El Instituto de Ética Profesional del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reunió a especialistas para analizar los desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial en el derecho. Verificación de información, secreto profesional y control humano estuvieron entre los principales ejes.
El avance de la inteligencia artificial en la actividad jurídica ya dejó de ser una discusión a futuro. Abogados, jueces y otros operadores jurídicos utilizan cada vez más estas herramientas y, frente a ese escenario, especialistas reunidos en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) plantearon una regla básica: la tecnología puede colaborar, pero la decisión final sigue siendo humana.
Bajo el título “Ética y práctica en la era algorítmica: La IA recomienda; el profesional decide y responde”, el Instituto de Ética Profesional del CPACF realizó este lunes una jornada destinada a analizar los nuevos desafíos que aparecen con la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en la abogacía y la Justicia.
La apertura estuvo a cargo de la directora del Instituto, Rosalía Silvestre, mientras que participaron como disertantes Guillermo Schor-Landman, Eduardo Molina Quiroga y Néstor Trabucco. El encuentro fue moderado por José María Figuerero y había sido declarado actividad de interés académico por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los puntos centrales fue la responsabilidad del profesional frente a la información producida por una herramienta tecnológica. Entre las recomendaciones expuestas apareció la necesidad de verificar siempre normas, fallos y citas antes de incorporarlos a una presentación judicial.
También se hizo especial hincapié en el secreto profesional. Los especialistas advirtieron sobre el riesgo de cargar información sensible de clientes o expedientes en plataformas que no garanticen condiciones adecuadas de confidencialidad y protección de datos.
Para ello plantearon la necesidad de avanzar con las capacitaciones sobre el uso de estos sistemas. Al respecto, señalaron que conocer no sólo sus posibilidades sino también sus limitaciones, entre ellas los errores, sesgos y las denominadas “alucinaciones”, pueden llevar a la IA a producir información incorrecta.
A eso se suma la necesidad de mantener informado al cliente cuando estas herramientas tengan una incidencia relevante en la elaboración de un trabajo o en una estrategia jurídica.
Durante la exposición también se repasaron distintos modelos internacionales de regulación y experiencias ya incorporadas en la Argentina, tanto en el ámbito sanitario como judicial. Más allá de las diferencias entre esos esquemas, el encuentro puso el foco en un principio común: cuando una decisión puede afectar derechos, debe existir supervisión humana.
La conclusión de los especialistas fue que esa capacidad no elimina la responsabilidad de quien utiliza la herramienta. La eficiencia que puede aportar la inteligencia artificial no reemplaza el criterio jurídico, la experiencia ni la valoración humana de cada caso.
