta del Poder Judicial de San Juan con la leyenda “vehículo recuperado del delito” quedó en el centro de un escándalo después de que dos empleados judiciales fueran acusados de utilizarla para retirar equipos de aire acondicionado del propio obrador oficial.
El caso provocó un fuerte impacto dentro de la estructura judicial sanjuanina y derivó en una rápida reacción institucional. De hecho, este martes la Corte de Justicia provincial resolvió suspender preventivamente a dos de los sospechosos, Juan Pablo A. y Juan José G., ambos empleados judiciales, mientras avanza una causa penal en la que ya fueron imputados por el delito de peculado, figura que castiga a los funcionarios públicos que sustraen bienes bajo su custodia.
La investigación está a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi junto a la ayudante fiscal Victoria Martín. La audiencia de formalización fue encabezada por el juez de Garantías Matías Parrón, quien dispuso que los acusados continúen en libertad bajo medidas cautelares y otorgó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria.
Según la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 8 de mayo en el edificio ubicado entre las calles San Luis y 25 de Mayo, en la capital provincial, donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales del Poder Judicial.
Los investigadores sostienen que los acusados aprovecharon el acceso que tenían a esos sectores para retirar cuatro equipos de aire acondicionado que se encontraban almacenados en el obrador judicial. De acuerdo con la fiscalía, no existía autorización ni documentación oficial que justificara el movimiento de los aparatos, pese a que todos los bienes del Poder Judicial deben estar inventariados y registrados formalmente.
La maniobra habría sido realizada utilizando una Toyota Hilux oficial perteneciente al Poder Judicial, justamente identificada con la frase “vehículo recuperado del delito”, detalle que terminó amplificando la repercusión pública del caso.
Durante la investigación, los efectivos recuperaron los cuatro aires acondicionados en el domicilio de uno de los acusados. La fiscalía sostiene además que los equipos habrían sido trasladados hasta esa vivienda para beneficio personal, situación que terminó de consolidar la sospecha de apropiación indebida de bienes estatales.
El expediente también menciona a Jorge Fernando C., otro empleado judicial señalado por los imputados como quien habría impulsado la maniobra. El hombre permaneció prófugo durante varias horas hasta que finalmente se entregó y ahora deberá dar explicaciones ante la Justicia.
En paralelo al avance de la causa penal, la Corte de Justicia abrió un sumario administrativo interno para determinar qué ocurrió con los equipos y analizar la conducta de los trabajadores involucrados.
