En una nueva edición de las Charlas Federales Quorum, referentes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Gobierno de Chubut coincidieron en que la inteligencia artificial ya es parte del presente institucional. Los desafíos éticos, la supervisión humana y la construcción de confianza pública estuvieron en el centro del debate.
Con un auditorio colmado en el Museo Egidio Feruglio (MEF) de Trelew, se realizó una nueva edición de las Charlas Federales Quorum bajo el título “IA, Justicia y Gestión Pública: presente y futuro en la provincia del Chubut”. Durante casi dos horas, referentes de distintos ámbitos analizaron los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial para el sistema judicial y la administración pública.
La actividad fue organizada por Quorum y contó con la participación del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone; el procurador General Jorge Luis Miquelarena; el secretario electoral permanente Alejandro Tullio; y la secretaria General de Gobierno de Chubut, Macarena Acuipil. La moderación estuvo a cargo de la periodista Lucía Salinas.
Entre los asistentes se encontraban las ministras del Superior Tribunal de Justicia Camila Banfi Saavedra y Silvia Bustos; el defensor General Sebastián Daroca; y los procuradores adjuntos Matías Froment y Marcos Fink; además de magistrados, funcionarios, estudiantes universitarios, periodistas y empleados judiciales.
La apertura estuvo a cargo del vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Gastón Raidan, quien dio la bienvenida y agradeció la presencia de todos los participantes.
Pensar juntos los desafíos del presente
Al iniciar la charla, Lucía Salinas destacó la necesidad de generar espacios de encuentro para reflexionar sobre los cambios que atraviesan las instituciones. “No hay espacio más valioso que aquel que nos permite conversar, escucharnos y reflexionar colectivamente sobre los desafíos de la Justicia”, afirmó.
Salinas agradeció la realización del encuentro en Chubut, provincia que definió como pionera tanto en materia legislativa como judicial, y expresó su deseo de que este tipo de debates continúen multiplicándose.
Además, sostuvo que la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) plantea interrogantes que exceden lo tecnológico y obligan a reflexionar sobre el futuro de las instituciones.
Y agregó: “El avance de la Inteligencia Artificial presenta un doble desafío: mejorar la eficiencia administrativa y, al mismo tiempo, preguntarnos por los límites éticos y las garantías del debido proceso”.
¿Por qué el Derecho?
La primera pregunta de la jornada invitó a los panelistas a compartir las razones que los llevaron a elegir sus profesiones y el servicio público.
El procurador General Jorge Luis Miquelarena recordó que durante su adolescencia estaba convencido de que estudiaría Medicina. Sin embargo, una experiencia familiar ocurrida durante la última dictadura militar modificó ese rumbo: “Creo que viví de tal modo esa injusticia que cambié de idea y me puse a estudiar Derecho”.
Lo que comenzó como una reacción frente a una situación personal terminó convirtiéndose en una convicción permanente. Tras años de ejercicio profesional privado, se incorporó a la función pública y desarrolló una extensa carrera en el ámbito judicial.
El presidente del STJ Andrés Giacomone explicó que inicialmente existió una fuerte influencia familiar en su decisión de estudiar Derecho, aunque la verdadera vocación apareció con el ejercicio de la profesión. “Uno se termina enamorando del Derecho desde el Derecho”, dijo.
Según sostuvo, la pasión se construye todos los días, a través de los distintos roles que cada abogado desempeña a lo largo de su carrera.
Por su parte, la secretaria General de Gobierno Macarena Acuipil destacó la importancia del trabajo interdisciplinario para abordar los desafíos de la gestión pública: “No soy abogada, soy politóloga, pero me parece muy interesante poder compartir distintas perspectivas”.
A su entender, las mejores soluciones nacen del diálogo entre distintas disciplinas. La combinación entre creatividad, planificación y marco jurídico, sostuvo, permite construir políticas públicas más sólidas.
