El Jurado de Enjuiciamiento bonaerense dispuso el apartamiento preventivo del camarista de San Isidro, que ya se encontraba de licencia.
El juez Ernesto García Maañón fue apartado preventivamente de su cargo en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro mientras avanza el proceso de enjuiciamiento abierto por seis acusaciones vinculadas con su desempeño como magistrado. La decisión fue adoptada este miércoles por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense, aunque el camarista ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.
La resolución llega más de un año después de que García Maañón presentara, en julio de 2025, su renuncia ante la Secretaría de Personal de la Suprema Corte. La dimisión, sin embargo, no fue aceptada, por lo que el magistrado continuó formalmente en funciones y quedó sujeto al proceso de enjuiciamiento que ahora avanzó con su apartamiento preventivo.
Acoso, malos tratos y presión sobre testigos
La resolución permite conocer con precisión los seis cargos que el representante del Ministerio Público Fiscal atribuyó a García Maañón. El primero comprende episodios de “acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres”. También se le imputan malos tratos reiterados contra empleados y funcionarios, que habrían incluido expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias, descalificaciones y comportamientos autoritarios.
La acusación incorpora además la utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal y un trato irrespetuoso hacia superiores, acompañado —según el planteo— por referencias a su poder institucional con fines intimidatorios.
Otro de los cargos apunta a supuestos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones que pudieran perjudicarlo. El sexto punto se refiere a la delegación irregular de su firma digital, una práctica que, de acuerdo con la acusación, habría realizado en violación de la normativa vigente.
El proceso reúne dos expedientes contra García Maañón. Uno se originó en una denuncia de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, encabezada por Julio Conte-Grand, y el restante corresponde a una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.
Quiénes tomaron la decisión
El Jurado que resolvió el apartamiento estuvo presidido por el titular de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Gabriel Torres. También participaron los conjueces abogados Iván Roberto Ponce Martínez y Lisandro Daniel Benito; las conjuezas Beatriz Domingorena y Marcela Alejandra Wambold; y los conjueces legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Florencia Arietto y Natalia Miriam Blanco.
Como secretario del cuerpo actuó Ulises Alberto Giménez, en el proceso que concentra las dos denuncias formuladas contra el camarista de San Isidro.
Las denuncias
El caso había tomado estado público antes de que García Maañón presentara su renuncia. Una funcionaria judicial denunció haber atravesado durante meses situaciones de hostigamiento e insinuaciones sexuales y aseguró que el magistrado llegó a intimidarla con un arma dentro de su despacho después de que ella rechazara mantener una relación íntima.
Otro de los episodios que trascendió ocurrió en un grupo de WhatsApp de la Cámara. Allí, García Maañón cuestionó públicamente a la funcionaria por supuestas “macanas” y ella respondió difundiendo un audio privado en el que el magistrado reconocía sentir una fuerte “atracción sexual” hacia ella.
Con el avance de las actuaciones aparecieron otros testimonios. Una auxiliar letrada que había sido convocada como testigo terminó denunciando tocamientos y situaciones de destrato profesional. También surgieron acusaciones sobre supuestas presiones destinadas a condicionar declaraciones.
Parte de esos hechos tienen, además, un recorrido independiente en la Justicia penal. La denuncia de la primera funcionaria quedó bajo investigación del fiscal José Amallo.
Una extensa trayectoria judicial
García Maañón desarrolló una carrera de varias décadas dentro del Poder Judicial y llegó a presidir de manera rotativa la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Intervino en expedientes de fuerte repercusión pública, entre ellos actuaciones relacionadas con el crimen de María Marta García Belsunce y la muerte de Diego Maradona.
En 2023 también fue noticia luego de matar a dos delincuentes que integraban un grupo que intentó asaltarlo cuando salía de un polígono de tiro en Quilmes. La investigación de aquel episodio concluyó que había actuado en legítima defensa.
