Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema rechazó los recursos de queja y dejó firme la pena de 20 años de prisión para el cabo de la Prefectura Naval Argentina Pablo Brites, condenado por matar a Cristopher Rego en agosto de 2018, y las condenas a otros tres agentes por encubrimiento.
Cristopher Rego tenía 26 años y había sido padre 40 días antes de morir, cuando en la madrugada del domingo 12 de agosto de 2018, circulaba en una camioneta que acababa de comprar en la intersección de Ancaste e Iguazú, en el límite de Parque Patricios y Barracas. Todavía no tenía en su poder los papeles de la Peugeot Partner que manejaba, por eso cuando vio el control vehicular de Prefectura, intentó evitarlo.
Según la acusación, el cabo Pablo Miguel Brites, de la Prefectura Naval Argentina, “se colocó sobre la calle delante de la camioneta, apuntándole con su arma reglamentaria y luego de que el damnificado lo esquivara, realizó hacia el rodado dos disparos”. Una de las balas atravesó el asiento e impactó a Rego en la espalda. Después del hecho, compañeros de Brites levantaron las vainas servidas del lugar.
El juicio oral y la condena inicial
En el juicio oral, Brites fue condenado a prisión perpetua como autor material de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el abuso de sus funciones como integrante de una fuerza de seguridad. Otros cuatro agentes de la Prefectura, los que levantaron las vainas, fueron condenados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado y a ocho años de inhabilitación.
Las defensas apelaron esa condenapero la Cámara de Casación confirmó la responsabilidad de los cinco condenados aunque redujo las penas: llevó la de Brites a 20 años de prisión y las del resto a entre tres y tres años y medio.
La decisión de la Corte Suprema
Las defensas llegaron en queja ante la Corte Suprema y el tribunal, con los votos de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, desestimó los recursos porque no se dirigían contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, tal como exigen los precedentes “Levinas” y “Marcelina”. Con ese rechazo, quedaron firmes tanto la condena a 20 años para Brites como las penas de los otros cuatro prefectos por encubrimiento.
