Nicolás Laino fue elegido entre 16 candidatos de América Latina y el Caribe para ocupar un lugar en el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. El abogado asumirá el 1 de noviembre y tendrá competencia para intervenir en casos de todo el mundo, excepto de la Argentina.
Por primera vez desde su creación, hace 35 años, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas tendrá un integrante argentino. Se trata del abogado y especialista en derechos humanos Nicolás Laino, cuya designación fue aprobada este miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el cierre de su 63º período de sesiones en Ginebra.
El nombramiento representa un hecho inédito para la Argentina dentro de uno de los mecanismos internacionales encargados de examinar privaciones de libertad que podrían resultar contrarias a las normas de derechos humanos.
Laino asumirá sus funciones el próximo 1 de noviembre y ocupará el puesto correspondiente a América Latina y el Caribe dentro de un grupo integrado por cinco especialistas de distintas regiones del mundo.
Aunque fue seleccionado para representar geográficamente a esa región en la composición del organismo, su función no será la de representar al Estado argentino. Por el contrario, actuará como experto independiente, a título personal y sin recibir instrucciones de ningún gobierno.
Su competencia abarcará situaciones de detención denunciadas en cualquier país, con una excepción: debido a su nacionalidad, no participará en el análisis de casos correspondientes a la Argentina.
El impacto de sus intervenciones
Creado en 1991, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Su tarea consiste en investigar situaciones en las que una persona fue privada de su libertad de manera presuntamente arbitraria o en condiciones incompatibles con los estándares internacionales.
Una de sus principales herramientas son las denominadas “opiniones”, mediante las cuales analiza denuncias individuales, determina si existió una detención arbitraria y formula recomendaciones a los Estados involucrados.
También puede intervenir frente a situaciones urgentes mediante comunicaciones dirigidas a los gobiernos, desarrollar criterios jurídicos generales y realizar visitas oficiales a distintos países para evaluar sus sistemas de detención.
Durante esas misiones, los expertos mantienen reuniones con autoridades, representantes de organizaciones de derechos humanos y personas privadas de libertad.
El alcance de sus intervenciones quedó reflejado en el último informe anual presentado ante el Consejo de Derechos Humanos: 115 personas recuperaron la libertad durante 2025 después de intervenciones y acciones de seguimiento del Grupo de Trabajo. Se trata de la cifra anual más alta registrada por el organismo desde su creación.
Cómo fue elegido
La designación del especialista argentino fue el resultado de un proceso internacional de selección que comenzó en junio, cuando presentó su candidatura a título personal.
En total, se habían postulado 16 candidatos elegibles de América Latina y el Caribe. De ese grupo, Laino fue uno de los seis seleccionados para participar en la etapa de entrevistas ante el Grupo Consultivo del Consejo de Derechos Humanos.
Finalizadas las evaluaciones, el organismo elaboró una terna y ubicó al argentino en el primer lugar del orden de mérito. A partir de esa recomendación, el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador de Indonesia Sidharto Reza Suryodipuro, propuso formalmente su nombramiento.
La designación fue aprobada el miércoles 7 de octubre en Ginebra, durante la última jornada del 63º período de sesiones del Consejo. El mandato tendrá una duración inicial de tres años y podrá renovarse por un período adicional, hasta alcanzar un máximo de seis años.
Defensa pública y derechos humanos
Laino cuenta con más de dos décadas de experiencia profesional en derechos humanos, justicia penal, acceso a la justicia y protección de personas privadas de libertad.
Durante más de diez años trabajó en la defensa pública argentina, donde ejerció como defensor público y desempeñó distintas funciones relacionadas con la defensa penal, la prevención de la tortura y la protección de los derechos de las personas detenidas.
Su actividad también se desarrolló en el ámbito académico, como profesor universitario e investigador especializado en estas materias. En los últimos años amplió su trabajo al escenario internacional, asesorando a instituciones de defensa pública, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y agencias de las Naciones Unidas.
Además, participó en evaluaciones de sistemas de asistencia jurídica en distintos países de América Latina, África y Asia.
