El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Lomas de Zamora 2, rechazó el pedido de detención que había formulado la fiscalía y en su lugar impuso a Martín Insaurralde, Jesica Cirio, Sofía Clérici y otros cuatro imputados la prohibición de salida del país, la obligación de no alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio y el deber de informar al tribunal cualquier ausencia superior a 24 horas.
El juez que investiga al ex funcionario bonaerense por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, Luis Armella, reseñó los pedidos del fiscal Sergio Mola a partir de los videos en los que se ve a la ex esposa de Martín Insaurralde, Jesica Cirio, exhibiendo una cantidad indeterminada de fajos de dólares termosellados, cuya suma total es motivo de controversia, en el vestidor de la casa que ambos ocuparon en el barrio “Fincas de San Vicente”.
Tras la difusión pública de las grabaciones, Mola consideró indispensable avanzar directamente con la detención y no con una citación ordinaria, por entender que era la única vía segura para neutralizar el riesgo de que los imputados entorpecieran la investigación. También argumentó que la restricción vigente hasta entonces, la obligación de avisar al tribunal antes de salir del país, resultaba insuficiente para controlar eventuales operaciones financieras en el exterior vinculadas al dinero exhibido en el video, y que el desconocimiento del paradero actual de los imputados agravaba el riesgo procesal.
El fiscal sumó que, aunque la causa lleva más de dos años de instrucción, las nuevas circunstancias derivadas de la difusión pública del dinero robustecían de manera significativa la hipótesis delictiva inicial, lo que a su criterio justificaba restringir momentáneamente la libertad de los imputados.
En un segundo escrito, el Ministerio Público Fiscal pidió además que se dispusieran medidas de coerción, deber de denunciar domicilio, prohibición de alejarse más de 50 kilómetros sin autorización y prohibición de salida del país, respecto de Gastón Barrachina, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Víctor Mariano Donadio, Sofía Clérici y Carolina Ileana Álvarez.
Por qué Armella descartó la detención.
El juez consideró que el pedido de indagatoria contra Cirio e Insaurralde resultaba prematuro y presentaba una “evidente orfandad probatoria”. Señaló puntualmente que, en el caso de Cirio, la fiscalía nunca identificó un hecho concreto ni una calificación legal precisa.
Armella remarcó que el peritaje contable sobre la evolución patrimonial de los imputados, a cargo de la perito oficial María Eleonora Feser, con un avance del 91% y fecha de finalización estimada para el 17 de julio próximo, es la prueba central de la causa, y que sus conclusiones determinarán si corresponde o no avanzar con nuevas indagatorias.
Respecto del video, el magistrado destacó que todavía está pendiente de peritaje a través de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, y que fue él mismo quien ordenó determinar si el material fue adulterado manual o digitalmente. Subrayó que en el expediente no se estableció ni la fecha ni el lugar de filmación, aunque la hipótesis fiscal ubica el video en 2023, antes de los allanamientos ya realizados en la causa.
A esto agregó que los imputados se mantuvieron siempre a disposición de la justicia, sin que se hubieran registrado intentos de intimidación a testigos: incluso uno de ellos, identificado como Suárez, probablemente el periodista Diego Suárez que entrevistó a Elías Piccirillo, respondió expresamente que no había recibido coacciones tras la difusión del video.
Las medidas que ordenó Armella
Con esa descripción de los hechos, el juez hizo lugar a las medidas de coerción pedidas por la fiscalía para Barrachina, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Donadio y Clérici, y las extendió también a Martín Insaurralde y Jésica Cirio. En concreto, dispuso:
- Prohibición de salida del país, con comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones.
- Obligación de no alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial previa, y de avisar al tribunal con anticipación toda ausencia superior a 24 horas.
- Obligación de denunciar y mantener actualizado su domicilio efectivo dentro de las 24 horas.
- Compromiso de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación.
El pedido de medidas respecto de Carolina Ileana Álvarez, ex esposa de Insaurralde, quedó sin resolver: el juez recordó que no reviste el carácter formal de imputada y que la cuestión está bajo tratamiento ante la Cámara Federal de La Plata.
Por último, el juez cuestionó la exposición mediática del caso por parte de la fiscalía y advirtió que la sobreactuación pública en la presentación de pedidos puede comprometer el avance de la pesquisa y presionar indebidamente a testigos y auxiliares de la justicia.
