Magistrados, juristas y especialistas de distintos continentes se reunieron en la Casina Pío IV para analizar el acceso a la justicia ambiental. La delegación argentina tuvo una destacada participación en los debates sobre derechos humanos, soberanía y eficacia judicial que se llevaron a cabo en el Vaticano.
La crisis climática dejó de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en uno de los grandes desafíos de los tribunales. ¿Cómo deben actuar los jueces frente a daños que pueden resultar irreversibles? ¿Qué herramientas jurídicas permiten exigir responsabilidades a los Estados y las empresas? ¿De qué manera garantizar que las sentencias no se limiten a reconocer derechos, sino que produzcan soluciones concretas?
Estos fueron algunos de los interrogantes que atravesaron el encuentro internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, celebrado los días 6 y 7 de octubre en la Casina Pío IV, en la Ciudad del Vaticano, con la participación de cerca de sesenta magistrados, juristas y académicos de América Latina, Europa, África y Estados Unidos.
La convocatoria reunió a representantes de algunas de las principales jurisdicciones internacionales y contó con una importante delegación argentina, integrada por jueces, funcionarios judiciales, representantes del Poder Legislativo, académicos y especialistas en derecho ambiental.
El objetivo central fue avanzar en herramientas que permitan trasladar los estándares internacionales de protección ambiental a decisiones judiciales efectivas, especialmente frente a las consecuencias del cambio climático sobre los sectores más vulnerables.
Un encuentro con representantes de las principales cortes internacionales
El foro fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), en articulación con el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), bajo el auspicio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
La dirección académica estuvo a cargo del jurista brasileño Antonio Herman Benjamin, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y especialista en derecho ambiental.
La apertura fue encabezada por el juez porteño Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, acompañado por la teóloga Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina; los juristas Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco, miembros fundadores del Instituto Fray Bartolomé de las Casas; y monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, excanciller de las Academias Pontificias.
Entre las personalidades internacionales participaron Sarah H. Cleveland, jueza de la Corte Internacional de Justicia; Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Blaise Tchikaya, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Verónica Gómez, magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También estuvieron representadas cortes supremas y constitucionales de España, Portugal, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica y Guyana.
Quiénes participaron por la Argentina
La delegación argentina tuvo una presencia significativa tanto en la organización como en las exposiciones académicas. Sus integrantes abordaron cuestiones vinculadas con la responsabilidad estatal, los derechos de las infancias, la soberanía sobre los recursos naturales, las dificultades probatorias en los litigios ambientales y la ejecución de las sentencias.
Entre los representantes argentinos se encontraron:
- Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de COPAJU, quien encabezó la apertura y el cierre del encuentro.
- Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de COPAJU y presidente de AJUNAF, quien intervino en la moderación y coordinación de distintas sesiones.
- Pablo Ricardo Lorenzetti, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Santa Fe, quien expuso sobre las dificultades probatorias y los criterios de causalidad en los litigios climáticos.
- Vanesa Siley, diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, quien abordó la soberanía territorial, la protección de los recursos naturales y la Ley de Tierras Rurales.
- César Raúl Jiménez, ex juez de Menores de Misiones y coordinador de COPAJU Argentina, quien analizó las consecuencias de las inundaciones sobre las infancias vulnerables.
- Horacio Corti, juez y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, quien participó de la jornada de clausura con una exposición sobre derechos sociales, ambientales y aspectos presupuestarios.
- Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño y vocal del IFBC, quien disertó sobre gestión judicial y recursos técnicos para los procesos ambientales.
- Romina Picolotti, presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y ex Secretaria de Ambiente de la Nación, quien abordó la responsabilidad estatal frente al calentamiento global.
- Juan Miguel Picolotti, director Ejecutivo del CEDHA, quien intervino sobre el acceso de la sociedad civil a la justicia ambiental y la responsabilidad empresarial.
- Raúl Ángel Vidable, presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo (FUNDAYD) y abogado ambientalista de La Rioja, quien expuso sobre litigios colectivos y contaminación hídrica.
- Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, quien participó de la apertura institucional.
- Lucas Ciarniello Ibáñez, director ejecutivo del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, responsable de la presentación del documento técnico que orientó los debates.
- Martín Petracca Bouza, secretario de Administración y Relaciones Institucionales del IFBC, quien intervino en la coordinación de las sesiones.
- Miranda Cassino, secretaria académica del IFBC, quien moderó uno de los paneles.
- Marcelo Sánchez Sorondo, excanciller de las Academias Pontificias, quien participó de la apertura.
- Alberto Filippi, jurista y miembro fundador del IFBC, quien intervino en el panel inaugural.
También formó parte de la programación Marcelo Suárez Orozco, miembro fundador del IFBC, quien participó mediante un videomensaje sobre las consecuencias de la crisis climática en las migraciones y los derechos educativos.
Del reconocimiento de derechos a las sentencias efectivas
Uno de los principales ejes del encuentro fue la denominada “adjudicación climática”, concepto que apunta a transformar los principios internacionales de protección ambiental en herramientas concretas para la resolución de conflictos judiciales.
El debate tomó como referencia la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
A partir de ese documento, los participantes analizaron cómo deben intervenir los tribunales cuando las acciones u omisiones de los Estados pueden generar consecuencias ambientales irreversibles.
La discusión también giró en torno a los límites de la intervención judicial. En ese sentido, se planteó que el control de los jueces no supone reemplazar a los poderes políticos en el diseño de las políticas públicas, sino garantizar que sus decisiones respeten las obligaciones constitucionales e internacionales de protección ambiental.
