Empresarios de la construcción que en su momento fueron imputados durante la instrucción de la causa “Cuadernos” y luego resultaron sobreseídos, declararon que el financista Ernesto Clarens les pidió dinero para evitar demoras en los pagos y para colaborar con el gobierno kirchnerista. Uno de ellos habló de un listado de empresas a las que se les pagaba primero, entre ellas Austral Construcciones, Esuco, Rovella Carranza y CPC.
Juan Manuel Saavedra Vértiz, presidente de Construmex y el ingeniero Jorge Cibraro, directivo de la constructora platense ICF, coincidieron en declarar que el arrepentido financista Ernesto Clarens les pidió aportes de dinero. En el caso de Cibraro, fue para “ayudarlos” a cobrar certificados muy demorados. En el de Vértiz, le explicó que “el gobierno estaba en una política de recaudar para la causa» y le pidió el 10% de los 125 millones de pesos que tenían que cobrar por una obra el La Matanza, sobre la ruta nacional 3.
Cibraro recordó que entre los años 2003 y 2015 recibieron sólo cuatro obras y admitió que en algunos casos la empresa “la pasó muy mal” por los significativos retrasos en los pagos, que pusieron a ICF en severas dificultades financieras. En ese contexto, su padre, por entonces presidente de su empresa, le indicó que fuera a ver a Clarens.
Ante el TOCF 7 recordó varios encuentros con un personaje “muy empático, muy agradable”, que le pidió dinero para ayudarlo a cobrar lo que se les debía, por “eso era lo que le pedían”. Cibraro aseguró no haberle preguntado quiénes eran los que se lo indicaban.
La decisión de la empresa fue no pagar esos sobornos, aunque el testigo también dejó clao que no le constaba que Clarens tuviese efectivamente una real potestad para acelerar los pagos o descontar anticipos de obra. La empresa terminó haciendo juicios contra el Estado por los impagos por sus trabajos para Vialidad.
Construmex S.A. en el año 2005 integró una UTE (unión transitoria de empresas) para realizar obras en la ruta 3, en la localidad de La Matanza y que en un momento supo que el gobierno prefería que esa licitación fuera para ESUCO, de Carlos Wagner y recibieron presiones para “correrse” de la obra. “Aparentemente había un favoritismo por esa empresa”, dijo Saavedra Vértiz. No obstante, la UTE siguió adelante.
“El intendente de La Matanza de entonces, Alberto Balestrini, estaba muy interesado en esa obra, en que se hiciera y saliera bien; yo le pedí que por favor estuviera atento a que nos pagaran en fecha porque no teníamos anticipos y si nos demoraban, íbamos a estar en problemas”, declaró Saavedra Vértiz.
Sandro Férgola, subadministrador de Vialidad Nacional, le dijo a Vértiz que se comunicara con Clarens, sin explicarle quién era ni para qué. Intrigado, se citó con el financista en sus oficinas y allí el “arrepentido” le pidió el 20% del total de la obra, que era de 125 millones de pesos porque el gobierno kirchnerista “estaba en una política de recaudar para la causa”.
Consternado, según declaró, se reunió con sus socios y acordaron no pagar lo que se les pedía “porque no correspondía y porque estábamos muy justos con los márgenes” de rentabilidad. Consultado por el defensor de Férgola, admitió que no haber pagado no supuso ninguna represalia por parte del funcionario.
Saavedra Vértiz recordó su imputación en la causa con la voz quebrada por la implicación de su padre “un laburante de 80 años, hecho de abajo, que nunca había tenido ni un cheque rechazado” y se veía metido en esa situación judicial.
El testigo aseguró haber desarrollado una “excelente” relación con el entonces gerente de Administración de Vialidad, Sergio Pasacantando. Lo definió como una persona “muy correcta” a la que José López, el ex Secretario de Obras Públicas, lo presionaba para que le pagara primero a determinadas empresas en detrimento de otras.
Consultado acerca de cuáles eran esas compañías respondió: “Espero no equivocarme y no quiero meterme en líos pero sí, estaban Austral Construcciones, CPC, Esuco, Rovella Carranza”. Saavedra Vértiz dijo no haber visto la nómina pero que se lo contó Pasacantando.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli juzgan la presunta trama de corrupción tejida entre funcionarios del kirchnerismo entre 2003 y 2015 y empresarios que habrían pagado sobornos para beneficiarse con licitaciones de obra pública.
