Junto con el inicio de un paro de 72 horas de gremios universitarios, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, reiteró la intimación de cinco días al Gobierno para acatar la cautelar que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, que quedó firme a partir de un fallo de la Corte en junio de este año, e incluye salarios y becas estudiantiles.
El Gobierno había apelado el viernes pasado la intimación de la Justicia, que también le había dado cinco días para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario y también había reclamado que se dejara sin efecto la posibilidad de aplicarle multas en caso de no hacerlo. Además dejó planteada una apelación en subsidio, en el caso de que el magistrado no diera marcha atrás con su medida.
La defensa oficial argumentó que no estaba claro qué aspectos de la cautelar no habían sido cumplidos y destacó que en materia salarial, los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 y agosto de 2026 habían superado el 226,46% de variación del IPC aplicable para ese lapso.
Por otra parte, destacó que otorgó una recomposición salarial en junio y que convocó a paritarias en septiembre, con una propuesta de incremento del 3%. Con respecto a las becas estudiantiles, otro de los puntos de la ley de financiamiento que la justicia le ordenó cumplir, el ministerio de Capital Humano informó que las que corresponden al programa “Miguel Belgrano” llegaron a 187.495 pesos, aunque volvió a manifestar una postura contraria a incluir otros en cumplimiento de la cautelar.
La justicia vuelve a intimar
El juez Cormick escribió en esta nueva intimación que “teniendo como fuente el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC,… la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes junio de 2026-fecha en que quedó firme la presente cautelar, resultó ser del 312,19 %”.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el propio Gobierno admite haber concedido aumentos apenas por encima del 226,46%, el juez entendió que aunque “se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas en el período contemplado haya sido efectuado del modo estipulado por la norma”.
Es decir que si bien admite cumplimientos parciales en cuanto a mejoras salariales y convocatorias a paritarias, las mejoras en los ingresos de docentes y no docentes están por debajo de lo que marca la ley de financiamiento y, por ende, la cautelar no se ha cumplido.
“Todos los programas de becas del estudiantado (Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otras) deben ser recompuestos por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la presente norma”, establece la ley de financiamiento.
Sin embargo, el ministerio de Sandra Pettovello entiende, y así lo manifestó en su apelación, que el único programa que encuadra en los postulados de la ley es el “Manuel Belgrano”. Por lo tanto, concluye el juez, de las propias palabras de la parte demandada se deriva que no ha actualizado los demás, incumpliendo la medida cautelar.
“Por todo lo expuesto y visto esta aclaración, intímese nuevamente al Estado Nacional -P.E.N- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes (multas)”, concluyó el juez Cormick, lo que sin dudas será recurrido por el Gobierno para llegar a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
