La ex primera dama de Argentina, quien reside en España junto al hijo que tiene con el ex presidente Alberto Fernández, decidió renunciar a la custodia asignada por el Estado argentino. Lo hizo tras la difusión de imágenes cenando en Año Nuevo en un lujoso restaurante de Madrid.
Lo que importa
Fabiola Yáñez, ex primera dama argentina, presentó ante la Justicia de manera formal su renuncia a la custodia presidencial asignada a ella y a su hijo Francisco.
El escrito se presentó ante el Juzgado Federal del magistrado Julián Ercolini, quien había ordenado reforzar la custodia cuando Yáñez resolvió denunciar a Fernández por violencia de género, a raíz del hallazgo de imágenes que la mostraban con moretones y que ella había enviado al celular de la ex secretaria del expresidente María Cantero.
A través de un escrito presentado por su apoderada como querellante en esta causa penal, Mariana Gallego, se explicó que la custodia no fue solicitada por Yáñez, sino impuesta debido a su rol público y reforzada luego por las denuncias de violencia de género
El ex presidente Alberto Fernández ya ha hecho saber que se opone al retiro de los custodios porque teme por la seguridad de su hijo en España y ha revocado el permiso para que el pequeño viva sin él en ese país, ante lo cual reclama su restitución a la Argentina.
Fernández está citado a declaración indagatoria en la causa para el 4 de febrero
Qué argumenta ahora Fabiola Yáñez
La letrada explica que:
«La custodia presidencial con la que cuenta mi mandante y su hijo Francisco, le ha sido impuesta en su lugar de residencia, Madrid, Reino de España, desde hace más de un año, cuando han decidido mudar su lugar de residencia en forma permanente a dicho país».
«Posteriormente, la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género».
» Fabiola Yáñez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen
hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la
Administración pública nacional».
«Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este Juzgado y/o en su caso, a la justicia española».
«La custodia no se originó en un pedido de la Sra. Yáñez,, como todas y
cada una de las decisiones de terceros que en su rol de primera dama debió
aceptar y asumir».
Contexto
La custodia presidencial está destinada a proteger a mandatarios y ex mandatarios y a sus familias ante riesgos específicos.
En el caso de Fabiola Yáñez, su posición como pareja del expresidente Alberto Fernández justificó esta medida, que posteriormente fue reforzada por situaciones de violencia de género denunciadas por ella y en base a las cuales se imputó al ex mandatario.
El Estado argentino cumplió la orden judicial que dispuso reforzar la custodia y envió dos integrantes de la Policía Federal, una decisión que había ya generado malestar social por el alto costo que implicaba para las arcas públicas en un contexto de crisis económica y porque se evaluaba si correspondía ese gasto si el destinatario resolvía mudarse fuera del país.
El tema llegó a su punto máximo la noche del 31 de diciembre pasado cuando Yáñez fue filmada cenando en un lujoso restaurante de Madrid con un hombre.
Ante la difusión de las imágenes, el presidente Javier Milei ordenó pedir a la Justicia el retiro de la custodia por considerar que ya no había necesidad de ella, más teniendo en cuenta que Alberto Fernández tiene prohibido salir de la Argentina en el marco de una causa penal.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich prepara un informe de riesgo para entregar a la Justicia, antes de que se tome alguna decisión al respecto.
Cómo sigue
La solicitud de renuncia a la custodia deberá ser evaluada por el juez Ercolini, a cargo de la causa 2539/24 y el fiscal interviniente. En caso de ser aceptada, la administración pública nacional deberá oficializar la baja de los recursos asignados a esta protección y volverían al país dos policías federales enviados especialmente a Madrid a cumplir esta función con un costo superior a 300.000 dólares en seis meses, estima el Gobierno.
En el transcurso de la próxima semana se definirá si el tema es abordado en la feria judicial de enero -Ercolini se reincorporará a su juzgado el 16 de este mes- o se considera que puede ser resuelto en febrero, cuando se reinicie la actividad judicial.
A nivel personal, Yáñez continuará su vida en España, alejándose de cualquier vínculo con medidas de seguridad del Estado argentino. En caso de futuros incidentes, indicó su intención de recurrir a las instancias judiciales correspondientes, tanto en Argentina como en España.
