La Sala III aceptó dos apelaciones del Estado contra decisiones del juez Martín Cormick, quien le sigue reclamando que cumpla la cautelar por la que debe actualizar los salarios y las becas universitarias. El Gobierno sostiene que la medida ya venció y que, además, la cumplió.
Los camaristas Sergio Fernández, José Luis Lopez Castiñeira y Jorge Eduardo Morán admitieron la apelación por la que el Gobierno nacional plantea que no debe seguir cumpliendo la cautelar que lo obliga a actualizar los salarios del personal universitario y a asegurar los fondos de las becas estudiantiles, como dispuso el juez Martín Cormick, porque ya lo hizo y el plazo de la medida expiró.
La cautelar se dictó en la causa que inició el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso precisara de dónde saldrían los fondos para cumplirla. El juez de primera instancia considera que el Gobierno no la cumplió del todo.
Cautelares, intimaciones y astreintes
El 30 de septiembre, Cormick intimó al Estado a cumplirla en cinco días, bajo amenaza de multas diarias. El 9 de octubre dispuso que siguiera adelante el trámite para exigirle el cumplimiento y el 14 de octubre hizo efectivas las multas de 100.000 pesos por día al Jefe de Gabinete, Diego Santilli. El Estado apeló todas esas decisiones y Cormick las rechazó. Por eso el Gobierno acudió a la Cámara con un recurso de queja.
Allí afirma que ya cumplió con el contenido de la medida cautelar y que tenía un plazo que se agotó. Según su planteo, mantener el reclamo implica sostener “una tutela provisional más allá de su límite temporal”. Agrega que se le exige obedecer una orden “imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”.
Qué resolvió la Cámara
La Sala III hizo lugar a las dos quejas y concedió las apelaciones: una contra la intimación con amenaza de multas y otra contra que siga el reclamo de cumplimiento.
Entendió que los rechazos del juez eran “susceptibles de generarle un gravamen irreparable a la parte demandada”, aunque aclaró que no se pronunció sobre el fondo: lo decidido no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar dispuesta en autos”. El expediente fue devuelto a primera instancia para que se tramiten los recursos.
