El ex titular de la cartera económica durante la presidencia de Alberto Fernández declaró como testigo en la causa en la que se investiga si el decreto 823/2021, que obligaba a los organismos oficiales a contratar con “Nación Seguros”, favoreció indebidamente a allegados del ex Jefe de Estado, cuyo procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública fue revocado por la Cámara de Casación.
La Sala IV de la Cámara de Casación revocó el procesamiento de Alberto Fernández por negociaciones incompatibles con la función pública, dictado por el juez federal Sebastián Casanello y ordenó que se hiciera lugar a los testimonios solicitados por el ex Presidente, a quien se lo acusa de haber favorecido irregularmente con comisiones millonarias a brokers allegados suyos a partir del decreto 823/2021, que ordenaba que todos los organismos públicos debían contratar pólizas exclusivamente con “Nación Seguros”.
Entre esas declaraciones testimoniales se cuenta la del ex ministro Martín Guzmán, quien se presentó en el Juzgado Federal 11 que actualmente subroga Ariel Lijo, donde, bajo juramento de decir verdad, reseñó las dependencias de control legal de su cartera que actuaron antes de que él mismo firmara el decreto objetado, “sin formular reparos al dictado de la medida, más allá de sugerencias formales”.
Consultado sobre su opinión acerca de la conveniencia del contenido del decreto, explicó que el objetivo era “proteger los intereses del Estado Argentino ante eventos de carácter macroeconómico sistémico, en los que las aseguradoras privadas podrían no estar en condiciones de cubrir al Estado”.
Guzmán recordó que como por esa época la Argentina no tenía entonces acceso al mercado de crédito internacional para diversificar ese riesgo, “lo lógico era que el Estado se asegurara consigo mismo” y que pagarle una prima a una aseguradora privada que luego no podría afrontar un siniestro sistémico habría significado que “el Estado estaría malgastando sus recursos”.
Calificó la política como positiva desde el punto de vista económico porque, sostuvo, “defendía los intereses del Estado Nacional”, e insistió en que el decreto evitaba distribuir recursos públicos en empresas privadas que ante circunstancias graves podrían no hacerse cargo de sus responsabilidades, derivándolas en el Estado.
Consultado sobre si percibió que el decreto buscara beneficiar a personas o empresas particulares del rubro seguros, respondió que no. La pregunta se debía a que el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero, y también procesado por Casanello, habría sido uno de los beneficiarios del decreto, ganando cifras millonarias durante la vigencia de la norma.
Guzmán también descartó que hubieran existido reuniones previas -presenciales o virtuales- con el Presidente antes de la firma del decreto, y aclaró que la intervención del Ministerio de Economía en este tipo de medidas responde a un procedimiento estándar que se repite “varias veces, todos los días”.
Sobre su relación con Alberto Fernández, dijo que nunca tuvo inconvenientes personales con él y que las dificultades que debieron afrontar fueron las propias de la coyuntura económica, “como la guerra en Ucrania”, y no diferencias entre las personas.
