Funcionarios, magistrados, abogados y especialistas analizaron los desafíos institucionales, presupuestarios y operativos del proceso de transferencia de competencias de la Justicia Nacional a la ciudad de Buenos Aires. El encuentro puso el foco en la necesidad de consensos, planificación y coordinación entre jurisdicciones.
La sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal fue escenario de la jornada “Mesa de diálogo sobre Traspaso de las Competencias de la Justicia Nacional”, organizada por FORES, donde funcionarios, jueces, abogados y especialistas debatieron sobre uno de los procesos institucionales más relevantes para el futuro de la administración de justicia porteña.
La apertura estuvo encabezada por el presidente de FORES, Pablo Pirovano, quien destacó la necesidad de sostener espacios de diálogo entre todos los sectores involucrados para avanzar hacia una transferencia “ordenada, previsible y con seguridad jurídica”.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la exposición del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, quien sostuvo que “la autonomía no es un concepto abstracto, sino un proceso institucional” y planteó que el debate actual ya no pasa por definir si la Ciudad debe asumir nuevas competencias, sino cómo implementar ese proceso de manera eficiente.
Durante su intervención, Tapia confirmó que la Ciudad avanzará en una nueva etapa de transferencia de competencias penales y anticipó la convocatoria a concursos para la creación de 40 nuevos juzgados laborales. Además, señaló que el objetivo es que el nuevo fuero laboral comience a funcionar el 1° de febrero de 2027 y remarcó la necesidad de contar con los recursos presupuestarios correspondientes para sostener el proceso.
El primer panel estuvo dedicado al análisis de la experiencia de traspaso ya implementada en la justicia criminal y correccional. Moderado por Martín Casares, contó con las exposiciones de Ricardo Matías Pinto, Manuel Izura y Deborah Dobniewski, quienes repasaron dificultades operativas, lecciones aprendidas y la importancia de establecer reglas claras de implementación.
El segundo panel abordó específicamente el traspaso de competencias laborales y los desafíos derivados del acuerdo entre Nación y Ciudad. La mesa fue moderada por Esteban Carcavallo y reunió al vicepresidente de la Cámara Nacional del Trabajo, Carlos Pose; Julio Lalanne; Carina Castrillón y Karina Palacios.
Los expositores analizaron cuestiones vinculadas al financiamiento, la estructura judicial necesaria y los mecanismos de transición institucional. En ese contexto, desde el Ministerio de Justicia porteño señalaron que se proyecta una estructura de hasta 60 juzgados y ocho salas para absorber el volumen actual de litigios laborales, además de mecanismos para facilitar la incorporación de personal judicial al ámbito local.
La actividad contó además con una amplia presencia de autoridades judiciales, académicas y representantes institucionales, entre ellos Gabriel Astarloa, junto a magistrados de los fueros penal y laboral y representantes del CPACF.
En el cierre, Pirovano insistió en que el traspaso debe ser concebido como una política de Estado sostenida en el tiempo. “El desafío no es sólo avanzar. Es avanzar bien”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de que el debate quede limitado a “defensas corporativas” o resistencias frente al cambio institucional.
Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la coordinación entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y el de la Ciudad, garantizar la transferencia efectiva de recursos e infraestructura, y consolidar reglas transitorias claras para asegurar una implementación eficiente.
La jornada dejó como principal conclusión la necesidad de sostener instancias de diálogo técnico e institucional entre la Ciudad, el Poder Judicial nacional, la abogacía y los especialistas, con el objetivo de construir consensos que permitan avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente, cercano y previsible.
Fotografías: Estrella Herrera
