La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público porteño allanó una vivienda en el barrio de Nueva Pompeya, donde se encontró a tres perros de la raza cane corso en condiciones deplorables de falta de higiene y alimentos. El responsable del lugar fue imputado por maltrato animal.
La causa se inició por denuncias reiteradas de vecinos de la vivienda, quienes aseguraban que allí había animales en condiciones de desnutrición, suciedad y abandono. Varios de ellos lograron acercar fotografías de los perros en las que se verificaba que la situación sobre la que alertaban los denunciantes, era, al menos, verosímil.
Sobre esa base, el fiscal Blas Michenzi pidió y obtuvo una orden de allanamiento que le extendió el juez Penal, Contravencional y de Faltas 18, Ricardo Baldomar. En el operativo se hallaron cuatro perros de la raza cane corso, conocidos por su fiereza y corpulencia, reducidos a un estado que apenas les permitía moverse.
El informe del allanamiento alude a “grave estado de desnutrición”, “condiciones de hábitat deficientes”, falta de cuidados y suciedad. El ocupante de la vivienda y responsable de los perros fue imputado por maltrato animal, que se castiga con penas de 15 días a un año de prisión, pero en la Ciudad de Buenos Aires, además, puede implicar arresto, trabajo comunitario y multas de hasta ocho millones de pesos.
De los cuatro animales, tres se hallaban en estado caquéctico, es decir, de extrema debilidad, desnutrición y pérdida de masa muscular. Todos presentaban lesiones en la piel por falta de alimentos y de una higiene adecuada de ellos mismos y de la vivienda. Ninguno de los perros contaba con libreta sanitaria que probara controles veterinarios periódicos ni vacunas.
En ese contexto, la UFEMA dispuso su rescate y traslado inmediato a una ONG dedicada a la protección animal para garantizar su cuidado y atención, así como la instalación de un chip en cada animal para su seguimiento e identificación.
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público porteño y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales y la División Perros de la Policía de la Ciudad y la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad.
