El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut removió por unanimidad a Hugo Sánchez al considerar probado un patrón sostenido de hostigamiento, destrato y descalificación hacia trabajadoras de la Asesoría de Familia. El fallo concluyó que su conducta provocó un grave deterioro en el funcionamiento del organismo judicial.
La destitución de Hugo Sánchez, hasta ahora titular de la Asesoría de Familia de Esquel, cerró uno de los procesos disciplinarios más sensibles que atravesó en los últimos años el Poder Judicial de Chubut. Por unanimidad, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió removerlo del cargo tras considerar acreditado que ejerció durante años una modalidad de conducción basada en el hostigamiento, el maltrato y la descalificación sistemática de profesionales, en su mayoría mujeres.
El veredicto fue oficializado este miércoles en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson, luego de un jury que puso bajo análisis no solo las conductas del funcionario, sino también el impacto institucional de su accionar dentro de un organismo especialmente sensible, encargado de intervenir en conflictos familiares y en la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
El tribunal estuvo presidido por la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi Saavedra e integrado además por los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita, junto con los abogados Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía.
Un patrón de violencia laboral sostenido
La decisión se apoyó en un extenso cuadro probatorio que incluyó el testimonio de Paula Epifane, denunciante original del caso, además de declaraciones de trabajadores judiciales y otros testigos que describieron un esquema reiterado de violencia laboral dentro de la dependencia.
Para el jury, no se trató de episodios aislados ni de conflictos interpersonales puntuales. Por el contrario, los magistrados concluyeron que existió un patrón persistente de destrato hacia al menos cinco profesionales que dependían jerárquicamente de Sánchez.
La denuncia había llegado al Consejo de la Magistratura en junio de 2025, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), luego de un sumario interno instruido por el defensor general Sebastián Daroca.
Durante la investigación previa al juicio, la instructora Lucía Pettinari sostuvo que las conductas denunciadas encuadraban dentro de los parámetros de violencia y acoso laboral, e incluso de violencia por razones de género, en línea con el Convenio 190 de la OIT.
Según esa reconstrucción, las prácticas denunciadas incluyeron descalificaciones reiteradas, distribución desigual de tareas y una dinámica de trabajo marcada por la intimidación y el temor a represalias.
El impacto en la Justicia
Uno de los aspectos que más pesó en el fallo fue el efecto concreto que esa dinámica produjo sobre el funcionamiento de la Asesoría de Familia. Al dar a conocer la resolución, Banfi Saavedra sostuvo que el cargo exigía “especiales condiciones de equilibrio, respeto, prudencia, liderazgo, integridad y aptitud para conducir equipos de trabajo”, cualidades que —según concluyó el tribunal— Sánchez no demostró reunir.
El jury entendió además que el clima laboral generado derivó en el alejamiento de profesionales capacitados, licencias vinculadas a problemas de salud mental y un deterioro de la capacidad operativa del organismo.
Ese impacto fue relevante a la hora de encuadrar la conducta por mal desempeño, prevista en la Ley V N.º 80, al considerar que el accionar del funcionario comprometió el adecuado funcionamiento del servicio de justicia.
