La reciente condena a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner refuerza la idea que los líderes, más allá de su adhesión popular, deben enfrentar los procesos legales con todas garantías constitucionales. Los casos de Donald Trump, en las antípodas ideológicas de Cristina Kirchner, desechan la teoría de que hay un sistema, el “lawfer”, que busca la proscripción. Trump ganó ampliamente las elecciones con más de 90 causas penales abiertas y Cristina mantiene niveles de popularidad en ascenso.
En los últimos años, hemos escuchado hablar del “lawfare” como un fenómeno de persecución judicial contra líderes políticos en América Latina y otras regiones. Dos líderes, muy opuestos ideológicamente entre sí, Cristina Kirchner en Argentina y Trump en Estados Unidos, han alzado esta bandera para denunciar que las causas judiciales en su contra buscan proscribirlos.
Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Trump se convirtió nuevamente en el Presidente de los Estados Unidos, controla ambas cámaras, y Cristina Kirchner creció en su imágen positiva y es hoy la referente más clara que tiene la oposición.
Los números no mienten y el “lawfare” no ha impedido que estos dirigentes mantengan, e incluso fortalezcan, su apoyo popular. Otro ejemplo puede ser Lula Da Silva, quien a pesar de haber estado preso en el marco del Lava Jato, logró acceder a la primera magistratura del Brasil. Por otro lado, su archienemigo Jair Bolsonaro, con procesos penales abiertos, conserva un 38% de imagen positiva.
El “lawfer” apareció por primera vez en 1975 en un artículo académico. Escrito por el general Charles Dunlap, titulado “Lawfare: A Decisive Element of 21st Century Conflicts” fue el eje central de las defensas de los líderes a los cuales son sometidos a causa penales en su gran mayoría vinculadas a la corrupción.
En esta edición el director de El Observador España, Fernando González, analiza el reciente fallo contra Cristina Kirchner y realiza un paralelismo con el socialista Pedro Sánchez. Una nota de Karina Poritzker, periodista de Quórum, nos brinda un perfil de los jueces que confirmaron la pena de Cristina a seis años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos.
Hay un dato que no se puede soslayar: Cristina ha tenido la posibilidad de defenderse, diez jueces tuvieron participación en el proceso y sobre todo tiene la posibilidad de apelar hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia que es la instancia que deberá definir si queda firme su condena. En caso de que sea ratificada la posición de la Cámara de Apelaciones, regirá desde ese momento para Cristina Kirchner la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos,
Ya el cortesano Carlos Maqueda señaló que la causa de Vialidad “no está en las prioridades de la Corte” y que no tiene fecha para tratarla en el pleno. Una Corte que seguramente no tendrá la misma composición que la actual, dado que los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla están siendo debatidos en el Senado.
Para salir del contexto argentino el caso de Trump es paradigmático: a pesar de enfrentar más de 90 cargos penales en diversas causas, fue reelecto Presidente de Estados Unidos. El republicano obtuvo 312 votos electorales, superando cómodamente los 270 necesarios para volver a la Casa Blanca. Su victoria desafía las narrativas del “lawfare”.
Durante la campaña, Trump ha calificado las investigaciones en su contra -incluido el caso de los documentos clasificados y los pagos a Stormy Daniels- como una “caza de brujas”. Sin embargo, la contundencia de su triunfo refleja que su base de apoyo no solo no se vio afectada por estas causas, sino que se consolidó.
El “lawfare” como narrativa política
Este concepto, aunque discutible, no carece de defensores. En Argentina, el ex presidente Alberto Fernández ha declarado que las causas contra Cristina son “un intento de disciplinar a los líderes populares”. En Brasil, sectores del Partido Liberal han señalado que las investigaciones contra Bolsonaro buscan “desacreditar la derecha”. En Estados Unidos, Trump y sus aliados han descrito el sistema judicial como “una herramienta de los demócratas para mantener el poder”.
Sin embargo, estas narrativas pierden fuerza cuando se contrastan con los hechos: ninguno de estos líderes ha sido efectivamente proscripto y todos mantienen relevancia política. Los números y los resultados electorales refutan la idea de que las causas judiciales destruyen su legitimidad.