Alejandro Tullio, especialista en derecho electoral, relató que su vocación nació de experiencias familiares marcadas por la injusticia y la necesidad de reparación. “Creo que tienen una cuestión común, que es la cuestión reparadora”, afirmó.
Tullio destacó además la capacidad del Derecho para comprender los conflictos humanos desde una mirada racional: “La razón intenta comprender las pasiones de los otros”.
La confianza en la Justicia
Consultados sobre cómo fortalecer el vínculo entre la Justicia y la ciudadanía, los expositores coincidieron en que uno de los principales desafíos actuales es mejorar la confianza pública.
Consideraron que la transparencia, el acceso a la información y una comunicación más clara son herramientas fundamentales para acercar las decisiones judiciales a la sociedad.
También señalaron que gran parte del trabajo judicial permanece invisibilizado para la ciudadanía y que muchas veces la percepción pública se construye únicamente a partir de los casos más resonantes.
La conclusión fue compartida: construir una Justicia más cercana, comprensible y accesible es una responsabilidad institucional permanente.
Capital humano, tecnología y transformación
La discusión también abordó cuál es hoy el principal desafío para mejorar el sistema de justicia.
Desde el Poder Ejecutivo provincial, Acuipil sostuvo que la transformación requiere una combinación de inversión tecnológica, capacitación y decisión política.
Mencionó además los avances impulsados por el Gobierno provincial a través de la ley de innovación y mejora de procesos y el desarrollo de la plataforma Dino, que incorpora inteligencia artificial generativa para optimizar procedimientos administrativos.
Según explicó, la tecnología puede ayudar a eliminar barreras geográficas, agilizar trámites y acercar servicios a los ciudadanos, especialmente en una provincia con grandes extensiones territoriales. “El tiempo que nos ahorramos lo invertimos en pensar, gestionar y crear”, destacó.
Por su parte, Andrés Giacomone defendió el modelo de selección y control de magistrados vigente en Chubut: “El Consejo de la Magistratura ha sido un adelanto enorme”.
Destacó la rapidez de los concursos, los mecanismos de evaluación y la transparencia del sistema.
Jorge Luis Miquelarena también valoró la integración plural del organismo y la celeridad de los procesos. “En muy poco tiempo saben cómo les fue, no tienen que estar esperando un año para hacer el paso siguiente”, señaló.
Inteligencia artificial: oportunidades, límites y riesgos
El eje central del encuentro estuvo dedicado al impacto de la inteligencia artificial en la Justicia y la gestión pública.
Los panelistas coincidieron en que el primer desafío consiste en comprender realmente cuáles son sus alcances y cuáles son sus riesgos.
Entre los temas más mencionados aparecieron la calidad de los datos, los sesgos algorítmicos, la protección de información sensible, la capacitación de los operadores y la necesidad de construir marcos regulatorios flexibles.
Para Giacomone la discusión ya no pasa por decidir si se utilizará o no inteligencia artificial. “Estamos atravesando un cambio de paradigma, y conocerlo o no formar parte de él no es una opción”, resaltó.
Adelantó además que el Poder Judicial de Chubut ya trabaja en experiencias piloto para evaluar procesos susceptibles de incorporar inteligencia artificial, siempre bajo supervisión judicial: “Nunca una inteligencia artificial puede reemplazar al humano en la toma de decisiones”.
Miquelarena, por su parte, expuso experiencias vinculadas al análisis masivo de información criminal y recordó los intentos realizados para detectar patrones entre miles de investigaciones con autores desconocidos. “Lo que pretendíamos era abandonar la lógica del caso a caso y empezar a buscar similitudes entre los distintos casos”, manifestó.
Mencionó además la experiencia chilena de “Fiscal Heredia” y otros sistemas capaces de identificar relaciones entre investigaciones complejas.
Sin embargo, marcó un límite claro: “No me puede sugerir a mí un sistema de inteligencia artificial qué medidas tengo que tomar. La decisión la tomo yo, fiscal”.
