El caso, que ocurrió en la ciudad de Santa Rosa, se resolvió en un juicio abreviado. El acusado retiró paquetes secuestrados que contenían dinero en efectivo sin autorización de los fiscales a cargo.
Un empleado de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, fue condenado en un juicio abreviado a la pena de dos años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por robar dinero de operativos por un monto estimado en tres millones y medio de pesos.
Lo que importa
Leonardo Alexis I. (43) fue declarado culpable de defraudación a la administración pública, ocultamiento y mutilación de documentos oficiales. Además de la condena de prisión en suspenso, se le impuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El fallo incluyó la obligación de devolver el dinero sustraído y cumplir con reglas de conducta durante cuatro años.
El proceso judicial concluyó rápidamente gracias a un juicio abreviado acordado entre las partes. En dicho acuerdo, el empleado reconoció su responsabilidad, y el fallo quedó firme al comprometerse a no apelar la sentencia.
Contexto
El caso comenzó el 23 de diciembre de 2024, cuando se presentó la denuncia contra el empleado judicial. En menos de cuatro semanas, la jueza Marisol Rodríguez homologó el juicio abreviado entre el fiscal general Máximo Paulucci, el defensor Rodrigo Adrián Villa y el imputado.
Durante la investigación, se acreditó que el acusado, en al menos dos ocasiones, retiró paquetes secuestrados que contenían dinero en efectivo sin autorización de los fiscales a cargo. Los registros judiciales mostraron que simuló la entrega de los fondos a personas ajenas a los casos y alteró la documentación oficial para encubrir sus actos.
Un allanamiento en su domicilio permitió encontrar objetos secuestrados pertenecientes a legajos judiciales, incluyendo billeteras, moneda extranjera y otros elementos que debían estar bajo resguardo en las oficinas del Ministerio Público Fiscal. Además, se hallaron paquetes judiciales mutilados que comprometieron la cadena de custodia y destruyeron pruebas en investigaciones aún en curso.
Cómo sigue
El acusado deberá devolver 1.219.090 pesos y 1.900 dólares, el monto total defraudado, en un plazo de 180 días. También estará sujeto a reglas de conducta durante cuatro años, como fijar domicilio y someterse al control de una unidad supervisora. En caso de incumplir estas condiciones, podría revocarse la suspensión de la pena.
Aunque el proceso penal ya concluyó, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas debe determinar si será exonerado de la administración pública. Sin embargo, el propio acusado adelantó verbalmente que presentará su renuncia.
