La acusación sostuvo que la permanencia en el cargo del juez federal de Rosario Gastón Salmain es incompatible con las exigencias de la magistratura. Tras una exposición de una hora y 20 minutos, el Jurado pasó a un cuarto intermedio antes de escuchar a la defensa.
“Salmain no puede continuar siendo juez de la Nación”. Con esa definición, la acusación cerró este miércoles su alegato ante el Jurado de Enjuiciamiento que deberá resolver si el titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario conserva las condiciones necesarias para permanecer en el cargo.
Durante una exposición de una hora y veinte minutos, la acusación a cargo del senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre, repasó los cargos que pesan sobre el magistrado: su actuación en el expediente vinculado al fideicomiso Attila y la omisión de un antecedente disciplinario al presentarse al concurso que finalmente lo llevó a la Justicia Federal.
El tramo final estuvo a cargo del camarista Barroetaveña, quien reclamó expresamente la destitución. “Su permanencia en el cargo resulta incompatible con la exigencia previamente mencionada para conservar el legítimo ejercicio de la magistratura, y por esas razones solicitamos al jurado que disponga su remoción”, sostuvo.
Salmain había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002, cuando se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social, luego de una investigación vinculada con un ofrecimiento de dinero para alterar el sorteo de expedientes. Ese antecedente no fue consignado posteriormente en la documentación presentada para concursar por un cargo de magistrado.
Durante el jury, Salmain sostuvo que no estaba obligado a declararlo porque el reglamento exigía informar sanciones correspondientes a los diez años anteriores. También señaló que aquel antecedente no le otorgaba puntaje y cuestionó la validez de la cesantía.
Barroetaveña rechazó esa explicación y afirmó que, de haber sido informado, el Consejo de la Magistratura no habría tenido margen para valorar el episodio sino que debía excluirlo del concurso.
“Así él hubiese dicho: ‘Fui tonto, mire, pido disculpas’. Bueno, está bien, queda excluido. No había otra forma”, graficó el camarista durante su alegato. Y agregó: “No importa que fuera o no hubiera puntos”.
El caso Attila
El segundo capítulo de la acusación está relacionado con la actuación de Salmain ya como juez federal. El magistrado se encuentra procesado con prisión preventiva en la causa conocida como Attila, en la que se investiga un presunto acuerdo para beneficiar al fideicomiso del mismo nombre mediante resoluciones judiciales.
La imputación penal sostiene que habría existido un pacto por 200.000 dólares para permitir una operación destinada a comprar 10 millones de dólares al valor oficial en momentos en que existían cepo y brecha cambiaria.
Para la acusación, la discusión dentro del jury excede la posibilidad de analizar si existió simplemente una decisión judicial equivocada.
Barroetaveña sostuvo que, si las pruebas permiten establecer que un magistrado utilizó su función para favorecer indebidamente a una parte, ya no se está frente a una mera discrepancia jurídica sino ante una desviación de la potestad jurisdiccional. “La función judicial exige integridad, independencia, imparcialidad”, remarcó en el cierre de su exposición.
Durante las audiencias declararon funcionarios y empleados del juzgado, además de la ex fiscal federal Adriana Saccone y un perito en telecomunicaciones propuesto por la defensa. Algunos integrantes del tribunal señalaron que nunca recibieron órdenes irregulares de Salmain, mientras que Saccone calificó como “inusual” la forma en que fue tramitado inicialmente el expediente Attila.
La defensa, encabezada por José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, sostiene que la acusación se apoya centralmente en el testimonio del financista Fernando Whpei, a quien cuestionó por su condición de imputado colaborador, y niega que existan elementos objetivos que acrediten reuniones o un acuerdo espurio con el juez.
Finalizado el alegato acusatorio, el Jurado dispuso un cuarto intermedio antes de dar paso a los abogados de Salmain. Una vez concluidas las exposiciones, quedará en manos de los siete integrantes del tribunal resolver si los cargos justifican la destitución del magistrado. El Jurado cuenta con un plazo de 20 días para emitir su veredicto.