El encuentro culminó con la Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática, orientada a fortalecer el diálogo entre tribunales nacionales e internacionales y promover criterios de valoración probatoria sustentados en el conocimiento científico.
Pruebas, causalidad y el desafío de evitar sentencias declarativas
Durante su exposición, el camarista santafesino Pablo Ricardo Lorenzetti se refirió a uno de los problemas más complejos de los litigios ambientales: la dificultad para determinar responsabilidades cuando los daños responden a múltiples causas y sus consecuencias se manifiestan a lo largo del tiempo.
El magistrado planteó que los esquemas tradicionales de responsabilidad civil, basados en relaciones causales directas, resultan insuficientes frente a fenómenos como el calentamiento global.
En ese contexto, destacó la necesidad de incorporar criterios de probabilidad, mecanismos de distribución dinámica de la carga probatoria y herramientas científicas que permitan evaluar daños acumulativos.
También mencionó las posibilidades que ofrecen los convenios de colaboración con universidades, los centros de investigación y la inteligencia artificial para el análisis de escenarios ambientales complejos.
Lorenzetti advirtió, además, sobre el riesgo de consolidar un modelo institucional en el que abundan las normas protectorias, pero escasean las medidas efectivas para garantizar su cumplimiento.
Soberanía, recursos naturales y el reclamo por Malvinas
La diputada nacional y consejera de la Magistratura Vanesa Siley incorporó al debate una perspectiva centrada en la relación entre protección ambiental, soberanía nacional y desigualdades económicas.
Durante su intervención, vinculó la tutela judicial del ambiente con la preservación de los recursos naturales estratégicos y los bienes colectivos.
En ese marco, introdujo el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al que relacionó con la protección de los recursos marítimos y la integridad territorial.
También se refirió a las controversias judiciales generadas en torno a la derogación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, particularmente por sus posibles consecuencias sobre la propiedad de territorios que contienen reservas de agua dulce, glaciares y minerales estratégicos.
Su planteo puso el foco en el papel que puede desempeñar el control judicial de constitucionalidad frente a reformas regulatorias que comprometan derechos colectivos y recursos naturales.
Las infancias frente a las consecuencias del cambio climático
Otro de los enfoques argentinos estuvo a cargo del exjuez de Menores de Misiones César Raúl Jiménez, quien trasladó la discusión internacional a las dificultades que enfrentan las comunidades del norte argentino afectadas por inundaciones recurrentes.
Su exposición estuvo centrada en las consecuencias que estas situaciones generan sobre niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando las emergencias ambientales afectan el acceso a la vivienda, la educación y los servicios esenciales.
Jiménez cuestionó la distancia que muchas veces existe entre los compromisos internacionales y las respuestas concretas de los sistemas judiciales.
“Los tratados no secan casas ni acercan escuelas; achicar esa distancia es, en buena medida, nuestro trabajo”, sostuvo.
En esa línea, destacó la necesidad de adoptar medidas judiciales preventivas que permitan garantizar alojamiento digno, continuidad educativa y asistencia a las comunidades afectadas.
El presupuesto y la ejecución de las decisiones judiciales
La discusión sobre la eficacia de las sentencias también atravesó la intervención del juez porteño Horacio Corti, quien abordó la vinculación entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y las decisiones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento.
El magistrado planteó que las órdenes judiciales destinadas a proteger derechos deben contemplar mecanismos concretos de ejecución, especialmente cuando requieren la asignación de recursos públicos.
Por su parte, Genoveva Ferrero aprovechó la ocasión para poner en el centro una realidad que no se puede ignorar: el acceso a los derechos de los grupos más vulnerables.
“Ante una emergencia climática, las barreras para las personas con discapacidad no solo aparecen: se multiplican. Por eso, la inclusión no puede ser una respuesta posterior a la emergencia. Tiene que estar presente desde el comienzo.Pasar del objeto de protección al sujeto de derechos, con voz y participación en las decisiones, también es construir una justicia más cercana, más humana y capaz de anticiparse a los desafíos de nuestro tiempo”, afirmó.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, Romina Picolotti, Juan Miguel Picolotti y Raúl Ángel Vidable aportaron experiencias vinculadas con litigios colectivos por contaminación, responsabilidad estatal y empresarial, medidas cautelares y reparación de daños ambientales continuados.
Las distintas intervenciones coincidieron en una preocupación central: la distancia que puede existir entre el reconocimiento jurídico de un derecho y su protección efectiva.
Una declaración para fortalecer el acceso a la justicia climática
Como resultado de las jornadas, los participantes suscribieron la Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática, que propone profundizar la cooperación entre tribunales y avanzar en herramientas que permitan resolver los conflictos ambientales con mayor eficacia.
El documento también recuperó los principios de la doctrina social de la Iglesia, especialmente los desarrollados en las encíclicas Laudato si’ y Fratelli tutti, para vincular la protección del ambiente con la dignidad humana, la solidaridad y la responsabilidad entre generaciones.
En el cierre, Roberto Andrés Gallardo y Gustavo Daniel Moreno retomaron la necesidad de que la actuación judicial trascienda las declaraciones formales y se traduzca en respuestas concretas para las comunidades afectadas.
El encuentro dejó planteado uno de los grandes desafíos de la justicia contemporánea: cómo convertir los compromisos internacionales frente al cambio climático en decisiones judiciales capaces de prevenir daños, exigir responsabilidades y garantizar derechos.
En ese debate, la participación argentina permitió incorporar tanto las discusiones jurídicas sobre causalidad, prueba y ejecución de sentencias como las problemáticas propias de la región, desde la defensa de los recursos naturales hasta la protección de las poblaciones más vulnerables.