También destacó el potencial del trabajo conjunto entre organismos públicos y universidades.
Tullio explicó que la inteligencia artificial no necesariamente permite hacer cosas nuevas, sino realizarlas de manera útil, rápida y oportuna: “Lo que se puede hacer matemáticamente con 100 o 200 matemáticos trabajando, ahora se puede hacer con un sistema”.
A partir de ejemplos vinculados a la fiscalización electoral y el análisis de grandes volúmenes de datos, destacó que hoy es posible detectar anomalías o comportamientos sospechosos en tiempo real.
Para el Secretario Electoral, la IA cumple un rol similar al que históricamente desempeñaron los peritos y especialistas técnicos. “La supervisión del dato es lo mismo que la valoración de la prueba en términos tradicionales del derecho judicial”, dijo.
¿La IA hará más eficiente a la Justicia?
La respuesta fue prácticamente unánime.
Tullio sostuvo que la IA permitirá realizar tareas que hoy resultan prácticamente imposibles por cuestiones de tiempo y volumen de información.
Giacomone señaló que abogados y estudios jurídicos ya utilizan estas herramientas para producir documentos y analizar información, por lo que el Poder Judicial debe adaptarse a una nueva realidad.
Miquelarena citó el caso de sistemas capaces de analizar miles de páginas y elaborar resúmenes documentales en pocas horas, reduciendo drásticamente los tiempos de trabajo.
La frase que sintetizó el consenso del panel fue la expresada por Andrés Giacomone: “La discusión ya no es si vamos a usar inteligencia artificial; es como discutir hoy si vamos a usar o no internet”.
¿Quién debe supervisar el uso de la inteligencia artificial?
Sobre el cierre del debate, los expositores coincidieron en que la regulación debe construirse desde cada organismo, respetando sus competencias y garantizando siempre la responsabilidad humana.
Giacomone advirtió que las regulaciones excesivamente específicas corren el riesgo de quedar obsoletas rápidamente frente al avance tecnológico.
Miquelarena recordó que el Ministerio Público ya trabaja en lineamientos internos, evalúa la creación de una agencia especializada y analiza la conformación de un comité de ética.
Además, destacó la participación de procuraciones de todo el país en una Red Nacional de Inteligencia Artificial destinada a compartir experiencias y buenas prácticas.
Tullio fue categórico al resumir la cuestión: “El que firma es el responsable”.
La última pregunta
Luego de un breve ida y vuelta con al público, y antes de concluir la jornada, Lucía Salinas propuso una consigna diferente: recordar cuál había sido la primera consulta que cada uno realizó a una inteligencia artificial.
Las respuestas revelaron usos tan cotidianos como significativos.
Macarena Acuipil recordó sus primeros pedidos de resúmenes de textos y documentos.
Alejandro Tullio contó que utilizó la IA para procesar información compleja mientras preparaba una clase.
Andrés Giacomone relató que recurrió a estas herramientas para resolver necesidades académicas y obtener información contextual de manera rápida.
Jorge Luis Miquelarena, en cambio, recordó una consulta futbolera cuya respuesta resultó equivocada, experiencia que le permitió advertir tempranamente las limitaciones de estos sistemas.
Más allá de las anécdotas, todos coincidieron en una idea central: la inteligencia artificial ya forma parte del presente de la Justicia y de la gestión pública. El desafío será aprovechar su potencial sin perder de vista que las decisiones, las responsabilidades y la protección de los derechos siguen estando, y deben seguir estando, en manos de las personas.
Por último, un agradecimiento especial por parte de Quorum a Pablo Vernazza, director de la Agencia de Comunicación Judicial de Chubut, por su compromiso y colaboración en la organización de esta nueva edición de las Charlas Federales, así como al equipo de comunicación institucional que hizo posible la realización del encuentro en la provincia.
