La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires puso en marcha un programa dirigido por Daniel Roque Vítolo para estudiar el sobreendeudamiento de los hogares y promover reformas legislativas. Advierten que las herramientas actuales son insuficientes para afrontar una crisis que afecta a millones de argentinos.
Un importante número de familias argentinas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones económicas y acumulan deudas que, en promedio, rondan los cinco millones de pesos por hogar. En muchos casos, los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, mientras los intereses incrementan compromisos financieros que resultan cada vez más difíciles de afrontar.
Frente a este escenario, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) creó el Observatorio Jurídico de la Deuda de las Familias Argentinas, un espacio académico destinado a investigar el fenómeno del sobreendeudamiento, analizar las limitaciones de la legislación vigente y elaborar propuestas para prevenir y resolver las situaciones de insolvencia de las personas que no desarrollan actividades empresariales.
La iniciativa fue formalizada mediante las Resoluciones (D) 12.245/2026 y 12.296/2026, dictadas el 10 y 11 de agosto, respectivamente, y estará bajo la dirección académica del reconocido jurista Daniel Roque Vítolo, especialista en Derecho Concursal y uno de los redactores de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522.
Una crisis que golpea a millones de hogares
De acuerdo con los datos expuestos por Vítolo, más de tres millones de familias presentan un desfasaje promedio equivalente a cuatro meses de ingresos entre sus recursos y sus obligaciones económicas. A ello se suma un endeudamiento medio cercano a los cinco millones de pesos por hogar, que continúa creciendo por la acumulación de intereses.
El fenómeno no se limita al consumo de bienes o servicios prescindibles. Por el contrario, una parte importante de las deudas responde a la necesidad de afrontar gastos esenciales, como alimentación, servicios públicos, educación y atención médica.
También inciden situaciones imprevistas que alteran la economía familiar, entre ellas enfermedades, accidentes, divorcios, desempleo y problemas vinculados con distintas adicciones, incluida la ludopatía.
Uno de los aspectos más preocupantes es que gran parte de las personas afectadas cuenta con ingresos fijos y escasas posibilidades de incrementarlos en el corto plazo. Se trata de trabajadores, jubilados, desempleados o personas que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, encuentran serias dificultades para recomponer su situación patrimonial.
En estas condiciones, las deudas dejan de constituir un problema exclusivamente financiero y comienzan a comprometer derechos esenciales y las condiciones de vida de las familias.
El vacío legal que busca abordar la UBA
Uno de los principales fundamentos de la creación del Observatorio es la ausencia de un régimen jurídico específico en la Argentina para prevenir y resolver el sobreendeudamiento de las personas humanas que no desarrollan actividades empresariales.
Actualmente, la legislación concursal contempla mecanismos como el concurso preventivo y la quiebra, pero sus estructuras y presupuestos tradicionales fueron concebidos fundamentalmente para situaciones de insolvencia patrimonial que no siempre reflejan las particularidades de una economía familiar.
En ese sentido, la resolución universitaria plantea la necesidad de revisar conceptos tradicionales, como la cesación de pagos, y avanzar hacia herramientas que permitan abordar de manera más adecuada la situación de consumidores y particulares.
El objetivo no es únicamente encontrar mecanismos para cancelar deudas, sino también prevenir la exclusión económica y social de quienes han perdido la capacidad de cumplir con sus obligaciones.
La iniciativa incorpora, además, una perspectiva constitucional y de derechos humanos. Entre sus fundamentos se mencionan las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial efectiva, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde esta mirada, el acceso a mecanismos adecuados de recomposición financiera adquiere una dimensión que excede la relación entre deudores y acreedores, al involucrar la dignidad humana y las posibilidades de reinserción económica.
Por qué las refinanciaciones no alcanzan
La creación del Observatorio se produce en un contexto de creciente preocupación legislativa por el endeudamiento de los hogares.
Según la información que fundamenta la iniciativa, desde mayo de 2026 se encuentran en trámite en el Congreso al menos 60 proyectos de ley vinculados con distintas modalidades de endeudamiento, entre ellas las deudas de tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos UVA.
Sin embargo, Vítolo cuestionó la eficacia de las respuestas tradicionales, centradas principalmente en extender los plazos de pago o reducir las tasas de interés.
El especialista advirtió que los mecanismos de refinanciación han fracasado y continuarán fracasando cuando se aplican a familias que ni siquiera cuentan con ingresos suficientes para afrontar sus gastos ordinarios.
El problema, según este diagnóstico, es estructural: ofrecer nuevas cuotas o mayores plazos puede resultar insuficiente cuando el deudor carece de capacidad real de pago.
Por ese motivo, el Observatorio buscará promover alternativas legislativas imaginativas, efectivas y realistas, capaces de atender las particularidades del endeudamiento familiar y contribuir a la paz social.
Daniel Roque Vítolo estará al frente del Observatorio
Mediante la Resolución (D) 12.296/2026, el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, designó a Daniel Roque Vítolo como director académico del nuevo organismo, inicialmente hasta el 28 de febrero de 2027.
Vítolo, profesor titular emérito y especialista en insolvencia, cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional en Derecho Concursal.
El Observatorio funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Extensión Universitaria, a cargo de Oscar M. Zoppi, y contará con una estructura integrada por una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría de Relaciones Institucionales, una Secretaría de Actividades Académicas y una Secretaría de Investigación.
También tendrá un Comité Académico Consultivo, conformado por docentes de la UBA, profesores de otras universidades y especialistas provenientes de las ciencias económicas, el sistema financiero, el sector del consumo y distintas instituciones públicas y privadas.
La composición interdisciplinaria apunta a estudiar el fenómeno desde distintas perspectivas, teniendo en cuenta que el sobreendeudamiento no constituye únicamente un problema jurídico, sino también económico y social.
Investigación, propuestas legislativas y cooperación institucional
Entre sus principales objetivos, el Observatorio promoverá la investigación y enseñanza de los regímenes de prevención y resolución del sobreendeudamiento, con especial atención a los consumidores y las personas que no desarrollan actividades empresariales.
Asimismo, buscará fortalecer la vinculación entre docentes, estudiantes, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.
El programa prevé la organización de talleres, seminarios, congresos y actividades de capacitación, además de la elaboración de dictámenes, recomendaciones técnicas y propuestas normativas.
También contempla la participación en debates públicos, la cooperación con organismos estatales y entidades privadas, y el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica aplicados al consumo.
El funcionamiento del Observatorio estará sujeto a un plan anual de trabajo que deberá ser aprobado por la Secretaría de Extensión Universitaria. Sus actividades podrán financiarse mediante fondos de la Facultad, aportes de entidades públicas y privadas y recursos provenientes de servicios vinculados con sus objetivos académicos.
La creación de este espacio retoma, además, las conclusiones de jornadas realizadas previamente en la Facultad de Derecho sobre sobreendeudamiento, concurso y quiebra de las personas humanas, en las que se planteó la necesidad de actualizar la legislación argentina a partir de las experiencias del derecho comparado.
El desafío será transformar ese diagnóstico académico en propuestas concretas que permitan ofrecer una salida jurídica a quienes, aun destinando todos sus ingresos a cubrir necesidades básicas, no logran escapar de una situación de endeudamiento creciente.
Porque detrás de los expedientes, los créditos impagos y las estadísticas hay millones de familias para las cuales el problema ya no consiste solamente en cómo pagar sus deudas, sino en cómo recuperar la posibilidad de empezar de nuevo.
