El actual diputado provincial quedó bajo la lupa de la Justicia de Misiones por su evolución patrimonial. Pidieron investigar propiedades, movimientos financieros y vínculos con contratistas del Estado, además de prohibirle salir del país.
Carlos Rovira, ex gobernador de Misiones y actual diputado provincial, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito ante la Justicia provincial, en una presentación que pone bajo sospecha su evolución patrimonial y exige investigar propiedades, movimientos financieros y los vínculos de su entorno con empresas contratistas del Estado. Además, solicitaron que se le prohíba salir del país.
La denuncia fue presentada por el ex diputado provincial de la UCR Gustavo González ante la Fiscalía de Instrucción Penal N° 1 de Posadas. Además del presunto enriquecimiento ilícito de funcionario público, el escrito plantea posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de declaraciones juradas e infracciones a las normas de preservación del dominio público e hidráulico. También reclama el eventual desafuero del legislador.
La presentación plantea una supuesta desproporción entre los ingresos obtenidos por Rovira durante sus más de tres décadas en la función pública y los bienes que el denunciante atribuye al dirigente y a su entorno familiar. González pidió reconstruir esa evolución patrimonial y determinar el origen de los fondos.
Rovira fue Director provincial de Vialidad, Intendente de la ciudad de Posadas y Gobernador de Misiones durante dos períodos consecutivos, entre 1999 y 2007. Luego continuó su carrera como diputado provincial y llegó a presidir la Cámara de Representantes. La denuncia sostiene que durante ese período no habría desarrollado formalmente actividades privadas capaces de generar ingresos significativos por fuera de sus remuneraciones como funcionario.
Una propiedad sobre el Paraná con muelle privado
Entre los bienes cuya trazabilidad se reclama investigar aparece una propiedad en Puerto Laurel, ubicada sobre la costa del río Paraná, en Posadas, donde residiría Rovira. El escrito describe un predio de aproximadamente 14.000 metros cuadrados y señala que su titularidad estaría registrada a nombre de su esposa, Rosana Spotorno.
Sobre ese punto, González sostiene en la denuncia que podría existir una “maniobra de interposición de persona simulada para eludir los controles patrimoniales aplicables a los funcionarios públicos”. Esa hipótesis deberá ser corroborada por la investigación en caso de que la Fiscalía impulse las medidas solicitadas.
La presentación también pide determinar si en ese predio se realizaron obras que afectaron bienes de dominio público. En particular, menciona un paredón sobre la margen del Paraná que presuntamente “bloquea el libre acceso y circulación por la costa”, el supuesto cerramiento de una calle pública, la construcción de un muelle privado y un presunto desvío de agua del río para conformar una laguna artificial dentro de la propiedad.
El patrimonio que González pretende poner bajo análisis no se limita a esa residencia. También pidió investigar una finca o estancia sobre la Ruta Nacional 105, en la zona de Garupá y Fachinal, y otros lotes y campos ubicados en distintos puntos de Misiones que, según plantea, podrían estar inscriptos a nombre de familiares, allegados o sociedades vinculadas.
El patrimonio familiar
Otro capítulo de la denuncia apunta al entorno familiar del exgobernador. González sostiene que los hijos de Rovira tienen residencia permanente en Miami y París y pide investigar bienes, consumos y erogaciones en moneda extranjera para establecer su origen y determinar si guardan relación con los ingresos declarados por el grupo familiar.
También solicitó que se investiguen los posibles vínculos del entorno de Rovira con empresas beneficiarias de contratos de obra pública provincial o emprendimientos financiados con recursos estatales. En ese apartado aparecen mencionadas Constructora Spotorno y Agro Sustentable S.A., entre otras firmas que González pretende que sean analizadas.
Para avanzar sobre esas sospechas, la presentación propone una batería de medidas de prueba. Entre ellas, un informe del Registro General de la Propiedad Inmueble sobre los bienes registrados a nombre de Rovira, su esposa y sus hijos, y documentación catastral relacionada con la propiedad ubicada sobre la costa. También requirió que Prefectura inspeccione la margen del Paraná para verificar las obras mencionadas en la denuncia.
En el plano económico, reclamó que ARCA remita las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias correspondientes a los últimos 15 períodos fiscales de Rovira y su esposa. Al Banco Central le pidió información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de seguridad y giros al exterior del dirigente y su grupo familiar, para lo cual solicitó el levantamiento del secreto bancario. También requirió a Migraciones los registros de ingresos y egresos del país de los últimos diez años.
El pedido para que no pueda salir del país
Además, González reclamó una serie de cautelares. Por ejemplo, que Rovira no pueda salir de la Argentina mientras avanza la investigación. Para fundamentar el planteo, mencionó el carácter fronterizo de Misiones, la capacidad económica que le atribuye al legislador y la residencia en el exterior de integrantes de su familia.
Según sostuvo en el escrito, esas circunstancias permitirían considerar que existe un “riesgo cierto de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.
