Cuadernos: empresario declaró que había que pagar un porcentaje para cobrar certificados de obra atrasados

El empresario sanjuanino Fernando Palluchini declaró que su hermano Julio le dijo que había que pagar para cobrar los certificados de obra, pero que su compañía, Mapal, no lo hizo y llegó a estar “prácticamente fundida” porque acumularon atrasos de “200 días cuando Vialidad Nacional pagaba dentro de los 60”.

Fernando Palluchini declaró como testigo ante el TOCF 7 y evocó la citación a prestar declaración indagatoria en la causa Cuadernos ante el juez Claudio Bonadio “como una de las peores experiencias de mi vida”. Consultado acerca de cómo se llegó a aquella presentación en los tribunales de Comodoro Py, el empresario dijo que alguien lo ubicó en la lista de personas que pagaron sobornos para cobrar a tiempo los certificados de obra, cosa que negó haber hecho, al punto de que su empresa pudo “mantenerse a flote” gracias a otras actividades que balancearon las pérdidas ocasionadas por las obras realizadas -pero no cobradas- para Vialidad Nacional.

Palluchini, quien fue sobreseído en la causa, admitió que cuando las deudas se acumulaban a raíz de los incumplimientos de Vialidad, su hermano Julio le contó que había una persona, Ernesto Clarens, que le había dicho que si querían agilizar los cobros, había que pagar un porcentaje del anticipo de obras, pero, “nosotros no cobrábamos anticipos de obra, por eso digo que esa citación fue una cosa de locos”.

El empresario, quien se comunicó por Zoom desde la provincia de San Juan, negó que su empresa hubiera integrado “la camarita” ese grupo de compañías que presuntamente sobornaban a funcionarios públicos para cobrar sin demoras las obras civiles realizadas. “Lo supe después, pero mire si no la integraríamos, que casi nos fundimos”, declaró.

En 2006 renunciaron a la Cámara Argentina de la Construcción, “después de que mi padre hubiera sido presidente”, porque sabian que había un circuito de retornos “al que nosotros no podíamos ni queríamos pertenecer”.

El ex directivo de Mapal afirmó que los reclamos que cada tanto formulaban en las oficinas de Vialidad fueron infrctuosos, al extremo de haber terminado por iniciar juicios contra el Estado, “la mayoría de los cuales ganamos”.

Palluchini no supo nunca -declaró- para quién trabajaba Ernesto Clarens. Alguien dijo que ofrecía descuentos en certificados de obra, cuando a Mapal, la empresa familiar, ya no los recibía de los bancos con los que operaba, incluso el Nación, porque Vialidad acumulaba demoras de 200 días. Sin embargo, nunca trabaron relación con él y ante preguntas del defensor de Clarens, el empresario respondió que nunca supo cómo era que se pagaba, a quién, ni que le constara que alguna empresa lo hubiera hecho.

El circo romano en el juzgado de Bonadio

Evocó como “un momento de mucho temor” como si fuera un mensaje para los que tenían que declarar, cuando vio llegar con casco, chaleco, a la rastra, esposado y desaliñado a un empresario al que conocía, Hugo Dragonetti, de Panedile. “Pensé si estaría bien lo que iba a declarar, si iba a salir de ahí o iba a ir preso; fue un momento horrible, me sentí descompuesto. Recuerdo que algún abogado dijo ‘es un circo romano esto que están haciendo’”, recordó.

Ante consultas de la defensa de Roberto Baratta, negó haber sido inducido para ofrecer alguna respuesta en particular mientras era indagado por Bonadio, ni recordó que alguien lo hubiese intimidado, “aunque yo tenía mucho miedo después de haber visto cómo llegó Dragonetti, como un delincuente”.

Después de esa experiencia aseguró haber estado en tratamiento, con depresión; sufrió demoras en Migraciones cada vez que viajaba, el calvario de los montos embargados cuando se los devolvieron sin calcular correctamente los intereses, allanamientos de cajas de seguridad, “todo eso me pasó mientras estuve en esta causa”.

Los jueces Fernando Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero juzgan una supuesta red de corrupción en la que funcionarios de la administración kirchnerista, entre 2003 y 2015, cobraban sobornos de empresarios de la construcción, la energía y el transporte, a cambio de recibir obra pública, o cobrarla en término.

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