Por medio de dos convenios sin precedentes recientes, la Justicia porteña asume un amplio catálogo de competencias criminales, incluyendo abusos, privación de la libertad y todos los delitos no federales cometidos por menores. Se trata del primer gran traspaso penal de la actual gestión, que busca consolidar el mandato constitucional de 1994 y acercar la resolución de conflictos a los vecinos.
El 3 de julio de 2026 quedará marcado en los registros institucionales como una jornada histórica para el federalismo argentino y el sistema judicial metropolitano. En un acto oficial realizado en la sede del Ministerio de Justicia, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizaron la firma de dos acuerdos trascendentales.
Los convenios habilitan a la Ciudad a asumir nuevas y amplias competencias penales, marcando un punto de inflexión en la administración de justicia tanto para personas adultas como para menores de edad. Se trata del primer traspaso de competencias penales concretado durante la actual gestión de gobierno.
Además, este avance institucional complementa el “Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias en Materia Laboral”, rubricado entre la Nación y la Ciudad en febrero de este año. Con estos nuevos acuerdos se suma un nuevo hito en el largo camino hacia la autonomía porteña plena, un objetivo que la Ciudad busca consolidar desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
El acto fue encabezado por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quienes suscribieron los instrumentos legales que permitirán avanzar con esta transferencia progresiva de competencias desde la órbita nacional hacia la justicia local.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades de distintos organismos del Poder Judicial porteño y de legisladores de la Ciudad que respaldaron la iniciativa. También participó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, representado por su presidenta, Inés M. Weinberg, junto a los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi; la titular del Ministerio Público de la Defensa, Marcela Millán; el fiscal general de la Ciudad, Javier Martín López Zavaleta; la asesora Tutelar Carolina Stanley; la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón; el vicepresidente primero, Horacio Corti y la consejera Rocío López Di Muro; el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Javier Buján; el vicepresidente de dicha Cámara, Gonzalo Viña y el secretario de Justicia porteño y ex presidente del Consejo, Francisco Quintana, entre otros.
La presencia de las máximas autoridades judiciales reflejó la relevancia institucional del compromiso que asume la Justicia porteña al incorporar estas nuevas y complejas responsabilidades jurisdiccionales.
Juan Bautista Mahiques destacó la trascendencia institucional del acuerdo y sostuvo que “este paso fundamental profundiza el proceso de autonomía de la Ciudad, optimiza la distribución de recursos judiciales y garantiza una respuesta más ágil y cercana a los ciudadanos”.
Por su parte, Gabino Tapia encuadró el acuerdo dentro del mandato del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y sostuvo que avanzar en la autonomía constituye una política central de su gestión. “Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución”, afirmó.
Luego agregó: “Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación”.
Finalmente, destacó el impacto que tendrá la medida para los ciudadanos: “Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños. Es lo que nos corresponde y es el mandato de nuestro jefe de Gobierno, Jorge Macri”.
Las competencias penales transferidas
Para comprender la verdadera magnitud de este cambio institucional, resulta necesario desglosar cuáles son los delitos que pasarán a ser investigados y juzgados por los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Delitos contra el Honor
Calumnias e injurias.
Delitos contra la Integridad Sexual
Abuso sexual (arts. 119 y 120).
Abuso sexual seguido de muerte (art. 124).
Corrupción de menores (art. 125).
Promoción o facilitación de la prostitución agravada (art. 126).
Explotación de la prostitución (art. 127).
Rapto (art. 130).
Delitos contra la Libertad
Reducción a la servidumbre (art. 140).
Privación ilegítima de la libertad (arts. 141 y 142).
Sustracción de menores, instigación a fugarse del hogar y otras modalidades (arts. 146 al 149).
Amenazas coactivas y sus modalidades (art. 149 bis, 2° párrafo, y art. 149 ter, inc. 1).
Delitos contra la Seguridad del Tránsito y de los Medios de Transporte y Comunicación
Estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes (art. 194).
Delitos previstos en Leyes Penales Especiales
Régimen Legal de la Propiedad Intelectual (Ley Nacional N° 11.723).
Ejercicio Ilegal de la Medicina Veterinaria (Ley Nacional N° 14.072).
Protección y Conservación de Fauna Silvestre (Ley Nacional N° 22.421).
Repercusiones
El acuerdo también generó una rápida repercusión dentro del Gobierno porteño y de los organismos que integran el sistema judicial de la Ciudad.
A través de sus redes sociales, la titular del Consejo de la Magistratura Karina Leguizamón celebró la firma de los convenios y sostuvo que representan “un paso más, sólido y decisivo” hacia la autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia judicial.
En ese marco, destacó que desde el Gobierno porteño “trabajamos para que cada vez más causas se resuelvan más cerca de los vecinos, con una Justicia porteña más fuerte, más ágil y con mayor autonomía”.
En la misma línea se expresó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que participó del evento por medio de su titular Martín López Zavaleta, difundió un comunicado en el que manifestó su satisfacción por el avance alcanzado.
“Hoy dimos un paso más en nuestra anhelada búsqueda de la autonomía plena de la Ciudad: la firma de dos nuevos convenios de transferencias de competencias penales, uno para los delitos cometidos por personas mayores y el otro por menores”, señalaron desde el organismo.
Además, recordaron que “desde 2017 que no se alcanzaba un hito de este estilo” y reafirmaron el compromiso institucional de aprovechar esta nueva etapa para demostrar la capacidad técnica y operativa del Ministerio Público Fiscal frente a los desafíos que implicará la ampliación de competencias.
No obstante, la firma de ambos convenios constituye el acuerdo político, jurídico y programático entre el Gobierno Nacional y la Ciudad, pero no implica una implementación inmediata de las nuevas competencias.
Los documentos establecen expresamente que los convenios comenzarán a regir una vez que sean aprobados tanto por el Congreso de la Nación como por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
A ello deberá sumarse la celebración de nuevos acuerdos destinados a regular la transferencia de los recursos económicos, financieros, edilicios y logísticos necesarios para garantizar la correcta implementación del nuevo esquema de competencias.
Mientras ese proceso legislativo e institucional avanza, el Ministerio Público Fiscal porteño anticipó que aprovechará esta etapa de transición para preparar el funcionamiento del sistema.
Según explicaron las autoridades, durante este período se desarrollarán las herramientas administrativas, investigativas e informáticas necesarias, además de protocolizar las distintas intervenciones procesales que requerirá la puesta en marcha del nuevo régimen.
El objetivo, señalaron, será llegar a la entrada en vigencia de los convenios con una estructura plenamente preparada para continuar brindando un servicio de Justicia eficiente y acorde a las necesidades de quienes viven, trabajan y transitan diariamente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
