Tiene 44 años, es abogada y trabaja desde hace más de 17 años en el Poder Judicial bonaerense. La acusan de integrar una organización que captaba personas vulnerables para abrir cuentas y mover fondos que, según la investigación, provenían en parte de un casino online clandestino.
Hace más de 17 años que Albertina Mangini trabaja en el Poder Judicial bonaerense. Es abogada, tiene formación en Derecho Penal y actualmente cumple funciones en una dependencia de la Fiscalía General en La Plata. En abril allanaron su domicilio y, cuatro meses después, fue detenida en el marco de una causa que investiga una presunta organización que utilizaba las identidades de personas vulnerables para abrir cuentas y mover millones de pesos.
Mangini, quien el pasado 1° de julio cumplió 44 años, está imputada por delitos vinculados con estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Tras su detención fue convocada a declarar, pero se negó a hacerlo.
De acuerdo con la investigación, las maniobras financieras atribuidas a la organización habrían alcanzado los 27 mil millones de pesos en apenas unos meses. Los investigadores determinaron además que parte de esos fondos provenía de un casino online que operaba de manera clandestina.
La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Betina Lacki, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N°6, encabezado por Agustín Carlos Crispo.
De Saladillo a La Plata
Mangini es oriunda de Saladillo, donde viven sus padres, aunque posteriormente se radicó en La Plata. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entre 2002 y 2008 y obtuvo allí el título de abogada.
Su ingreso al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se produjo en junio de 2009. Según la trayectoria que ella misma consigna en su perfil de LinkedIn, comenzó como auxiliar letrada en una fiscalía de Saladillo, donde permaneció hasta septiembre de 2014.
En octubre de ese año pasó a trabajar en La Plata. En su perfil profesional figura desde entonces con el cargo de secretaria, aunque fuentes de la Gobernación bonaerense consultadas por Quorum precisaron cuál era actualmente su ámbito de trabajo y rechazaron cualquier vínculo laboral con el Ejecutivo provincial.
“Es una empleada judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia”, explicaron. Según las mismas fuentes, Mangini “trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General en la cual tenían acceso a la información de las personas liberadas”.
Desde Gobernación señalaron que esa situación se originó en un convenio implementado durante la gestión de María Eugenia Vidal. “Durante una parte de la etapa de supervisión, algunas personas -aquellas que no pasaron por la cárcel por tener una pena de ejecución condicional- deben presentarse a firmar en esa sede de la Fiscalía”, explicaron.
Y agregaron: “De ahí es que esa empleada judicial tenía información de personas condenadas por el Poder Judicial”.
La formación de Mangini está particularmente vinculada con el área penal. Además de su título de abogada, inició una Especialización en Derecho Penal y Criminología en la UNLP y en 2014 realizó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) el curso de posgrado “Cuestiones actuales de derecho penal”.
La denuncia que destapó todo
El origen de la causa estuvo lejos de los movimientos multimillonarios que después aparecerían en la investigación. Según fuentes del caso, una empleada de limpieza denunció que habían abierto cuentas a su nombre luego de aceptar entregar datos personales y biométricos a cambio de dinero.
La mujer habría recibido 40 mil pesos por lo que describió como una “lectura del iris”. Le habían prometido otros 40 mil y, como no recibió el segundo pago, reclamó. En ese momento, según la reconstrucción del caso, volvieron a tomarle datos que habrían sido utilizados para abrir otras dos cuentas.
Cuando descubrió las cuentas creadas con su identidad, realizó la denuncia. A partir de ese caso comenzaron a aparecer otras personas y movimientos financieros de una magnitud mucho mayor.
La mecánica
Según la acusación, entre fines de 2023 y al menos agosto de 2024 se habría montado un mecanismo para captar personas en situación de vulnerabilidad y ofrecerles dinero a cambio de sus datos personales.
Los investigadores sostienen que la propuesta podía llegar a 80 mil pesos. A cambio, las personas entregaban su documentación, permitían que les tomaran fotografías y realizaban validaciones biométricas.
Parte de esos encuentros, de acuerdo con la investigación, se habría concretado en un bar ubicado en la zona de las calles 7 y 56 de La Plata.
Con la información obtenida se habrían abierto cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de las personas captadas. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y contraseñas necesarios para operarlas quedaban bajo el control de otras personas.
Las víctimas se convertían así en lo que los investigadores denominan “mulas financieras”: formalmente aparecían como titulares de las cuentas, pero no controlaban el dinero que circulaba por ellas. Testigos de la causa llegaron a describir “filas” de personas que concurrían para recibir el dinero ofrecido, entre ellos ex detenidos o familiares de presos, sin deudas ni compromisos.
La detención
Mangini ya había sido allanada en el mes de abril pasado, durante una primera etapa de la investigación. Sin embargo, en ese momento no quedó detenida.
La pesquisa continuó y derivó en una segunda serie de procedimientos realizados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. Los investigadores identificaron nueve domicilios vinculados con la causa en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda, Córdoba.
Los nuevos operativos terminaron con tres personas detenidas: Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrotta.
De acuerdo con la hipótesis policial, la mujer habría participado de la captación de las personas vulnerables, mientras que los otros dos sospechosos habrían intervenido en la apertura y administración de las cuentas y en las operaciones financieras.
Durante los allanamientos se secuestraron 17 teléfonos celulares, cuatro notebooks, seis CPU, seis posnet, tres pendrives, equipos de almacenamiento, un automóvil de alta gama y una pistola calibre 9 milímetros.
Los efectivos también encontraron 2.787.440 pesos, 3.300 dólares, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
Por el hallazgo del arma, la fiscalía dispuso abrir además actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra.
La aclaración de Kicillof y Mena
La detención de Mangini tuvo además una derivación política después de que algunas publicaciones periodísticas la vincularan con la administración de Axel Kicillof.
El Gobernador salió públicamente a negar esa relación y cuestionó a quienes la presentaron como una “funcionaria de Kicillof”.
La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia.
No tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial.
El primer medio… pic.twitter.com/C2fjdqMExI— Juan Martín Mena (@juanmmena) August 19, 2026
“La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”, afirmó Kicillof.
El mandatario provincial sostuvo que la información había sido desmentida y reclamó una rectificación: “Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, también intervino para precisar la pertenencia institucional de Mangini.
“La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia”, sostuvo. Y remarcó: “No tiene absolutamente nada que ver con el Poder Ejecutivo provincial”.
