El juez federal Ariel Lijo ordenó este lunes la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, su vicepresidenta Rosario Murillo y otros altos funcionarios gubernamentales de ese país, para ser indagados en Argentina bajo cargos de crímenes de lesa humanidad y en base al principio de justicia universal.
Lo que importa
El caso se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar crímenes graves independientemente del lugar donde fueron cometidos.
Según la denuncia inicial presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota en agosto último en el contexto de las protestas sociales que tuvieron lugar en la República de Nicaragua en el año 2018, «las autoridades gubernamentales habrían llevado a cabo delitos de lesa humanidad consistentes en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, traslados de la población, persecución por motivos políticos y/o religiosos de diversos sectores de la sociedad nicaragüense y encarcelamientos arbitrarios».
La investigación argentina se ampara en el principio de jurisdicción universal, que según la ONU, «obliga a los estados a actuar contra los crímenes de lesa humanidad, independientemente de las fronteras».
Fundamentos de la decisión judicial
A lo largo de una resolución de 76 carillas, el juez Lijo consideró que «se han reseñado las graves violaciones contra los derechos humanos que se le atribuyen a los imputados, en las cuales habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua»
«Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua
involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado».
«También que las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no
fueron respondidas. Además, la gravedad de los hechos denunciados, su reiteración a lo
las penas que en abstracto podrían corresponderles largo del tiempo y
conducen a la existencia concreta de riesgos procesales no neutralizados», advirtió el juez.
«A los efectos de cumplir con las declaraciones indagatorias por los hechos que dan cuenta de graves violaciones de derechos humanos corresponde ordenar la detención» de los requeridos con fines de extradición, concluyó el juez Lijo en la resolución a la que accedió Quórum.
Imputación
El juez detalló la imputación al presidente de Nicaragua y los demás requeridos:
En ocasión de celebrarse las audiencias, de conformidad con lo requerido por el Ministerio Público Fiscal y la querella, «se imputará el hecho de haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la República de Nicaragua»
– El objeto era » la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes»
«Para ello se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes»
- En el marco de este plan se realizaron «encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad»
- » El plan generalizado y sistemático fue estructurado en distintas etapas, en cuyo marco de suscitaron las conductas señaladas.
- La primera de ellas corresponde al período comprendido entre los meses de abril y junio de 2018, «durante el cual las autoridades estatales nicaragüenses reprimieron violentamente diversas protestas sociales»
Los hechos: una crisis de derechos humanos
La represión de las protestas sociales de abril de 2018 dejó más de 300 muertos y 2.000 heridos, según informes citados en la causa.
«Oficiales de la Policía Nacional, como así también de los grupos paramilitares afines al gobierno, sometieron a las personas que se manifestaban a abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas tales como golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual», dice la denuncia.
La persecución no sólo afectó a los manifestantes, sino también a profesionales de la salud que los atendieron.
«Durante la represión las autoridades del Ministerio de Salud despidieron de varios hospitales públicos al menos 135 médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud», por no acatar órdenes contrarias a los derechos humanos.
Pruebas: informes y testimonios
La investigación incluye múltiples informes de organismos internacionales. Human Rights Watch, en su reporte de 2019, señala que «las autoridades gubernamentales y los jefes de la policía deben ser investigados por delitos de lesa humanidad», tras documentar asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) agrega que «la mayoría de los asesinatos y lesiones graves fueron responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y de forma coordinada con grupos armados paramilitares».
Por su parte, la CIDH destacó el uso de detenciones arbitrarias para reprimir la oposición política: «La principal intención de la privación de libertad consistió en reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense e inhibir cualquier expresión de protesta social».
Imputados
El juez Lijo dispuso librar capturas internacionales con fines de extradición respecto de
José Daniel Ortega Saavedra; Rosario María Zambrana Díaz Madriz; Néstor Moncada Lau; Julio César Avilés Castillo; Murillo; Francisco Javier Oscar Mojica Obregón; Gustavo Eduardo Porras Cortés; Roberto José López; Gómez, Oscar Valladares; Sonia Castro González; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez; Fidel Antonio Moreno Briones; José Francisco López Centeno; Ramón Antonio Avellan Medal; Lumberto Ignacio Campbell Hooker; Ramona Rodríguez; Alba Luz Ramos Vanegas y Aminta Granera Sacasa.
Cómo sigue
- Órdenes de captura: Se han emitido pedidos internacionales contra Ortega, Murillo y otros funcionarios clave.
- Búsqueda de cooperación: Argentina podría buscar apoyo en Interpol y otras naciones con precedentes en justicia internacional.
- Visibilización internacional: Organismos como Amnistía Internacional han señalado la importancia de mantener la atención global sobre el caso.
